Un grupo de vecinos de la Villa 31 y 31 Bis cortaron la Autopista Illia y denunciaron la falta de diálogo en torno al plan del Gobierno de la Ciudad para urbanizar el barrio. La protesta se llevó a cabo antes de que en la Legislatura se realizara una Audiencia Pública para discutir el cambio de traza de la Illia, que forma parte de proyecto urbanizador del macrismo.

El desvío de la autopista fue aprobado en primera lectura el 29 de septiembre y el PRO se apresta a darle sanción definitiva antes de fin de año. La idea del Gobierno es construir dos kilómetros de autopista nueva sobre terrenos del ferrocarril y transformar el actual tramo en un espacio verde lineal de más de 40 mil m2, al estilo del High Line de Nueva York. 

Para llevar a cabo el proyecto, el Ejecutivo deberá relocalizar más de mil viviendas, aunque los vecinos denunciaron que sólo recibieron una promesa de palabra y que en el texto de la ley no figura dónde serán reubicadas las familias. 

En un escrito consensuado entre consejeros y delegados integrantes de la Corriente Villera Independiente, que fue presentado en la Legislatura, se acusa al Gobierno de avanzar con el proyecto sin haberlo consensuado o discutido con los vecinos. “Es una decisión que no respeta el proyecto de urbanización aprobado por la Ley 3343”, señalaron. En esa norma, el artículo dos prohíbe las relocalizaciones forzosas.

El autor de esa ley, el ex legislador Facundo Di Filippo, señaló a Página/12 que el Gobierno debería escuchar a los vecinos y atenerse al plan de urbanización que se trabajó en la Mesa participativa. “El Gobierno no ha justificado ni técnica ni políticamente la nueva autopista. Y se ‘olvidó’ de que allí viven decenas de familias. Si no se respeta el proceso de urbanización aprobado por ley, no va a ser posible avanzar con las obras”, añadió Di Filippo.

Al mismo tiempo, los delegados exigieron que el dinero que costaría la modificación de la traza de la Illia, alrededor de 2 mil millones de pesos, sea utilizado para “solucionar la crisis educativa de la Ciudad por falta de vacantes en el nivel inicial”. “La Legislatura debería atender a la voluntad del Barrio Carlos Mugica, escuchar a sus representantes y decidir no aprobar este proyecto en forma definitiva”, añadieron.

Desde el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo apuntó a que la obra proyectada “no es ninguna prioridad y no está justificada por ninguna necesidad en el marco del proceso de integración socio-urbana de la Villa 31”.