Desde Sevilla
No puede decirse que haya sido una sorpresa. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la líder de la coalición Sumar, Yolanda Díaz, escenificaron este martes la firma de un acuerdo de gobierno que garantiza que si el actual presidente en funciones obtiene finalmente su investidura formará un ejecutivo en el que habrá ministros de Sumar.
Sánchez, presidente del actual gobierno en funciones, y Díaz, vicepresidenta segunda, no ahorraron detalles para darle solemnidad al acto, celebrado en el Museo Reina Sofía. El secretario general socialista celebró la continuidad de un acuerdo de gobierno alcanzado hace cuatro años y que ahora se ha renovado pese a quienes “dijeron que la coalición iba a durar diez minutos”. “Hoy es un día grande”, completó Díaz.
A falta de saber si las fuerzas nacionalistas, imprescindibles para sumar la mayoría necesaria, darán su respaldo a Sánchez, las dos fuerzas que han integrado el ejecutivo todavía en funciones expresaron con el acto conjunto la superación de las diferencias que mantenían, especialmente en lo relativo a la reducción de la jornada laboral, un asunto considerado central por Sumar.
Este punto, que propone promover por ley una semana laboral máxima de 37 horas y media sin reducción salarial, se ha convertido de esta manera en el punto estrella del acuerdo, que además incluye la ampliación de los permisos remunerados por nacimiento, la universalización de la educación de 0 a 3 años, un plan de choque contra el desempleo juvenil, reforzar el sistema público de salud y aumentar la dotación pública de viviendas, entre otras medidas. También se contempla una reforma fiscal que obligue a bancos y compañías energéticas a aportar más a la hacienda pública. “Somos perfectamente conscientes de que aún quedan muchísimas injusticias por resolver y muchas cotas de igualdad por alcanzar”, dijo Sánchez en su intervención.
A partir de ahora, PSOE y Sumar convocarán consultas internas para que sus militantes refrenden este acuerdo. En estas consultas no se incluirá una de las medidas más polémicas que Sánchez negocia en estos días con los secesionistas catalanes, la amnistía a los participantes en el referéndum ilegal de 2017 sobre los que pesan causas penales.
El acuerdo tiene vocación de consolidar un gobierno progresista durante cuatro años, pero la situación no está exenta de sombras. En primer lugar, por los cortocicuitos internos de Sumar, donde Podemos viene denunciando desde que comenzara el proceso de elaboración de listas estar siendo marginado.
La formación fundada por Pablo Iglesias, que sólo cuenta con cinco de los 31 diputados de Sumar, reclama que en el próximo gobierno un ministerio para Irene Montero, anterior ministra de Igualdad muy desgastada tras la aprobación de la llamada “ley del sólo sí es sí” cuya aplicación supuso la reducción de penas de centenares de agresores sexuales y la excarcelación de muchos de ellos.
Montero, que no fue incluida en las listas de las pasadas elecciones, dijo que desconocía el contenido del acuerdo presentado por Sánchez y Díaz y que no podría opinar sobre el mismo antes de leerlo.
Las sombras son aún mayores en relación a los apoyos que Sánchez necesita de los nacionalistas catalanes y vascos. En concreto, el respaldo de Junts per Catalunya, la formación liderada por el expresidente del gobierno catalán Carles Puigdemont, está más en el aire que nunca. El líder independentista, prófugo de la justicia española desde la intentona independentista de 2017 y exiliado desde entonces en la localidad belga de Waterloo, consultó a sus bases, el llamado Consell de la República, sobre si debía darse el apoyo a la investidura de Sánchez y el 74 por ciento de quienes votaron –apenas un 4,45 por ciento- se decantaron por bloquearla.
La escasa participación puede dar argumentos a Puigdemont para desoír este posicionamiento, pero a un mes de que venza el plazo para que Sánchez obtenga el respaldo del Congreso, su reelección está aún rodeada de incertidumbres.
