Denuncia penal sobre un acuerdo oficial con Qatar
Memorándum sospechoso
El convenio entre Argentina y Qatar para realizar inversiones podría comprometer los fondos de la Anses, según la denuncia que imputa a Macri, Michetti y también al ex tenista Gaudio.
La acusación contra el Presidente y Malcorra, entre otros, recayó en el juzgado de Rafecas.La acusación contra el Presidente y Malcorra, entre otros, recayó en el juzgado de Rafecas.La acusación contra el Presidente y Malcorra, entre otros, recayó en el juzgado de Rafecas.La acusación contra el Presidente y Malcorra, entre otros, recayó en el juzgado de Rafecas.La acusación contra el Presidente y Malcorra, entre otros, recayó en el juzgado de Rafecas.
La acusación contra el Presidente y Malcorra, entre otros, recayó en el juzgado de Rafecas. 
Imagen: Télam

El gobierno de Mauricio Macri tiene su “memorándum”, según una denuncia penal que llegó ayer a los tribunales de Comodoro Py, aunque en este caso el país asociado sería Qatar y el tratado tendría por finalidad la creación de un fondo y un convenio bilateral de inversiones con aspectos dudosos. El pacto, dice la presentación, podría comprometer el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y prevé una estructura offshore. Le apunta al presidente Mauricio Macri, a la vice, Gabriela Michetti, y la canciller Susana Malcorra, entre otros funcionarios, y al tenista retirado Gastón Gaudio, como posible intermediario. El caso le tocó al juzgado de Daniel Rafecas, quien le tomará declaración al denunciante, Fernando Míguez (de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático), ya que dijo en el escrito que quiere entregar documentación. Recién después tendrá intervención la fiscalía.  
La denuncia de Míguez está basada en una nota del diario Perfil y dice que las maniobras en juego podrían constituir los delitos de estafa, defraudación, evasión y negociaciones incompatibles con la función pública. La publicación relataba la firma de un tratado comercial entre Argentina y Qatar, el 6 de noviembre, a través del Fondo de Garantía de sustentabilidad (FGS) y la Qatar Investment Authority (QIA), que es el fondo soberano de inversión catarí. La nota revelaba que estaba prevista una estructura offshore “para la eficiencia en el pago de impuestos” y la participación de “un administrador extranjero”. El acuerdo, decía, fue firmado por el director del FGS, Luis María Blaquier, y hubo un anuncio de Michetti junto al CEO de QIA, el Sheikh Abdullah bin Mohammed bin Saud Al Thani, en una sala del hotel Shangri-La. En la comitiva señala al asesor del Presidente en Inversión Extranjera, Horacio Reyser; al director general de Relaciones Internacionales del Senado, José Ortiz Amaya; y la embajadora argentina en Doha, Rossana Cecilia Surballe. La llamativa presencia de Gaudio se debería a su vínculo con el Emir. 
El pacto tendría cláusulas de confidencialidad y la estructura, con un fondo de mil millones de dólares, se discutiría entre las partes. Prevé, según la denuncia, una lista de posibles empresas administradoras con “derechos de inversión discrecionales”. También recuerda que “el Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado en 2008, cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estatizó las AFJP. Tiene acciones de más de 40 empresas por un valor aproximado de 90 mil millones de pesos (…)  el Qatar Investment Authority es el Fondo Soberano de Inversión de Qatar, fue creado en 2005 para gestionar los superávits que obtuvo el pequeño país árabe por la industria del petróleo y gas natural. Se estima que QIA sostiene activos que sobrepasan los 60 mil millones de dólares”.
El denunciante Míguez señala algunos puntos que considera sospechosos y que podrían, a su entender, configurar delitos: dice que el acuerdo secreto menciona una “doble imposición” con Qatar, que evitaría el pago de impuestos; señala que no se especifica cómo se integran los 1000 millones de dólares (qué aporta cada país); se supone que para este acuerdo se tomarán fondos del FGS “pero no devengarán interés alguno a la Nación”; no es claro qué tipo de inversión se realizará ni por qué tomar recursos del fondo argentino; pone en duda debido al “secreto que se diera a la firma” el papel de los funcionarios que intervinieron y de Gaudio, lo que implicaría la omisión de “canales ordinarios como serían el Ministerio de Economía o el Banco Central”. 
Ahora Míguez deberá presentarse y luego dictaminará la fiscal Paloma Ochoa. En su momento, en el caso del Memorándum con Irán, Rafecas y la Cámara entendieron que no se podían desprender delitos de un acuerdo vinculado a una decisión de gobierno que tampoco se había llevado a la práctica. Habrá que ver si este caso tiene alguna arista diferente.