En su etapa final, el proceso por delitos de lesa humanidad que se sigue contra el ex dueño de La Veloz del Norte, Marcos Jacobo Levin; un ex empleado jerárquico de esa empresa, José Antonio Grueso, y el ex comisario Víctor Hugo Almirón, fue marco ayer de un cruce entre las defensas y la fiscalía y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Fue luego de que alegaran los abogados Roberto Lescano y Marcelo Arancibia. La fiscalía aprovechó el espacio de las réplicas para ratiticar el pedido de condena a los tres acusados. “No hay mejor momento que este, aquí se tiene que hacer justicia. Se tiene que hacer justicia aunque el mundo perezca”, sostuvo el fiscal general Carlos Amad.
El primero en alegar ayer fue Roberto Lescano, que comparte con Arancibia la defensa de Grueso, para quien la fiscalía pidió una pena de 23 años por considerar que tuvo participación necesaria en el secuestro y las torturas que en enero de 1977 padecieron 17 trabajadores de La Veloz del Norte. En cambio, Lescano pidió la absolución lisa y llana de Grueso o, en subsidio, la absolución por aplicación del principio de la duda.
El abogado defensor aseguró que no se probó que probó que Grueso confeccionara la lista de las personas que fueron detenidas y torturadas en la Comisaría Cuarta de la ciudad de Salta, donde funcionó un centro clandestino de detención y torturas. También sostuvo que Grueso no era el segundo de la empresa, luego de Levin.
El defensor fue nombrando uno por uno a las víctimas que declararon en este proceso y fue tachando sus dichos afirmando que eran mentirosos. Ese fue el aspecto que le cuestionó luego el fiscal Amad, y también el querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Gastón Casabella.
Asimismo, Lescano sostuvo que estos trabajadores fueron detenidos por "la denuncia (de un supuesto fraude a la empresa) hecha por el dueño de la empresa La Veloz del Norte, el señor Marcos Levin, de la cual estaba absolutamente ajeno el señor Grueso”.
El abogado Marcelo Arancibia, que también defiende a Levin, empezó su alegato volviendo a la vieja discusión que viene desarrollándose en esta causa desde que se presentaron las denuncias de los ex trabajadores de La Veloz: si las detenciones ilegales y los vejámenes que sufrieron fueron delitos de lesa humanidad o no. “Consideramos fundamental determinar si se trata de delitos de lesa humanidad”, afirmó el defensor.
“El señor Marcos Levin y el señor Grueso no han cometido ni han participado en los delitos que se les pretende incriminar”, aseguró más adelante.
En otro episodio que provocó rechazo de la fiscalía, aseguró que el ex trabajador de La Veloz y ex delegado gremial de la UTA en esta empresa Víctor Cobos no fue un perseguido político. En el mismo sentido llegó a reprochar a los ex trabajadores denunciados por Levin que hayan esperado a ser sobreseídos por prescripción de la acción penal en lugar de instar a que se investigara la denuncia y se resolviera. Recurriendo a su experiencia como defensor, el abogado dio a entender que no lo hicieron porque, como suelen hacer las personas culpables, eligieron la estrategia de dejar caer la acusación por el paso del tiempo. Incluso puso en duda los testimonios de trabajadores que contaron que tras la tortura fueron obligados a firmar falsas confesiones delante del juez de instrucción provincial Jorge Alberto Trincavelli (f).
“Voy a solicitar la absolución lisa y llana de mi asistido", anunció al final de su alegato. Y, “en el peor de los casos”, pidió que se absuelva a Levin y Grueso por el principio de la duda.
No al negacionismo
El fiscal Amad replicó. "No voy a permitir” la falta de respeto “hacia el testimonio de las víctimas”, afirmó respondiendo a Lescano. “Hemos tenido la vívida memoria de las víctimas, de las víctimas sobrevivientes, y de las víctimas sobrevivientes familiares” que con matices se producen en los diferentes tribunales, recordó.
“A mí el negocionismo no me va, señora presidenta", agregó dirigiéndose a la jueza Marta Liliana Snopek, que preside para este caso el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Salta. El fiscal destacó que los procesos judiciales para investigar y juzgar los crímenes cometidos en el marco del terrorismo estatal “nos han colocado como ejemplo” en el contexto internacional. “Hablo como operador del sistema”, desde la justicia “le hemos dado una respuestas”, “hemos tratado de solucionar el conflicto social que generó el estado genocida”, añadió. Asimismo, ratificó que se probó que estos delitos existieron.
A Arancibia le respondió sobre la presunta honorabilidad de Trincavelli (que murió sin ser investigado). Los funcionarios judiciales impuestos por el gobierno usurpador le daban esa cobertura, aseguró. Como ejemplo, contó los casos de los fiscales de Resistencia (en el Chaco) Roberto Domingo Mazzoni y Carlos Flores Leyes. "Interrogaban a las personas con una pistola sobre el escritorio", hay sentencia firme, recordó.
Y concluyó con esa frase sobre la necesidad de hacer justicia: “No hay mejor momento que este, que aquí se tiene que hacer justicia. Se tiene que hacer justicia aunque el mundo perezca”.
El representante de la querella de la Secretaría de DDHH de la Nación adhirió a los dichos de la fiscalía y le respondió a la defensa de Grueso: le recriminó que hubiera analizado los testimonios de las víctimas diciendo uno por uno que faltaban a la verdad. “Decir que los testigos víctimas faltaron a la verdad es al menos grave (...) por cuanto se revivieron hechos traumáticos, sumamente traumáticos” y decir que en conjunto faltaron a la verdad para incriminar a Grueso es casi como alegar que hubo una empresa criminal, advirtió.
A su turno, los defensores respondieron a las réplicas. “Jamás podría yo haberme manifestado faltando el respeto”, aseguró Lescano. Recordó que dijo expresamente que en el gobierno dictatorial que tomó el poder en 1976 “se cometieron hechos aberrantes”.
La audiencia seguirá el jueves próximo, con el alegato de la defensa de Almirón, a cargo de Federico Petrina. Todavía no se sabe si ese mismo día se conocerá la sentencia.
