Las clases dominantes han creado un entramado jurídico, una suerte de corset normativo, que les permite de condicionar el funcionamiento del sistema económico. Se fundamenta en la teoría económica ortodoxa, que tiende a coartar la acción de los gobiernos e imponer una orientación favorable a los intereses de los sectores dominantes. 

Esta situación lleva a crisis recurrentes ya que, como lo constataba Keynes al final del capítulo tercero de la Teoría General, “es posible que la teoría ortodoxa describa la manera como quisiéramos que nuestra economía se comportase. Pero suponer que se comporta así es suponer que todos las dificultades están resueltas”. La teoría económica ortodoxa se basa en una descripción errónea del funcionamiento de la economía lo cual hace que sus propuestas sean incongruentes con la realidad y su rechazo cada vez más evidente expresa dicha insuficiencia.

La pretensión de los jueces de intervenir en las prerrogativas económicas y las políticas sociales del Poder Ejecutivo y en las leyes emitidas por el poder legislativo para favorecer los intereses de las clases altas, de las cuales los jueces muy a menudo forman parte, muestra que se atribuyen una potestad incongruente con la división de poderes para favorecer injustamente a una fracción social.

Elasticidad normativa

La palabra democracia debe ser empleada en el sentido de su contenido etimológico, histórico y semántico. Es decir, de una manera inequívoca y no parcelaria y superficial como pretenden algunos jueces. Afirmar que el funcionamiento de la economía es el descrito por la teoría ortodoxa y dictaminar que debe funcionar así según normas jurídicas es pasar de un sistema democrático a un gobierno de los jueces. 

El corpus jurídico está petrificado y es, a término, poco coherente con la evolución de la economía y la sociedad en la cual se producen cambios inevitables en las relaciones laborales y financieras. El conjunto de la economía necesita una elasticidad normativa para adaptarse a los cambios e impactos externos e internos. La interpretación literal del derecho impide dicha elasticidad y es en parte responsable de las dificultades y problemas económicos que agravan las crisis.

La reciente declaración del Presidente de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, que consideró que Argentina es un país capitalista haciendo una relación poco feliz entre la existencia de la propiedad privada y la masa monetaria en circulación, es una ilustración de este comportamiento. 

Considerar con argumentos jurídicos de tiempos remotos que la conexión a internet no es un servicio público es absurdo y reñido con la modernidad que pone en evidencia, si fuere necesario, que se trata de defender los intereses de los proveedores de acceso a la red en desmedro de los ciudadanos. 

Los jueces tratan de substituirse a los representantes de los ciudadanos en la elaboración o la interpretación del contenido de las normas económicas para favorecer un tipo de comportamiento económico. Esta situación comenzó a ser analizada por el jurista francés Edouard Lambert hace más de un siglo en el libro “El gobierno de los jueces y la lucha contra la legislación social en los Estados Unidos”, donde señalaba el retraso de la legislación social y la prohibición de sindicatos en algunos estados. 

Irving Fisher, el padre de la formula de la teoría monetarista contemporánea y economista ortodoxo reconocido como tal, afirmó que la concentración de la riqueza limitaba la eficacia del sistema. Sostenía que la democracia estaba en peligro porque la ausencia de un sistema fiscal que limitara la concentración de la riqueza y el poder político que esta confiere se orientaba a la perdida de los principios democráticos.

Un fenómeno mundial 

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo fijó por ley (23928) la paridad cambiaria del peso, lo cual solo puede comprenderse como una muestra de profunda ignorancia de la historia y la economía, ya que en esta nada es fijo. En medio de una de las peores crisis sociales y políticas que vivió el país producida por la convertibilidadl, el juez en lo Contencioso Administrativo Martín Garreton concedía, en 2001 y 2002, amparos en favor de los depositantes contra el “corralito” anunciado por el mismo Cavallo ahora ministro del gobierno de la Alianza. 

En 2014, la Corte Suprema avaló y fijó como criterio para los tribunales inferiores, la pesificación de los depósitos de más de 70.000 dólares. Sin embargo, el juez Garreton declaró la inconstitucionalidad de las normas pesificadoras que aprobaba la Corte. Como puede observarse en este vaudeville jurídico, las leyes fueron utilizadas de manera equívoca y fraudulenta por aquellos que eran los garantes de su justa aplicación. 

Pero esto no es una originalidad argentina. En 1936, Frankiln D. Roosevelt debió batallar para imponer por ley el salario mínimo federal que había sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte y, más tarde, debió imponerse nuevamente a la Corte que se oponía al incremento de la tasa de impuestos a los más ricos. En este caso, la Corte sostuvo que era confiscatoria y luego retrocedió.

El 6 de diciembre de 1997 el presidente Bill Clinton impuso su veto al Presupuesto y a la ley votada por el Partido Republicano que imponía que los presupuestos se presentaran en equilibro fiscal. La norma congelaba la acción del Poder Ejecutivo, lo cual era una clara injerencia del poder legislativo en sus atribuciones. El veto fue una medida acertada ya que apenas 10 años después la crisis descomunal en 2008 hubiera necesitado muchas leyes que derogaran la limitación y probablemente impedido una acción rápida. Es impredecible la catástrofe que hubiera podido suceder con la economía mundial.

La pretensión de los jueces de substituirse al poder legislativo, al ejecutivo o a los dos a la vez y a acompañar a los partidos de derecha para imponer leyes que pretenden bloquear la situación económica, forma parte de la confusión entre el rol del derecho y la dinámica social y política de la economía. Se atribuyen el poder de trabar a través de la legislación la acción económica.

* Doctor en Ciencias Económicas de l’ Université de París. Autor de “La economía oligárquica de Macri”, Ediciones CICCUS Buenos Aires 2019. [email protected]