A horas de que el juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenara liberar por falta de pruebas a los detenidos por el violento operativo conjunto de la Policía de la Ciudad y Federal tras la marcha que exigió la aparición con vida de Santiago Maldonado, la abogada de la Correpi María del Carmen Verdú aseguró que  "el destino inexorable de esta causa es el sobreseimiento definitivo y el archivo" y resaltó que deberán abrirse nuevas investigaciones para avanzar en "la infinidad de delitos que hemos constatado con solamente escuchar algunas de las declaraciones indagatorias".

En tanto, otro abogado de la Correpi, Ismale Jalil, afirmó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, "debería estar preparando una buena defensa para cuando se siente en el banquillo por detener personas absolutamente ajenas" a los disturbios que habilitaron el operativo. 

Jalil insistió con que las causas de todos los detenidos fueron armadas con el objetivo de "correr el eje de la discusión", porque "no podía permitirse que la noticia sea la multitudinaria y pacífica marcha por Santiago Maldonado". El letrado, en diálogo con Radio del Plata, señaló que del expediente surge "un déficit probatorio alarmante" por el que "ni el juez pudo imputar concretamente", aseguró que no existe ni una sola foto o video de los 31 detenidos tirando piedras, molotovs o pintando las paredes del Cabildo, y que las detenciones "ocurrieron en un radio mayor al de los incidentes" registrados. 

En ese sentido, el abogado de la Correpi avaló la hipótesis de que existió personal "infiltrado" y subrayó que no hubo ninguna persona detenida por el supuesto ataque a la mutual de la Gendarmería. Jalil advirtió "el peligro en que está la sociedad argentina con la posibilidad de recibir cualquier ciudadano una causa armada como la que tuvimos a la vista". En este caso, las causas fueron armadas por delitos graves como "intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad”.  

Verdú precisó que el juez Martínez De Giorgi "tiene 10 días para definir la cuestión de fondo" y resolver si procesa, sobresee o dicta falta de mérito a los detenidos, que "tuvieron muy alta moral durante estas 55 horas que estuvieron detenidos". La abogada insistió en que las detenciones se realizaron en "lugares y horarios diferentes a lo señalado en las actas policiales", por lo que hay "falsedades ideológicas, amenazas y una cantidad de situaciones" de las fuerzas de seguridad que deben "ser investigadas, no solamente en cabeza del personal policial que estuvo en la calle sino de sus responsables jerárquicos y políticos".

Jalil recordó los casos de los detenidos José Domingo Morales, los reporteros gráficos de la RNMA Juan Mourenza y Ezequiel Medone, el fotógrafo de ATE Carlos Guerra, y la también fotoreportera Paula Barriga, que fueron revelados en PáginaI12. En el caso de Morales, un docente con problemas de trombofilia, fue detenido a siete cuadras de la Plaza de Mayo, donde la policía sostuvo que tiraba piedras y pintaba paredes. Morales tiene como prueba los testimonios de los dos amigos que lo acompañaban, un video y el ticket de pago de la pizzería en la que comió. El ticket tiene el horario de pago, que difiere en más de una hora con la hora de detención acreditada por el las fuerzas de seguridad. 

En los casos de Mourenza, Medone y Guerra, la policía hizo oídos sordos al reclamo de los jóvenes de no ser detenidos por ser trabajadores de prensa. Además —según relató Jalil—, la Policía los acusó de tirar piedras y realizar pintadas en la zona de Plaza de Mayo a las 20.18, pero los registros de las cámaras de los reporteros gráficos indican que las detenciones se produjeron en otro horario y a cinco o seis cuadras del lugar denunciado. Otro caso es el de la joven Paula Barriga, fotógrafa del Centro Marcelina Menéses, a quien la Policía "la golpeó desde atrás, la tiró al piso, la redujo y la metió presa", relató Jalil. Su cámara rota quedó como prueba en la causa. 

El abogado de Correpi también contó el caso del dueño de un bar, ubicado en Avenida de Mayo al 900, que "discutió con la policía y cerró la persiana del local para que no se metieran a sacar gente".  "El comentario en tribunales fue la falta de pruebas", insistió Jalil sobre el operativo policial ordenado para desvirtuar la manifestación por la aparición con vida de Santiago Maldonado.