La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado argentino revisar la sentencia que condenó a prisión perpetua al múltiple homicida Guillermo "Concheto" Álvarez por dos de los cuatro homicidios que cometió entre 1996 y 1998, y además, deberá indeminzarlo por la violación de los derechos a las garantías por parte de la Justicia de Menores que llevó uno de los procesos en su contra.

El Estado fue notificado este martes de la resolución. "Argentina es responsable internacionalmente por violar los derechos al debido proceso legal y a la protección judicial de una persona sometida a un proceso penal", expresa el comunicado emitido por la CIDH en referencia a la sentencia del "Caso Álvarez Vs. Argentina".

La Corte internacional declaró al país responsable de las violaciones de distintos derechos humanos en perjuicio del "Concheto" Álvarez, de 45 años, referidas al proceso penal al que fue sometido en 1999 por el Tribunal Oral de Menores (TOM) 1 de la Capital Federal.

Doble asesinato en un pub de Belgrano

Alvarez, que vivía con su madre y dos hermanos en un lujoso chalet de Acassuso, fue condenado el 28 de octubre de ese año la reclusión perpetua más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado por el delito de "robo agravado por el uso de armas reiterado en cuatro oportunidades una de ellas en grado de tentativa, dos homicidios calificados por haber sido perpetrados para consumarlos y, consecuentemente, lograr impunidad y lesiones graves, todos en concurso real".

Los hechos ocurrieron en 1996, cuando Álvarez, quien lideraba la denominada banda de "Los niños bien", irrumpió con fines de robo en el pub Company, en Migueletes 1338, de Belgrano, donde mató a tiros al subinspector de la Policía Federal Argentina (PFA) Fernando Aguirre, que estaba en el lugar de civil participando de una reunión, y a la estudiante María Andrea Carballido (24), quien festejaba con amigos su cumpleaños.

El día anterior, Álvarez había asesinado de dos balazos a un empresario, Bernardo Loitegui, para robarle su auto Mercedes Benz en la localidad bonaerense de Martínez, hecho del que fue testigo la hija de la víctima y en el que actuó junto a dos cómplices.

Después del juicio por el doble crimen, el múltiple homicida acudió a los tribunales internacionales para denunciar la violación de los derechos en ese proceso, con la representación de defensora oficial Silvia Edith Martínez.

Qué dice el fallo de la Comisión Interamericana

La CIDH concluyó que a raíz de diversas conductas desplegadas por el Tribunal Oral de Menores, "Argentina es responsable por la violación de los artículos 8.1 (garantías judiciales), 8.2 (presunción de inocencia), 8.2.c (derecho del inculpado al tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa), 8.2.d (derecho del inculpado a designar abogado defensor de su confianza), 8.2.e (derecho a la defensa técnica eficaz), 8.d.f (derecho de la defensa a interrogar a los testigos presentes en el tribunal) y 25.1 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

También, la CIDH declaró "la responsabilidad del Estado por la violación del artículo 8.2.h (derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 (obligación de adoptar disposiciones de derecho interno) del mismo instrumento", detalla el comunicado del organismo. Y añade que se ordenaron distintas medidas de reparación.

El fallo ordenó que el Estado argentino realice una "revisión amplia de la sentencia dictada en su contra y de la condena impuesta, en coherencia con la garantía del derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior". También "deberá pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales".

Desde el organismo informaron que "Argentina reconoció parcialmente su responsabilidad en torno a la violación del derecho a la presunción de inocencia, por la imposición de esposas al señor Álvarez durante el desarrollo del juicio oral, la violación del derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior, y la falta de actuación de los tribunales para subsanar los déficits de la defensa", lo cual fue valorado como una "contribución positiva al desarrollo del proceso, a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana y a la satisfacción de las necesidades de reparación de la víctima".

El fallo fue firmado por el juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México), la jueza Nancy Hernández López (Costa Rica), y otros seis magistrados del CIDH: Ricardo C. Pérez Manrique (Uruguay), Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia), Patricia Pérez Goldberg (Chile) y Juez Rodrigo Mudrovitsch (Brasil) y la única que se abstuvo por cuestiones formales y reglamentarias fue la jueza argentina Verónica Gómez.

Qué otros delitos cometió "Concheto" Alvarez

Además del doble homicidio del bar de Belgrano y el del empresario en Martínez, Álvarez fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Nro 20 a 18 años de prisión por el asesinato del preso Elbio Aranda, su compañero de pabellón en la vieja cárcel de Caseros en 1997, al cabo de un juicio realizado en mayo del 2000.

Según la última resolución de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que en agosto pasado le negó las salidas transitorias, dado que tiene también una pena de seis meses de prisión que le aplicó el 7 de octubre de 1996 el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal 2 de Morón por el delito de "evasión en grado de tentativa reiterada, en dos oportunidades, en concurso ideal con lesiones leves".

En marzo de 2016, cuando se encontraba excarcelado a raíz de un fallo de Cámara luego revocado, Álvarez fue detenido en el barrio de Monserrat acusado de robarle dinero a un ciudadano colombiano y desde entonces permanece detenido en el penal de Villa Devoto.

El "Concheto" -quien también fue apodado "Karateca" o "Patovica"-, vofue noticia en abril de 2020, en plena pandemia por el coronavirus, cuando fue uno de los presos referentes que negociaron el fin del motín en el penal de Villa Devoto cuando se confirmó que un guardia penitenciario había dado Covid-19 positivo y pedían mejoras sanitarias, excarcelaciones y prisiones domiciliarias.