En lo que va de 2017 se pagaron 1100 millones de dólares de intereses de la deuda pública por mes. El déficit fiscal se ubicó este año en el equivalente a 2600 millones de dólares mensuales. Esto implica que el desembolso para pagar intereses representó el 42 por ciento del desequilibrio de las cuentas públicas. En 2015, cuando no se había iniciado el ciclo de endeudamiento del Gobierno de Mauricio Macri en los mercados internacionales, el pago de intereses generaba menos de la tercera parte del déficit fiscal (26 por ciento). Estos datos, que surgen de un análisis del presupuesto del Ministerio de Hacienda que realizó el suplemento Cash, evidenciaron que casi 4 de cada 10 pesos del déficit del sector público de este año se debió a los intereses de deuda, mientras que en 2015 el peso del endeudamiento en el rojo fiscal era la mitad (explicaba 2 de cada 10 pesos del desequilibrio).

El Gobierno pretende a partir de octubre reducir el déficit fiscal. Se trata del principal pedido de los fondos de inversión del extranjero para continuar prestando al país y seguir avalando el modelo económico a favor de la apertura comercial, la desregulación de las finanzas y la reducción de la producción industrial en el mercado interno. El problema es que esta lógica de tomar deuda en forma irrestricta provoca un aumento continuo del desequilibrio de las cuentas públicas por el protagonismo que adquieren los pagos de intereses.

La consecuencia de este círculo vicioso de endeudamiento es que para bajar el déficit deberá sobre compensarse el efecto de los intereses en el rojo fiscal. Una alternativa es la de aplicar una incremento fuerte de impuestos, lo cual el equipo económico asegura que no pasará porque está obsesionado en disminuir la presión tributaria. La otra es avanzar en un recorte más pronunciado de los gastos públicos (obra de infraestructura, subsidios a servicios públicos, programas sociales, recursos para salud y educación, transferencias a universidades, remuneraciones de empleados estatales y pago de jubilaciones y pensiones, entre otros). 

La matemática de las cuentas públicas (impuestos - gastos = resultado fiscal) no cierra de otra forma y la apuesta del equipo económico es bajar los gastos.

Esta vocación de ajuste mezclada con obsesión por emitir deuda no implica que no se cuiden los tiempos políticos. Los gobiernos tienden a impulsar las erogaciones cada vez que se disputan elecciones de medio término y presidenciales. El 2017 no fue la excepción y los gastos primarios (sin tener en cuenta el pago de los intereses) aumentaron el equivalente a 12 mil millones de dólares en los primeros siete meses del año respecto de los gastos desembolsados en el mismo período del 2016. A su vez, se pagaron 3 mil millones de dólares más en intereses. Se trata de un ritmo de transferencias insostenible para achicar el déficit fiscal.

El gasto en los primeros siete meses de este año sumó el equivalente a 81 mil millones de dólares. De ese total, el 78 por ciento se explicó por seis rubros: jubilaciones y pensiones (31 mil millones), AUH y asignaciones familiares (5 mil millones), Planes Progresar, Argentina Trabaja y otros (mil millones), salarios públicos (11 mil millones), subsidios a energía y transporte (7 mil millones) y gastos de capital (8 mil millones). 

La reducción del déficit fiscal, si se frena el gasto a partir de las elecciones de octubre, no podrá esquivar estos rubros y provocará un nuevo golpe al bolsillo de la población y al movimiento económico del mercado interno.