La disputa se extendió durante más de una década pero la identidad de los fondos buitre siempre permaneció en secreto. Individuos como Paul Singer, Kenneth Dart, Robert Koeningsberger, Mark Brodsky, Thomas Kempner, Bruce Richardson y David Martínez son la cara visible de algunos de los hedge funds como Elliott Management, EM Limited, Gramercy, Aurelius Capital, Blue Angel, Marathon Asset y Fintech. Firmas como esas fueron las que compraron a precio de remate los bonos argentinos en default para maximizar su rentabilidad mediante la extorsión judicial, diplomática y financiera o, en algunos casos, participando de los dos canjes ofrecidos por el país. Aunque no es improbable que los responsables de los fondos hayan invertido parte de sus fortunas personales contra Argentina, los buitres apuestan con dinero ajeno, ya sea de personajes millonarios o instituciones acaudaladas que le entregan su dinero para que les generen el mayor retorno posible. La falta de transparencia en las finanzas globales les garantiza el anonimato aunque existen grietas. Documentos públicos del Internal Revenue Service, la AFIP estadounidense, revelan que entre los buitres más agresivos estuvo la Universidad de Yale. La institución educativa de elite fundada en 1701 no fustigó al país en nombre propio. Una investigación realizada por Local 33, organización gremial conformada por graduados de esa universidad, identificó que uno de los juicios contra Argentina fue realizado por FYI Limited. Radicado en las Islas Caimán, el fondo controlado por Yale embolsó 366,4 millones de dólares con el acuerdo que diseñó el Gobierno de Mauricio Macri. El puntapié inicial para el nuevo ciclo de endeudamiento externo argentino le permitió a una de las siete universidades norteamericanas más poderosas un retorno de, por lo menos, un 660 por ciento del valor nominal de sus inversiones contra el país.
El fondo de inversiones de la Universidad de Yale acumula 25.600 millones de dólares, cifra que representa más de la mitad de las reservas internacionales del Banco Central argentino. Las universidades norteamericanas son reticentes a divulgar dónde colocan sus fondos (endowments, en inglés) pero el IRS obliga a las organizaciones sin fines de lucro, exentas del impuesto a las ganancias, a difundir sus declaraciones juradas. El formulario 990 que deben completar todos los años ofrece algunos indicios para identificar en qué apuestan sus millones. Las últimas versiones del 999 de Yale muestra que una porción de sus abultadas inversiones son administradas por el hedge fund Bracebridge. Fue esa firma carroñera radicada en Boston y dirigida por Nancy Zimermman la que compró los bonos de la deuda argentina en default e inició la demanda contra el país. Zimmerman, que a comienzos de los noventa estuvo involucrada en un escándalo de corrupción que combinó la deuda externa de Rusia con su marido y la universidad de Harvard, tampoco impulsó el litigio con el sello de su empresa principal. Para pujar contra el país en las cortes de Nueva York instaló la sucursal buitre de Yale en Islas Caimán bajo el nombre FYI Ltd.
Los 50 millones confiados en 1994 a Bracebridge por la universidad ascienden en la actualidad a mil millones de dólares. La casa de estudios donde obtuvieron sus títulos de abogados los ex presidentes George W. Bush y Bill Clinton, así como la ex candidata Hillary Rodham Clinton, declara en el formulario 990 correspondiente a 2014, el último disponible públicamente, que controla el 100 por ciento de New FYI Limited. Ese fondo, también radicado en Islas Caimán, controla el 97,97 por ciento de FYI, que es quien litigó contra Argentina. Como revela la versión del mismo formulario presentada en 2008, el copropietario minoritario y administrador del buitre es Bracebridge.
Cuando a mediados de 2014 el fondo buitre comandado por Paul Singer consiguió que el juez Thomas Griesa bloquee el pago de los vencimientos de la deuda externa argentina, el resto de los acreedores litigantes pidieron el mismo tratamiento. Como parte del 7,6 por ciento de los tenedores de bonos que rechazó los canjes de la deuda en default, ese fue el camino elegido por Bracebridge. En su escrito, informa que demandó al país en 2005 y obtuvo dos sentencias favorables: en 2009 el magistrado neoyorquino validó la demanda presentada en nombre del fondo FYI que declaró tener bonos argentinos por 69,3 millones de dólares, y en 2010 el titular del tribunal validó el reclamo del fondo asministrador de las inversiones de Yale.
Durante su Informe 93 al Congreso realizado en junio del año pasado, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, precisó que ese fondo recibió 366,4 millones de dólares con el acuerdo firmado por el país. En el caso del tridente buitre FYI-Yale-Bracebridge, el reclamo reconocido por las autoridades argentinas se divide en un pago de 340.112.110,89 dólares, intereses compensatorios por 183.840 dólares y costos legales por 26.111.111 dólares. En el relato oficial, el acuerdo con los fondos buitre era una escala imprescindible para la reinserción en el sistema financiero internacional y atraer inversiones. Fortalecida con el proceso de liberalización financiera y cambiaria, la primera parte de la consigna se cumplió, pero las inversiones no llegaron. El acelerado proceso de endeudamiento no impulsó un proceso de transformación productiva, y en cambio incrementó la vulnerabilidad externa del país.
A la universidad a la que deben parte de su formación reconocidos actores hollywodenses como Paul Newman, Merryl Streep, Patricia Clarkson y Paul Giamati, le correspondió una tajada importante de los dólares pagados por Argentina, que le representó una ganancia del 660 por ciento sobre el valor nominal de los títulos de la deuda en default declarados en el juicio. Pero la ganancia sobre el precio al que los compraron es, con toda seguridad, mucho mayor. En el caso del buitre NML de Singer, el economista argentino Martín Guzmán estimó que pagó 177 millones de dólares por todos sus bonos argentinos y recibió 2426,6 millones de dólares: una rentabilidad global de 1270 por ciento, sin contabilizar los honorarios de sus asesores legales. Levemente por debajo de las pretensiones buitres originales, la suculenta transferencia alcanzó para que Singer defina el año pasado a Macri como “el campeón de las reformas económicas” en la revista Time.
“El éxito de las demandas buitres contra Argentina dificultan los procesos de reestructuración de deuda soberana que deban realizar otros países”, advierten desde Local 33. La organización gremial d graduados de Yale cuestiona la falta de transparencia en los manejos del fondo y demanda a las autoridades que modifique sus criterios de inversión para, por ejemplo, no destinar fondos a industrias extractivas que aceleren el cambio climático. Los fondos de inversión de las universidades top de Estados Unidos no suelen divulgar dónde ponen su dinero. En julio, la periodista Deirdre Fernandes, del Boston Globe, ofreció algunos detalles sobre las inversiones de Yale como la decisión de invertir, a través de una subsidiaria tercerizada, 50 millones de dólares en la China Railway Construction Corporation. Además de los fondos destinados a litigar contra Argentina, la universidad invirtió en los primeros años de empresas como Oracle, Facebook y Google. El reclamo de los estudiantes de Yale contra las inversiones carroñeras de su universidad llegó tarde, pero en 2015 la Universidad Columbia se vio forzada a retirarse de las inversiones en empresas operadoras de cárceles privadas norteamericanas. Ese mismo año, Harvard se desprendió de 13.600 hectáreas de bosque en Rumania después de que el individuo contratado para comprar el terreno fuera sentenciado por pagar coimas y lavado de dinero.
Los ingresos generados por el fondo de inversión de Yale financian en la actualidad un tercio del presupuesto anual de la universidad. Becas para estudiantes, salarios docentes, equipamiento de laboratorios, programas de investigación y mejoras edilicias se nutren desde el año pasado con recursos transferidos por el Estado argentino.
