Desde Santa Fe
£El ex jefe de Policía de la provincia Rafael Grau, ya retirado, y dos oficiales que estaban bajo su mando y siguen actividad: el ex jefe del Departamento de Logística (D4) José Leiva y el ex habilitado de la Jefatura de la provincia -AHV‑ quedaron detenidos ayer por presunta "asociación ilícita" y "defraudación contra la administración pública". Es la causa que instruye desde mayo del año pasado el fiscal Roberto Apullán, cuando el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro le entregó una denuncia anónima que había recibido en su despacho con "datos muy precisos" de un supuesto fraude en el área Automotores y le pidió que investigue lo que llamó un bolsón de "corrupción institucional". Los operativos los realizó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), mientras la Policía de Investigaciones (PDI) buscaba a otras cinco personas ajenas a la fuerza, pero que también están imputadas por supuestos "ilícitos relacionados con el arreglo y cambio de repuestos de móviles y vehículos policiales", según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Por la tarde, el ministro Maximiliano Pullaro dio una conferencia de prensa en la que afirmó que investigarán "hasta el hueso, caiga quien caiga" (ver aparte).
Grau estaba en su casa en el barrio San Martín, en el límite con Villa Hipódromo, en el norte de la ciudad, cuando efectivos de la PSA allanaron la vivienda de dos plantas y lo detuvieron por orden de fiscal Apullán. El ex comisario fue el último jefe de Policía de la provincia del ex gobernador Antonio Bonfatti, pero siguió en el cargo tres meses, hasta marzo de 2016, en el gobierno de Miguel Lifschitz, cuando Pullaro le pidió la renuncia.
La caída de Grau impactó en la Casa Gris porque se suma a una zaga resonante: los 45 policías presos en Rosario desde la semana pasada: 27 por la desaparición forzada de Franco Casco (entre ellos el ex jefe de Asuntos Internos de de la provincia y su segundo Raúl Pieroni) y 18 por la cacería de dos inocentes. Mientras que en Santa Fe siguen libres bajo fianza tres altos oficiales: el jefe y el subjefe de la comisaría 2ª y el subjefe del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé que estaban detenidos por presunto "cohecho". Y la fiscal María Laura Martí suspendió las indagatorias a 40 policías investigados por irregularidades en el pago de "horas Ospe", como se llama a los servicios extraordinarios. Uno de los citados a declarar sería el ex jefe de la Unidad Regional I, Adrián Rodríguez.
Fuentes del MPA revelaron que Apullán había ordenado 14 allanamientos, uno en la propia Jefatura de Policía de la provincia y los demás en domicilios particulares.
La investigación se inició el 4 de mayo de 2016, cuando Pullaro le entregó al fiscal la denuncia anónima que había recibido en sobre cerrado en su despacho con "nombres" y "datos muy precisos" sobre partidas para la reparación de patrulleros que tenían otro destino. Inmediatamente, el fiscal dispuso el secuestro de diez vehículos y seis allanamientos (cuatro, en comercios de autopartes, en Santa Fe y Rosario) y dos en el Departamento de Logística (D‑4), en la Jefatura. Y el área de Contabilidad del Ministerio de Seguridad. ¿El objetivo? "Asegurar pruebas", explicó Apullán.
Según la denuncia, se facturaban "reparaciones de chapa y pintura", "compras de repuestos", "utilización de talleres" por "importantes sumas", pero "esos arreglos y reparaciones no se hacían".
En junio de 2016, el fiscal convocó a dos peritos mecánicos de Gendarmería Nacional para una pericia a los diez vehículos incautados y el informe resultó revelador: la mitad de las unidades no habían sido reparados.
Ayer, el ministro de Gobierno Pablo Farías volvió manifestar el "absoluto respaldo" de Lifschitz a Pullaro (ver aparte), lo que significa que el ministro de Seguridad fue ratificado, ya no una vez, sino dos veces en 48 horas.
