A seis años de ocurrida la Masacre de la Cárcova, donde dos adolescentes fueron asesinados y un tercero resultó herido de gravedad, las víctimas y sus familias recibieron ayer el primer gesto de justicia acorde con la gravedad del hecho. El Tribunal Oral 4 de San Martín elevó a 15 años y seis meses de prisión la condena a siete años que se le había aplicado, en 2014, al policía bonaerense Gustavo Vega por “tentativa de homicidio” en perjuicio de Joaquín Romero, el único sobreviviente, quien todavía conserva secuelas de las graves heridas sufridas al recibir un disparo por la espalda. En el caso, la Justicia todavía está en deuda porque sigue sin realizarse el segundo juicio contra el otro policía involucrado en la masacre, Gustavo Rey, acusado de ser responsable de la muerte de los jóvenes Mauricio Ramos, de 16 años, y Franco Almirón, de 17. En el juicio de 2014, Rey fue absuelto por decisión del Tribunal Oral 2, pero en 2015 la Sala I de la Cámara de Casación dejó sin efecto ese fallo exculpatorio y a la vez, ordenó que se aplicara una pena mayor a Vega. 

La nueva pena a Vega fue dada a conocer ayer por el Tribunal Oral 4, integrado por Mónica de Benedetto, Julio César Di Giorgio y Marcelo José Machado. La Masacre del barrio la Cárcova, en José León Suárez, se produjo el 3 de febrero de 2011, durante una violenta represión policial, con disparos de balas de plomo, contra un grupo de vecinos que se habían acercado a las vías del ferrocarril Mitre, atraídos por el descarrilamiento de un tren de carga. Las autoridades policiales alegaron que hubo vecinos armados y que tenían intención de robo, pero esa versión quedó totalmente desvirtuada durante el juicio oral que finalizó en marzo de 2014. La nueva condena a Vega se conoció luego de una audiencia realizada el miércoles, en la que las partes expusieron sus alegatos. El nuevo juicio al que debe ser sometido Rey, por “doble homicidio agravado” por su condición de policía, está frenado por una serie de presentaciones hechas por sus abogados. 

El diputado nacional Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, que viene acompañando a los familiares de las víctimas desde 2011, declaró que la nueva condena a Vega es “un logro de la lucha y la organización popular, con el acompañamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Campaña contra la Violencia Institucional”. El legislador recalcó que es “una conquista que nos llena de fuerza y esperanzas para seguir exigiendo que Rey sea condenado de un modo ejemplar, para que los y las jóvenes de nuestros barrios puedan sentirse, y estar, seguros”. 

En el juicio de 2014, los fiscales Ana Armetta y Raúl Sorraco solicitaron la pena de prisión perpetua para Rey, y de 15 años para Gustavo Vega, pero el Tribunal Oral 2 sólo le aplicó siete años de cárcel al segundo de los policías mencionados. Ayer, el Tribunal Oral 4, elevó esa condena a 15 años y seis meses de cárcel. Lo más cuestionable del fallo absolutorio fue que en la audiencia quedó probado que los disparos que mataron a los dos jóvenes fueron hechos efectivamente por Rey. 

En el caso de Vega, la agresión contra el chico Romero se produjo cuando el joven salió corriendo por orden del mismo policía, que le disparó cuando la víctima estaba de espaldas, sin intención y sin ninguna posibilidad de poner en riesgo la vida de su atacante uniformado. En el juicio, Joaquín Romero recordó que Vega le gritó “corré” y cuando lo hizo, sintió “el ardor” del impacto de bala de plomo en su espalda. Fue llevado al hospital por los vecinos y estuvo internado mucho tiempo en la sala de terapia intensiva, sin saber, hasta que se recuperó, que sus dos amigos habían sido asesinados. Los chicos se dirigían en bicicleta hacia el vecino predio del Ceamse, en el Camino del Buen Ayre, adonde iban a diario para buscar desechos que pudieran ser reciclados y vendidos para ayudar a sus familias. 

Los abogados querellantes, Federico Efron, del CELS, y Juan Carlos García Dietze, resaltaron que lo de Vega fue una verdadera “cacería”. El nombre de Vega surgió porque fue señalado, en la etapa de instrucción, por su colega de la Bonaerense Ignacio Azario, quien dijo que lo había visto cargar su escopeta calibre 12 reglamentaria con cartuchos de plomo. El propio Vega reconoció que no eran balas de goma, pero alegó que “no se había dado cuenta” de la munición con la que lleno el cargador. La excusa resultó poco creíble porque en el juicio todos los policías confirmaron que Vega era un experto en armas, al punto de ser instructor de tiro de la fuerza. 

Los fiscales y la parte querellante coincidieron en que Vega no mató a Joaquín “por razones ajenas a su voluntad”, según señaló en su mommento la fiscal Armetta. La titular del Ministerio Público precisó que el chico “no le estaba haciendo frente (al policía) ni significaba un riesgo para su vida”, ya que estaba alejándose del lugar para ponerse a salvo de la violenta represión ejercida por decenas de uniformados. 

En su segunda declaración judicial, Vega inculpó a su denunciante Azario y al oficial Carlos Amado Silva. Los fiscales nunca le creyeron a Vega, quien había cambiado en forma notoria su fisonomía cuando le tocó ir al reconocimiento en rueda de personas. Para tratar de justificar la violencia de su intervención, Vega declaró que se sentía “en peligro” porque “unos muchachos” le tiraban “piedras y pedazos de metal con gomeras”. Los policías dispararon con cartuchos de plomo “cuyos perdigones se abren luego de ser disparados”, lo que pudo haber causado la muerte o heridas graves a otras personas presentes en el lugar. 

En el juicio contra Rey, cuando se lleve a cabo, la parte querellante va a plantear que se “profundice la investigación para determinar la responsabilidad que le cabe a los jefes del operativo policial” para reprimir a los vecinos de La Cárcova. Los jefes del trágico procedimiento fueron el entonces comisario Víctor Hugo Uhalde y los oficiales Amílcar Esteban Pino y Carlos Amado Silva.