La jueza porteña Elena Liberatori hizo lugar al amparo pedido por los asesores tutelares Mabel López Oliva y Gustavo Moreno, que exige “el cese de la aplicación del instructivo que dispone que las autoridades escolares deben denunciar penalmente las tomas de los establecimientos educativos”. En su resolución, la magistrada ordenó al Gobierno de la Ciudad que “de modo inmediato” deje sin efecto los “procedimientos administrativos y penales, sancionatorios, disciplinarios que se deriven de la aplicación del Instructivo suspendido, tanto en relación a alumnos como docentes”. Y también convocó a una audiencia para hoy a las 12.30 a los asesores tutelares y la ministra de Educación, Soledad Acuña, que debe concurrir en forma “personal e indelegable”. La reunión tendrá lugar en la sede del tribunal, ubicado en Avenida de Mayo al 600.

Para la titular del juzgado Número 4 en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario, queda claro por un lado que, con la toma de escuelas –en protesta por la aplicación de la reforma propuesta por el gobierno, Secundaria del Futuro–, los “estudiantes están haciendo uso de derechos constitucionales (…) y por el otro, que las autoridades administrativas ejercen sus competencias fuera de un marco mínimo de legalidad”, con la aplicación del instructivo.

Liberatori no sólo estableció la suspensión del protocolo, sino que recordó que en 2012 había dejado sin efecto una resolución similar dictada por el entonces ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, quien había exigido a los directores de las escuelas que identificaran en sede policial a cada uno de los alumnos que tomaban sus respectivos colegios. En sus considerandos, la magistrada señaló que “instruir a no tomar la lista de los nombres –como la vez anterior– no subsana la ilegitimidad formal y sustancial de la que adolece la instrucción de acudir a la comisaría”.

La jueza además consideró como suficientes las pruebas aportadas por Moreno y López Oliva, quienes remitieron al juzgado el acta confeccionada en la escuela Julio Cortázar y que reveló PáginaI12, en la que las autoridades escolares dejaban constancia de que estaban aplicando el instructivo “emanado por el Gobierno de la Ciudad” en caso de toma de escuelas. 

Además deja asentado que otras cuatro tomas fueron denunciadas ante la policía: la Escuela Manuel Belgrano, el Mariano Acosta, el Liceo 9 y la Escuela Secundaria Antonio Devoto. En total, hay 22 establecimientos educativos ocupados por sus estudiantes en la Ciudad de Buenos Aires.

Liberatori también hizo mención a la respuesta recibida por los asesores tutelares a la intimación judicial efectuada el 8 de septiembre, donde le exigían a la ministra Acuña que ratificara o desautorizara el instructivo que había llegado a todos los establecimientos de educación media de la Ciudad a través de una casilla oficial, [email protected], firmado por el Coordinador de Supervisores, Gabriel Cruz. El ministerio contestó a través de la directora General de Coordinación Legal e Institucional, Paula Daniela Colombo, quien negó la “existencia de cualquier tipo de protocolo y/o instructivo de toma de establecimientos educativos”. Además, descartó que el documento haya sido “emitido por ninguna autoridad del Ministerio” y aseguró que “ningún responsable de un establecimiento educativo ha denunciado penalmente a un/a alumno/a en una comisaría”. 

A pesar de que el Ministerio de Educación negó que se tratara de un documento oficial, el protocolo que ordenaba denunciar en las comisarías la toma de escuelas y que había sido distribuido a través de mails oficiales fue aplicado en al menos cuatro establecimientos.

La magistrada advirtió que Colombo carecía de “competencia legal para representar a la ministra de quien depende” y que la respuesta formal debería haber sido brindada por Acuña. Además, señaló que pese a lo contestado por el ministerio, el instructivo se aplicó tal como lo exigían a través de los canales oficiales. La jueza destacó: “O sea, que de un ‘presunto’ ‘documento’ ‘carente de validez y entidad legal’, según la doctora Colombo, se derivaron actas transcriptas, intervención policial y de fiscalías penales y surge, no menor, la evidencia que contrasta las afirmaciones de ‘inexistencia de órdenes o instrucciones impartidas por el Ministerio de Educación’”. 

Por otro lado, José Eduardo Machain, del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, emitió un comunicado en el que manifiesta que “queda al descubierto el grado de intimidación y presión que deben estar recibiendo lxs Directivxs de las Escuelas Públicas que les ha llevado en algunos casos a proceder con algunas acciones que distan mucho –y no sólo– del rol docente asignado y del cumplimiento de las normas legales vigentes de los derechos de NNyA”. “Es de esperar que ‘el colectivo docente’ en general y lxs directamente involucradxs reconsideren a futuro la instrumentación de directivas recibidas que no acrediten la estricta legalidad del acto comunicado”, añadió en el texto.