La demorada reglamentación de la ley que regula el uso medicinal del cannabis fue criticada por los impulsores de la normativa, que consideraron que el Poder Ejecutivo no respetó “el espíritu” del texto aprobado en el Congreso.

“Esto no es lo que se votó, no respeta el espíritu. El Gobierno fue en contra de un principio constitucional que dice que no se puede alterar el espíritu de la ley con la reglamentación”, dijo a PáginaI12 la diputada nacional Carolina Gaillard (FpV-PJ, Entre Ríos), titular de la Comisión de Salud de Diputados. “Transformaron una ley en un protocolo de investigación”, apuntó.

El Ejecutivo dejó afuera el autocultivo. “Lo que nos motivó a ir en busca de la ley no se modificó. Seguimos estando en la ilegalidad”, explicó Valeria Salech, de Mamá Cultiva. Salech se refiere al artículo 8, que originalmente buscaba crear un registro de usuarios y familiares para “eximirlos” de la aplicación del artículo 5 de la Ley 23.737 (de Estupefacientes), que entre otras cosas condena el cultivo. Desde Mamá Cultiva advirtieron que no se prevé una autorización del autocultivo, ni mucho menos un mecanismo de cobertura ante eventuales allanamientos de las fuerzas policiales. 

El Gobierno hizo una reglamentación restrictiva, que acota el uso del cannabis medicinal a pacientes con epilepsia refractaria –uso autorizado por la Organización Mundial de la Salud–, y crea el “Programa nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales”. 

Gaillard advirtió que se están dejando “afuera a miles de pacientes que hacen uso del tratamiento y que padecen otras patologías, como mal de Parkinson, fibromialgias, pacientes oncológicos, que hacen uso del cannabis con fines terapéuticos”. “Arrojan a la ilegalidad a miles de usuarios que no van a dejar de hacer uso. Los dejan en la clandestinidad. Por eso, con la ley queríamos que los médicos pudieran prescribirlo para las patologías que lo consideraran conveniente”, señaló la diputada. 

Los usuarios inscriptos en el Programa recibirán el aceite de cannabis en forma gratuita (será importado), mientras quienes decidan no formar parte deberán pagarlo. También se autoriza al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria a que cultiven cannabis “con fines de investigación médica o científica para la elaboración de la sustancia que como medicamento sirva para proveer a quienes estuvieren incorporados al Programa”. Por último, se especifica que el Ministerio de Seguridad será el que establecerá “las condiciones de habilitación”, lo que no estaba presente en la ley. 

“La ley no hablaba de que teníamos que inscribir a nuestros hijos en un programa para ser sometidos a investigación. ¿Los quieren tomar como conejillos de la India?”, se quejó Salech. “No está bien lo que hizo el Gobierno. Tardaron más de seis meses en reglamentarla, pensamos que iban a salir con algo superador, pero esto no tiene nada de moderno”, agregó.

En tanto, Sebastián Basalo, periodista y director de la revista sobre cultura cannábica THC, sostuvo que “la reglamentación es legalmente cuestionable porque restringe derechos otorgados por la ley”.

“Por otra parte, el Estado se compromete a otorgar cannabis medicinal a todos los inscriptos en el registro. Entonces la pregunta es: si todavía no hay materia prima para hacer el aceite, ¿el Estado estará dispuesto a pagar el aceite a precio dólar para todos los que se anoten en el registro?”, cuestionó Basalo.

Por el contrario, el Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores, coincidió con los argumentos de la reglamentación: “Resulta prioritario que la autoridad de aplicación cuente con información científicamente verificada respecto de las propiedades de la planta de cannabis y sus derivados y su impacto en el organismo humano”.