El Gobierno reglamentó la ley de Electrodependientes, cinco meses después de su sanción. El Ministerio de Energía será la Autoridad de Aplicación y la cartera de Salud establecerá las condiciones para que un hogar pueda recibir el beneficio. La ley establece la prestación del servicio eléctrico sin cargo, garantiza su provisión permanente y con niveles de tensión adecuados a personas que lo requieran por una serie de motivos de salud. No hubo avances concretos en la entrega de grupos electrógenos sin cargo. El autor de la ley, Carlos Castagneto (FPV) señaló que “después de meses se reglamentó la ley. Esperemos que todas las provincias adhieran”.

“Fuimos sometidos a una larga espera y a un gran desgaste. En el medio sufrimos aumentos de energía y amenazas de corte del servicio”, dijo a este diario Mauro Stefanizzi, de la Asociación Argentina de Electrodependientes y papá de Joaquín, quien requiere de este servicio de manera permanente. 

El decreto insta al Ministerio de Salud a crear el registro de electrodependientes. Se espera que Salud publique en los próximos días la resolución con las pautas mínimas para acceder al beneficio. Según lo consultado por este diario, la primera categoría de electrodependientes que podrá acceder al beneficio son los hogares en donde viven personas que necesitan un soporte eléctrico para poder respirar. En segundo lugar están los que requieren una bomba de alimentación y también se incluye a las personas que deben someterse en forma cotidiana a procedimientos de diálisis. Una junta médica evaluará casos de pacientes que necesiten colchones antiescaras y nebulizadores para enfermedades crónicas.

Hasta ahora, las personas electrodependientes por cuestiones de salud debían tramitar la tarifa social a través de un registro manejado por las distribuidoras eléctricas. En un primer momento, los usuarios inscriptos en este registro recibían la tarifa social general, que establece la gratuidad de los primeros 150 kilovatios de consumo eléctrico. El fuerte aumento de las boletas de luz hizo que entidades representantes de electrodependientes realizaran un reclamo para que el Gobierno mejore el beneficio de la tarifa social. Luego de las quejas, el Gobierno elevó el beneficio de 150 a 600 kilovatios. Incluso con los 600 kilovatios gratis, la situación tarifaria de estos usuarios era muy complicada, con boletas de 1000 a 1500 pesos en promedio, detalló Stefanizzi. Pero además, “el registro de electrodependientes de las distribuidoras apenas llegaba al 50 por ciento de los usuarios electrodependientes”, explica Mauro Stefanizzi.

La ley de electrodependientes modifica de lleno ese esquema. El 26 de abril, el Congreso convirtió en ley el proyecto que establece la prestación del servicio sin cargo, garantiza su provisión permanente y con niveles de tensión adecuados a personas que lo requieran por motivos de salud. La norma dice que es el Ministerio de Salud y no las distribuidoras eléctricas quien decide qué hogar encuadra en el beneficio. También garantiza la provisión de grupos electrógenos sin cargo para cubrir eventuales cortes de luz, algo sobre lo cual todavía no hubo avances concretos. “Es importante que el ENRE comience la entrega de estos equipos”, pidió Stefanizzi.

La demora durante estos cinco meses motivó fuertes críticas contra el Gobierno. Las autoridades recibieron acusaciones acerca de una supuesta falta de voluntad para implementar los beneficios para electrodependientes. A raíz de esa presión, el Ministerio de Energía resolvió que la totalidad de la tarifa eléctrica para electrodependientes fuera gratuita. Las nuevas boletas recién en estos días están llegando a los hogares.