A dos meses de la desaparición de Johana Ramallo, de 23 años, su madre, Marta Adelina Ramallo, se presentó ante la Justicia Federal para que investigue si la joven “ha sido víctima de una red de trata de personas”. En diálogo con PáginaI12, acompañada por sus abogadxs, Marta criticó duramente a la actual fiscal del caso, Betina Lacki (ver aparte), y reclamó al Estado y a la Justicia “que asuman con el corazón la búsqueda de mi hija”. En el escrito presentado ante la Justicia Federal, se dice que Johana estaba atravesando por una situación de “extrema gravedad”, en lo personal y en lo económico, que la había llevado, en los “últimos tres o cuatro meses”, a trabajar en la “zona roja” de la ciudad de La Plata, lugar en donde se produjo su desaparición el 26 de julio pasado. “Siempre que se investiga la desaparición de una mujer o un feminicidio, la Justicia actúa como si se tratara de un delito menor que no tiene tanta importancia y eso es lo que pasó hasta ahora con la investigación del caso Johana”, aseguró Silvina Perugino, que integra el grupo de abogados que representa a la familia Ramallo, junto con Josefina Rodrigo y Víctor Hortel. 

“Hay una cuestión de género que siempre limita el trabajo de la Justicia cuando la víctima es una mujer y eso es lo que pasó con la fiscal Lacki, porque nunca pudimos trabajar con ella en equipo, nunca recibimos un trato ameno de parte de ella”, precisó Perugino. “La primera vez que nos vimos dijo que el caso era prioritario para la fiscalía, pero después nos retaceó toda la información y ni siquiera nos informaba quiénes eran las personas que iban a declarar en la causa”, agregó Josefina Rodrigo. 

Víctor Hortel sostuvo que la fiscal en ningún momento escuchó el pedido de la familia para que se apartara a la policía bonaerense de la investigación. “La fiscal delegó el rumbo de la investigación a la policía, cuando es sabido que la policía siempre tiene algún tipo de connivencia, de participación o de encubrimiento, de actividades relacionadas con la prostitución o el tráfico de estupefacientes”, señaló Hortel. El abogado consideró que “este es un caso de desaparición en la zona roja de La Plata y es cuando menos ingenuo, por decirlo de alguna manera, que la fiscal Lacki haya dejado el curso de la investigación en manos de la policía”. 

Para reforzar su cuestionamiento, Hortel recordó que en la Justicia platense se está investigando, en otra causa reciente, la vinculación de la fuerza policial con una serie de delitos relacionado con el tráfico de estupefacientes que se investigan en el barrio Mondongo, de La Plata, ubicado en la “zona roja” de la ciudad. “Lo más grave es que la causa siempre fue caratulada (por la fiscal Lacki) como ‘averiguación de paradero’, cuando la familia siempre denunció que a Johana alguien la estaba reteniendo; Johana, por su situación de vulnerabilidad, era una víctima ideal para caer en manos de una red de trata, pero la fiscal nunca escuchó nuestro reclamo”. 

“Para nosotros, la investigación actual está en un túnel que no se sabe para dónde va y qué es lo que se está investigando”, aseguraron los abogados al analizar lo actuado por la fiscal Lacki. Los letrados consideraron que se trata de una búsqueda “muy abstracta, que no ha dado ningún resultado” porque “hay un salpicado de testimonios que no llevan a ningún lado por parte de gente que no se sabe si quiere colaborar en la búsqueda o entorpecer la investigación”. 

Los operativos para tratar de dar con el paradero de Johana se hicieron en la llamada zona roja, donde está centrada la actividad de la trata y del narcotráfico, en los barrios platenses de Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, El Paligüe, Villa Alba, en toda la zona cercana al aeropuerto, casi al fondo de La Plata, pero no hay un solo dato que indique que la joven haya estado en alguno de los lugares allanados por orden de la fiscal. “No es una investigación seria, organizada, que siga una planificación determinada, es algo sin ton ni son, que no tiene una línea precisa”, recalcó Hortel. 

“Desde el vamos nosotros sabemos que Johana no se fue por propia voluntad, porque era una persona muy apegada a su casa, a su madre, a su hija de 6 años, y no se iba a ausentar sin avisar”, subrayó Hortel. Eso llevó a que “desde el principio se pensara en una privación ilegal de la libertad en la zona roja, por una situación de prostitución, de vulnerabilidad que lleva a pensar en un caso de trata de persona”. 

Por esas razones “hicimos la presentación ante la Justicia Federal para que se inviestigue el caso como trata de personas y en forma sugestiva, la fiscal provincial Bettina Lacki planteó ahora una declinatoria parcial de competencia cuando nosotros ya le habíamos pedido que investigara una privación ilegítima de la libertad, que eso es también la trata de persona”. 

Los abogados entienden que la justicia provincial podría seguir con la búsqueda de Johana y colaborar con la Justicia Federal, que se abocaría de lleno a la denuncia por posible trata. “Nosotros pensamos que puede haber caído en una red de trata, porque era una chica que se encontraba en una situación de vulnerabilidad económica; hacía poco tiempo que estaba en la zona roja, no tenía experiencia y tal vez no tenía la información necesaria como para evitar ser captada por una red de trata”. Además, Johana “no tiene la capacidad económica necesaria como para ausentarse dos meses sin informar a su familia dónde está”. Ahora, la Justicia Federal debe decidir si se encarga del caso y la jueza Marcela Garmendia, tiene que resolver sobre el pedido de la fiscal de desvincularse parcialmente de la causa.