La defensora pública provincial, Jaquelina Balangione, consideró que la problemática de las falsas amenazas de bomba en escuelas "excede el campo del derecho penal". Así se pronunció con respecto a las imputaciones a padres de alumnos. Para la funcionaria, "se buscó dar un mensaje para que se detengan, pero ése no es el mecanismo". Ayer, el fiscal Gustavo Ponce Asahad imputó a otras tres personas: una pareja, cuyo hijo fue puesto a disposición de la Justicia de Menores; y a la madre de un muchacho de 18 años imputado el viernes pasado. La acusación es intimidación pública. Ante la "buena disposición" que mostraron para la investigación, no se les aplicaron reglas de conducta y permanecerán en libertad.
Balangione se manifestó en la misma postura que lo hizo días atrás el defensor regional Gustavo Franceschetti, quien consideró que las detenciones hacia los padres son "una exageración".
Es que desde inicios de este mes, la Fiscalía avanzó en arrestos y acusaciones a padres y madres de alumnos; mientras que la semana pasada hubo cuatro detenidos más. En ese grupo fue imputado de un joven de 18 años de la Escuela de Educación Técnica Nº 468, que se sentó frente a un juez y salió en libertad bajo fianza.
Los otros tres padres enfrentaron ayer una audiencia imputativa en el marco de la investigación. Todos fueron detenidos en allanamientos realizados el jueves a la noche en viviendas de Gálvez al 2500, donde efectivos policiales detuvieron a María Eugenia C. y Oscar G., de 44, y a su hijo, de 17; y de Biarritz al 7800, donde se llevaron detenidos a Andrea V. de 45 y su hijo Juan Pablo P. de 18, quien fue imputado el viernes pasado. En los procedimientos se secuestraron dos CPU, seis notebooks, una docena de teléfonos celulares y dos tablets.
Todos son los titulares de líneas telefónicas desde las que se realizaron llamadas intimidatorias a los establecimientos educativos, donde asisten sus hijos, y fueron sindicados por el delito de intimidación pública.
Al analizar la situación, la defensora provincial reiteró la metáfora que usó Franceschetti, en su momento: "Es como matar un mosquito con un cañón", dijo. Para Balangione, "hay principios como la instrascendencia de la responsabilidad penal: en el campo del derecho civil los padres son responsables si un chico rompe algo; mientras que la responsabilidad penal es imposible de ser trasladada de una persona a otra, y se rige por el derecho penal del acto de determinada persona. En este caso, se le ha trasladado a los padres las consecuencias de un hecho. Se rompe con la lógica del derecho penal", estimó.
Para la funcionaria, la cuestión amerita trabajar sobre un código de faltas y contravenciones y analizar "otras cuestiones del ordenamiento jurídico". Hay muchas cuestiones para analizar acá, pero "el derecho penal está para otra cosa. Si los padres fueran los que hicieron las intimidaciones, es otra cosa", dijo la defensora.
Balangione sostuvo además que la Defensoría mantuvo su postura en los casos que les tocó defender y agregó que desde Fiscalía "se buscó dar un mensaje en cuanto a lo comunicativo, para que se detengan este tipo de acciones, pero no es el mecanismo".
