La Cámara de Diputados de Salta le dio media sanción ayer al un proyecto que establece mecanismos de regulación del proceso de transición gubernamental en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial y en los municipios. 

La norma fija que el proceso de transición debe comenzar a partir de las cero horas del día siguiente de emitida el acta de proclamación de autoridades electas por el Tribunal Electoral Provincial y concluye con el juramento de las autoridades electas.

Además, crea dos comisiones, la Comisión de Transición del Gobierno en Ejercicio, que funcionará desde el primer día hábil posterior a la convocatoria a elecciones generales y se disolverá el día de asunción de las nuevas autoridades. Y una Comisión de Transición del Gobierno Electo. 

La Comisión de Transición del Gobierno en Ejercicio deberá entregar los informes de gestión con los recaudos establecidos precedentemente a la Comisión de Transición del Gobierno Electo durante los quince primeros días de iniciado el proceso de transición. La Auditoría General de la Provincia, que será la autoridad de aplicación, podrá intimar a funcionariosa y funcionarias responsables para que cumplan con esta norma. 

Asimismo, el informe final de transición deberá ser girado a la Legislatura, en el caso del gobierno provincial, y en los municipios, a los Concejos Deliberantes, y deberá ser publicado en la página web de la Auditoría en un plazo no superior a los dos meses de finalizado el proceso de transición.

Al momento de presentar el proyecto, la diputada Cristina Fiore (Capital, bloque Confluir), una de las autoras del proyecto, explicó que la iniciativa “busca ordenar el proceso de transición de un gobierno que se va a un gobierno que viene”. Además, sostuvo que el gobernador o gobernadora o el intendente o intendenta electa deben saber en el estado en el que se encuentra la provincia o municipio antes de asumir la gestión. “Para el ciudadano también es importante porque tenemos todo el derecho de saber en qué condiciones se deja el gobierno”, resaltó.

La diputada Socorro Villamayor (Capital, Salta Tiene Futuro), destacó la importancia del proyecto y la necesidad de agilizar y optimizar las transiciones. Y recordó, como ya lo había hecho Fiore, que en 2020 esta Cámara había aprobado un proyecto similar que perdió estado parlamentario en el Senado, sin ser tratado. 

El proyecto, del que también era de autoría de Julieta Perdigón, Gustavo Dantur y Daniel Segura, fue aprobado por unanimidad y pasó al Senado en revisión.

Consorcios camineros 

Por otro lado, Diputados aprobó la creación y organización de Consorcios Camineros, como entidades de bien público, sin fines de lucro, integradas por vecinos ay vecinas de una zona determinada, con el objeto de aunar esfuerzos y aportes económicos de distinta naturaleza, para realizar obras y trabajos de construcción, conservación y mejoramiento de caminos naturales de la red vecinal o terciaria.

El proyecto de ley prevé que la Dirección de Vialidad de Salta será la autoridad de aplicación, y que tendrá facultades jurisdiccionales de control y vigilancia en la constitución y el funcionamiento de estos consorcios. También llevará registros de estos consorcios y fijar el número de orden y la jurisdicción de cada uno.

Los Consorcios Camineros estarán exentos de impuestos y tasas provinciales a su actividad, como la transferencia de bienes y servicios a título oneroso, sin perjuicio de las exenciones de las que pudieran ser beneficiarios respecto a los tributos nacionales en virtud de su naturaleza.

Los Consorcios Camineros serán dirigidos por una comisión directiva de ocho miembros o miembras que cubrirán los cargos de presidencia, vicepresidencia, secretaría, tesorería y cuatro vocalías titulares y dos suplentes. Durarán cuatro años en el ejercicio de sus mandatos, y podrá haber reelección por un período consecutivo.

El proyecto estasblece que los recursos de cada consorcio caminero provendrán principalmente a las cuotas de socios o socias activoas y adherentes, y también contempla ingresos o aportes estatales y privados.

Otro aporte económico llegará del Fondo Consorcios Camineros, que se crearaá a partir de la aprobación de esta ley y que estará integrado por los recursos provenientes de un tributo adicional sobre el Impuesto Inmobiliario Rural, equivalente al 4% del monto total a recaudarse en todo el territorio de la provincia.

Por otro lado, los consorcios deberán atender con sus propios recursos el cumplimiento de los contratos de obra, las eventualidades y los déficits que pudieran surgir de la diferencia entre los pagos que efectúe la Dirección de Vialidad de Salta y el costo total de las obras.

Así también, los Consorcios Camineros están obligados a mantener en buen estado de conservación la red terciaria o vecinal y la red vial provincial asignada excepcionalmente en convenios de obra, dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones mediante los trabajos permanentes y necesarios y conforme al Plan General y Particular de Trabajos de Conservación que apruebe para este tipo de caminos la Dirección de Vialidad de Salta.

La diputada María del Socorro López, presidenta de la Comisión de Obras Públicas, explicó que este proyecto lleva un trabajo de dos años en conjunto con la Dirección de Vialidad de Salta, los sectores productivos y sindicatos de trabajadores viales, y precisó que se abordaron antecedentes legislativos de otras provincias que avanzaron sobre dichos consorcios, como el caso de las provincias de Córdoba y del Chaco.

“Resulta clave mejorar los caminos para que la producción no pare y sigan comunicados los pueblos. Es importante fomentar el trabajo de los diferentes sectores en las diferentes localidades de la provincia”, sostuvo la legisladora.

En tanto, la diputada Alejandra Navarro, autora de la iniciativa, también resaltó que esta iniciativa es el resultado del trabajo en conjunto con múltiples sectores. “Es necesario que continuemos trabajando en pos de mejorar el estado de las rutas productivas de nuestra provincia, en pos de mejorar el transporte de los productos”, planteó.

El proyecto fue aprobado por amplia mayoría con los votos negativos de los diputados Sofía Sierra y Roque Cornejo, y pasó al Senado en revisión.

Adhesión a la Ley Johanna 

La Cámara baja le dio también media sanción a un proyecto ley por el que la provincia se adhiere a la Ley Nacional 27.733, de procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y otras personas gestantes frente a la muerte perinatal.

La iniciativa promueve la capacitación de las y los profesionales de la salud que intervienen tanto en el parto como en los momentos posteriores, garantizando que cada paciente reciba un trato respetuoso, individual y personalizado.

Además, busca crear un ambiente de contención y cuidado con el acompañamiento de especialistas, quienes ofrecerán herramientas para atravesar el duelo y otras opciones terapéuticas que puedan ser de ayuda. Según lo establecido en la norma, la muerte perinatal comprende a los fallecimientos de los bebés en gestación que superan la semana 22 de embarazo hasta aquellos que han cumplido 7 días desde el nacimiento.

La diputada Laura Cartuccia, una de las autoras del proyecto, indicó que de acuerdo a datos brindados por UNICEF, cada 16 segundos se produce una muerte fetal en el mundo. “En Argentina, la tasa de mortalidad y las condiciones en las que las mujeres atraviesan esta dolorosa situación muestran la falta de acompañamiento, contención y atención adecuada”, sostuvo.

Sobre el final de la sesión de ayer se entregaron reconocimientos a 30 diputados y diputadas que concluyen su mandato el próximo 24 de noviembre.