Más del 70 por ciento de las empresas no tiene empleados con discapacidad y tampoco se cumple el cupo en empleos públicos. Casi no hay producción estadística que permita diseñar políticas públicas. Aunque de a poco, la Justicia bonaerense elimina barreras arquitectónicas y hace más accesibles sus edificios. En 3 de cada 10 hogares de la Argentina vive una persona con algún tipo de discapacidad. Son más de 5 millones de personas que enfrentan grandes dificultades para acceder al mercado de trabajo, para desplazarse en la ciudad y para contar con información pública que los contemple. Para visibilizar esta situación se realizó en La Plata un Congreso Provincial sobre Discapacidad en el que especialistas y personas afectadas debatieron la problemática.

“Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas con discapacidad”, fue el título del encuentro en el Salón Auditorio de la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, entidad que trabaja en la inclusión social y accesibilidad de personas con discapacidad, y tiene un régimen previsional de abogados con discapacidad.

“Debatir y hacer visibles las distintas situaciones y obstáculos que enfrenta la población con discapacidad, así como el cumplimiento de sus derechos, es el propósito con el que hacemos estas jornadas, que son parte de las actividades que elegimos para conmemorar el aniversario 70 de la Caja de Abogados”, explicó el presidente de la entidad, Daniel Burke.

Entre la población argentina con discapacidad, casi el 60 por ciento está desocupado, de acuerdo con los datos que arrojó el último Censo Nacional de Población realizado en 2010 en todo el país. Mientras que un estudio realizado este año por Adecco Argentina sobre las oportunidades laborales que ofrece el mercado para personas con discapacidad, indica que el 71 por ciento de las empresas no tienen empleados con discapacidad, pese a que en 2013 se creó por ley un Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad, precisamente para promover el desarrollo laboral mejorando su acceso al empleo.

En 1993, la Caja de Abogados de la Provincia creó una Comisión Interdepartamental de Abogados con Discapacidad, con la idea de trabajar para suprimir paulatinamente las barreras arquitectónicas que existían en los edificios pertenecientes al Poder Judicial bonaerense.

Uno de sus mayores logros, en coordinación con el máximo Tribunal de la Provincia, fue la instalación de rampas mecánicas y de ascensores con sistemas parlante y Braille en algunos edificios de los departamentos judiciales de la Provincia.