Opinión
El caso Milagro Sala
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¿Por qué el gobierno de Macri parece dispuesto a pagar cualquier costo político por mantener el encarcelamiento de Milagro Sala? Una primera objeción a la propia pregunta podría ser que el supuesto costo político no sea tal, o, lo que es un equivalente, que no sea considerado como tal por el Gobierno. Es muy probable que cierto sentido de impunidad exista en el Gobierno, a partir de la complacencia –o por lo menos indulgencia– con que los medios de comunicación concentrados, la corporación judicial, los grandes grupos económicos, buena parte de los autodefinidos “políticos opositores” y hasta algunos dirigentes sindicales y sociales lo han tratado hasta ahora. Puede abonar esa impresión el hecho de que se insinúa un período crítico para las instituciones supranacionales en el contexto de un gobierno de Estados Unidos eventualmente distanciado de la corrección política en materia de derechos humanos. Difícilmente, sin embargo, esa conjunción de acostumbramiento al buen trato de ciertos factores de poder interno y la previsión de un giro político internacional pueda explicar en plenitud la conducta de Macri. Porque el peso de esos argumentos no puede pensarse separado de la importancia que el Gobierno le dé a la cuestión. Si no fuera una suerte de razón de Estado de cierto sector político –no solamente del Gobierno– la prisión de una dirigente social provincial, no ameritaría ni siquiera el daño de una señal adversa proveniente de ese “mundo” al que se dice que estamos regresando.

Milagro Sala está presa porque se ha decidido que el recurso a la arbitrariedad y la violencia sea considerado por la sociedad argentina como un recurso más a favor de lo que es claramente el objetivo principal de la actual gestión: el de construir un orden político consistente y perdurable para la “nueva Argentina” con que sueñan las clases dominantes. Cuando hablan de la reconstrucción institucional del país están pensando en anular la vida política colectiva que transcurra fuera de las instituciones formales; la utopía neoliberal es una sociedad callada y quieta que solamente se expresa en la política a través de sus representantes legalmente establecidos. Todo lo que transcurra fuera de las murallas institucionales tiene que ser estigmatizado, invisibilizado y, si es necesario, reprimido, incluso más allá de la ley. Morales Solá dijo en La Nación pocos días después de su asunción, el 13 de diciembre del año pasado, que Macri “lidera una administración que no tiene derecho al error, como etapa histórica. Un eventual fracaso significaría el regreso del populismo por un tiempo previsiblemente largo.” Para el bloque dominante, el deseo de éxito del Gobierno tiene una clave excluyente: la clausura de cualquier horizonte “populista”. Nada se dice sobre las formas que ese objetivo histórico pueda exigir, no hay independencia judicial, legalidad, veracidad en la comunicación, derechos individuales y sociales que puedan entenderse como valores superiores al propio objetivo. 

El Presidente tiene muy clara esa voz de orden del establishment. No lo contraría más que en la estricta medida en que las formas no debiliten gravemente los efectos beneficiosos de la maquinaria de manipulación comunicativa que el propio Gobierno puso en marcha y controla. Por eso recurrentemente aparecen chisporroteos grotescos como los comentarios de Lanata acusando al Gobierno por el hecho de que Cristina no sea detenida: sencillamente significa que cada uno cumple su función en una lógica común, la prensa crea climas violentos y el Gobierno los administra. La brújula del Gobierno son las operaciones multimediáticas que promueve y los efectos que éstas producen, permanentemente registradas por los focus groups y los sondeos de opinión. Es el gobierno de la opinión pública. Hasta ahora ha sido muy exitoso: el lento pero sostenido retroceso de la simpatía con el Gobierno tiene una medida escasa si se lo compara con la gravedad del retroceso social que se generó en el país en estos pocos meses. Paradójicamente las dificultades económicas crecientes que sufre la inmensa mayoría de los argentinos, disminuyen el peso relativo de la burla sistemática y el ataque a las instituciones, que tiene en los estrados judiciales su imagen más patética. Y en el terreno de lo económico, no se ha escuchado en casi un año de gobierno otro argumento que no sea la atribución del desastre a la bomba de tiempo que el anterior gobierno dejó activada. ¡Cómo sería la magnitud de la crisis que se incubaba si solamente para evitarla se descarga el brutal ataque al bolsillo popular que estamos viviendo!

Milagro Sala está presa porque lo suyo no se encierra ni se agota en el “reclamo social”. No pudo ser en ningún momento de una lucha prolongada e intensa absorbida a la condición de “mediadora de intereses”. Fue, eso sí, amiga del Estado en el tiempo y en la medida en que era administrado en el plano nacional bajo la lógica de la inclusión y el empoderamiento de los movimientos populares. Nunca negoció su obsesión por la dignidad de los más vulnerables con los dueños de la provincia de Jujuy; si lo hubiera hecho, hoy sería un ejemplo de dirigente social pragmática y eficaz y no una delincuente populista. Es necesario estar muy atentos a la dialéctica del palo y la zanahoria que ejecuta el Gobierno. Ciertamente no se puede actuar bajo la lógica de la indiferencia a los dolores de las personas que más sufren este saqueo ni sobre la base de la esperanza de que su intensidad despierte las conciencias populares; eso sería un vanguardismo estéril, puro palabrerío. Pero la idea de crecer políticamente sobre la base exclusiva de la construcción de una red de mediación entre el Gobierno y los sectores populares es muy peligrosa. Porque entraña la ilusión de la inocencia del poder o el designio resignado de adaptarse a un inevitable largo invierno neoliberal. Estar muy atentos significa también no degradar los debates políticos sobre estas cuestiones a intercambios de descalificaciones personales: eso es otro objetivo de la derecha, el de acentuar las vanidades de grupo o individuales y convertirlas en muros contra los procesos de unidad, necesariamente complejos y contradictorios. 

La prisión de Milagro Sala se ha ido convirtiendo en un caso testigo. Un caso, además, que podría ir mutando de bandera de un amplio frente social a la condición de un punto clave del reagrupamiento político en el país. El Gobierno está colocándose fuera de la incipiente legalidad internacional en materia de derechos humanos, lo que no puede separarse de otras circunstancias, por ejemplo la escasa discreción de las trapisondas judiciales entre gobierno, medios de comunicación y lo más corrupto de la corporación judicial en la persecución a Cristina Kirchner. De modo que la dirigente jujeña está situada en el límite imaginario que separa la legalidad democrática –siempre relativa, contradictoria y marcada por los privilegios sociales– del puro y duro autoritarismo en la Argentina. Es posible que se esté convirtiendo en un test para el liberalismo democrático. Nos hemos acostumbrado últimamente a la existencia de un liberalismo democrático –que a veces incluso dice ser de izquierda– que justificó el encono contra los gobiernos kirchneristas, exclusivamente fundado en lo que consideraba ataques contra las instituciones. El diagnóstico generalizado en este segmento ideológico es que, para avanzar, el país debe revalorizar a las instituciones contra lo que se entiende es una historia popular que las desprecia. Está claro que detrás de esa idea hay un poderoso armazón ideológico dirigido a ocultar la carne de las instituciones, el hecho de que son portadoras de relaciones de fuerza y de dominio en la sociedad. Pero aún así, no deberíamos ignorar que en muchos momentos de nuestra historia la cuestión de los derechos individuales contra los atropellos y la violencia del poder adquirió una enorme potencia política en sí misma, involucrando a amplios sectores sociales y culturales no necesariamente identificados con proyectos de transformación social en una dirección igualitaria. De alguna forma, la idea de un frente ciudadano, de una nueva mayoría en la Argentina puede ir incorporando la cuestión del Estado de derecho como un punto importante de su agenda. No es menor, en este sentido, la importancia del decreto sancionado en estos días por Macri suprimiendo por esa insólita vía la vigencia de la letra de una ley de blanqueo recientemente aprobada; una decisión que por más de una razón debería ser llamada y recordada como el “decreto Macri”. Es el modo de ejercicio del poder lo que parece estar en cuestión.

Parece haber ido acortándose la vida útil de la fórmula de la “pesada herencia”, aunque los comunicadores del macrismo se obstinen en no reconocerlo. El conurbano bonaerense, abarrotado de gendarmes, parece haberse convertido en una hipótesis de conflicto bélico. Seguramente el grupo publicitario gubernamental se prepara para presentar como un éxito rutilante el hecho de que las fiestas pasen en un marco de paz social: no será la pobreza cero pero algo es algo. Habrá que ver cómo se despliega la estrategia preelectoral del macrismo que, en ninguna de sus variantes, podrá excluir la necesidad de “poner plata en la calle” para que su publicidad pueda contar con algo diferente a la necesidad de la lucha contra una crisis que nunca existió. Pero difícilmente se desdibuje el esquema con el que el Gobierno quiere enfrentar la protesta social, el de la dialéctica entre una mediación pacífica y sin protestas o, en su defecto, los garrotes y la cárcel. Mientras tanto, se acerca la Navidad y Milagro sigue presa. Los argentinos que queremos vivir en un Estado de derecho tendríamos que tener, más allá de nuestras posiciones políticas, algo en común para decir y   hacer al respecto.