Un joven de La Matanza siguió el consejo del candidato a senador por Cambiemos Esteban Bullrich, quien había recomendado a los bonaerenses desempleados que impulsen “sus propios proyectos personales”, e inició un microemprendimiento que consistía en amenazar telefónicamente a varios colegios del Conurbano. En total, el adolescente de 18 años llamó, por encargo, cuarenta veces a distintos centros educativos, siempre con la misma amenaza: “Hay una bomba en la escuela”, advertía. Luego, el joven emprendedor alardeaba de las suspensiones de clase por redes sociales. Y se investiga si cobraba por el “trabajo” y cuánto. Personal de la Bonaerense allanó la casa del joven, quien quedó imputado por el delito de “intimidación pública”. El procurador de Buenos Aires, Julio Conte Grand, afirmó que “ya hay más de siete adultos imputados y casi 100 estudiantes identificados”.

Desde el 1º de septiembre hasta la fecha, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires lleva registrado, a través de la línea 911, más de 2800 llamados intimidatorios a escuelas bonaerenses. De ese número, comentaron fuentes policiales, cuarenta de las amenazas de bomba salieron desde una casa ubicada en el partido de La Matanza, donde vivía un joven de 18 años junto a sus padres. Pero si bien los llamados partían de un mismo lugar, ni las líneas telefónicas ni el destino de los llamados eran los mismos: “El joven identificado había llamado a colegios de Ramos Mejía, de Lomas del Mirador, de San Justo y de La Tablada”, explicó un vocero de la cartera que conduce Cristian Ritondo.

El mecanismo era simple y sencillo. De acuerdo a los investigadores, el adolescente recibía decena de pedidos diarios de estudiantes para que él llamara a la dirección de sus colegios y amenazara de bomba a la institución. Luego, una vez cumplido el trabajo, el mismo joven notificaba la noticia en su cuenta personal de Twitter. “APB, A Pura Bomba”, escribió el 2 de octubre, y continúo: “8 amenazas de bomba en 8 distintos colegios”. “Llamame a la facultad, no quiero ir”, “Llamá al Rivadavia”, fueron las respuestas por parte de otros chicos.

La maniobra de este emprendimiento fue detectada por la Brigada de Investigaciones de La Matanza, quienes luego de un par de días identificó al joven y dispuso un operativo en su casa, donde se secuestraron tres celulares y varios chips de las líneas telefónicas. El adolescente quedó a disposición del fiscal Gastón Bianchi, de la UFI 3 de La Matanza, quien lo imputó por el delito de “intimidación pública”. 

El vocero del Ministerio de Seguridad bonaerense indicó que esta semana también fueron identificados otros siete adolescentes a raíz de las amenazas de bombas contra los colegios bonaerenses. En total, de acuerdo a las cifras que maneja la Procuración provincial, ya hubo más de 100 estudiantes en los más de 1505 casos de amenazas a colegios, además de siete adultos imputados. “En principio, muchos de los menores inimputables, según lo que nos dicen nuestros fiscales, son chicos que habrían actuado para evitar un examen o por hacer una broma, pero no estoy seguro que esto haya sido así en todos los casos”, estableció Conte Grand.

La ofensiva policial no sólo está destinada a los que realizaron los amenazas por teléfono. La semana pasada, el propio gobierno bonaerense decidió promover una demanda por daños y perjuicios contra los padres de aquellos alumnos que sean identificados como autores de amenazas de bombas a las escuelas. El objetivo es que los “costos” que generan los operativos por amenaza deberán ser cubiertos por las demandas. La medida fue criticada por alumnos y abogados. “No se puede querer solucionar un conflicto político y educativo con temas jurídicos. El solo hecho de querer amedrentar a los padres causa miedo”, había comentado el abogado Fernado Muriel.

Pero las amenazas telefónicas a las escuelas no es propiedad única de la provincia de Buenos Aires. En Salta, tres jóvenes fueron arrestados por la Policía local, acusados de efectuar amenazas telefónicas al Colegio Nacional y la Escuela Técnica 2. Los tres, dos mayores de edad y un adolescente de 17 años, quedaron detenidos y fueron imputados por el delito de “intimidación pública”.