“Cada determinado período de tiempo se cuestiona la tarea del trabajador y de la trabajadora del Estado y ahí lo que entra en juego es que entre la política pública y el pueblo, lo que hay es un trabajador del Estado. Entonces, ¿cuál es la función del trabajador del Estado? Materializar las políticas públicas”, dice Mercedes Cabezas, trabajadora del Senasa y la primera mujer en ser elegida secretaria general adjunta de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Estado (ATE) desde que el gremio nació en 1925.

Que una persona pueda realizarse el Documento Nacional de Identidad o el pasaporte es gracias a un trabajador o trabajadora del Estado, que se controle qué alimentos y medicamentos ingresan al país o se importan es gracias a un trabajador del Estado. La investigación, el desarrollo científico y tecnológico, el sostén de los sistemas de salud público, que se abra y se cierre una escuela, que se preserve un Parque Nacional o se difunda un índice de precios, que haya medios públicos, o una agencia de noticias del Estado, incluso que se emitan billetes, depende de trabajadores y trabajadoras del Estado.

Quizás fue durante la pandemia cuando se demostró más cabalmente la esencialidad de las y los trabajadores del Estado que sostuvieron, incluso con su propia vida y en todo el territorio, los sistemas de salud. “La pregunta que nos hacemos siempre es qué hubiese pasado si hubiésemos seguido sin Ministerio de Salud, por ejemplo”, dice Mercedes. En ese momento, explica Cabezas, se configuró al Estado como un actor interviniente y soberano en la sociedad, pero fundamentalmente inclusivo y solidario. “Y es que una de las funciones más importantes del Estado es trabajar sobre las desigualdades para repararlas, en función de generar estrategias que nos permitan avanzar con dignidad sobre la estructura del Estado. Esa es la política que los y las trabajadoras del Estado materializamos todos los días”, explica.

Según un informe de la Secretaría de Gestión y Empleo público, que conduce Ana Castellani, en nuestro país hay 3.389.900 trabajadores públicos: el 40 por ciento se desempeña en funciones de Educación y Salud y, dentro de ese total el 55 por ciento son mujeres. Es decir que cuando atacan a las y los trabajadores del Estado, están atacando principalmente a mujeres trabajadoras.

La trabajadora explica además que la estabilidad del empleo público permite dos cuestiones clave: la primera es que las políticas de Estado se sostengan a través del tiempo, independientemente de los cambios de gobierno. Y la segunda es que los trabajadores del Estado no se conviertan en un botín de guerra de cada gobierno. Fue con la aparición de las leyes laborales del menemismo que se permitió la precarización laboral en su forma más tirana a través de fundaciones y contratos de trabajo. 

“En los municipios coexisten al menos tres formas de contratación: una vinculada a los planes sociales, otra vinculada a las cooperativas y otra vinculada a la planta del Estado. Los tres hacen la misma tarea. Ahora, los tres tienen distintos jefes y los tres cobran distintos ingresos. Entonces reviste una complejidad tan grande que también complejiza la política pública. En los estados provinciales en términos generales también pasa lo mismo. Los trabajadores y trabajadoras dependen de un decreto de pase a planta del Estado que, a veces aparece, a veces no, porque están recogiendo negocios, dependiendo de la buena voluntad de quien gobierna en ese momento en el Estado nacional”, detalla Cabezas. Y explica que si bien este último gobierno llevó adelante una serie de concursos y pasó a planta por concurso, todavía hay una deuda muy grande porque los 30.000 pases a planta que se comprometieron a hacer no se hicieron en su totalidad.

Donde hay una necesidad, hay un derecho

“El Estado tiene una función que para nosotros es particularmente importante, que es la de tratar de mitigar o eliminar las brechas existentes y las desigualdades del sistema. Principalmente el acceso a derechos. Y en ese sentido los y las trabajadoras son muy importantes porque, por un lado, materializan las políticas públicas, y mitigan la brecha que existe entre quienes concentran capital y quienes no tienen los beneficios del Estado. Y por otro, son beneficiarios del Estado. Entonces, en esa doble condición, es el que tiene que discutir las políticas públicas”, explica Cabezas. Por poner algunos ejemplos, la Ley Yolanda de formación en ambiente para las personas que se desempeñan en la función pública, la Ley Micaela de capacitación en género y diversidad y la Ley Lucio en capacitación sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, son iniciativas de la sociedad materializadas en leyes que repercuten también en las y los trabajadores estatales. Según Mercedes, “la capacitación y formación tanto de funcionarios como de trabajadores y trabajadoras estatales es fundamental para el funcionamiento de todos los niveles del Estado. En estos últimos cuatro años es algo que se ha fortalecido pero que por supuesto durante los gobiernos neoliberales no ocurrió, por el contrario se buscó suprimir y achicar justamente para poder vender, hacer negocios, desregular y tomar decisiones a espaldas del pueblo y de la clase trabajadora”.

Ya vivimos experiencias de achicamiento del Estado en los 70 con la dictadura cívico eclesiástica militar, profundizada en los años ‘90 y después durante el macrismo. “El desmantelamiento de las instituciones y el desguace del Estado con sus trabajadores dentro no son casuales sino que llevan el sello de acuerdos realizados con el Fondo Monetario Internacional donde se pide que se recorte lo que llaman ellos “el gasto público”. No importan las personas, las trayectorias, la formación, nada. De la noche a la mañana las y los trabajadores no pueden ingresar a sus puestos de trabajo, sin aviso. Y quien les da la noticia, en muchos casos es otro trabajador o trabajadora también. Todo es terrible”, recuerda Mercedes. Y en general además cuando se cierran o se desmantelan organismos del Estado después aparece una empresa extranjera a prestar ese servicio de malísima calidad y nada mejora, al contrario, empeora. Lo que pasa cuando un Estado no interviene es claro: “la falta de intervención en las políticas públicas en los Estados lo que hace es acrecentar la desigualdad. Y en realidad, apunta no sólo al acrecentamiento de la desigualdad, sino que en general, termina en un fuerte endeudamiento que redunda en la pérdida de soberanía”, dice Mercedes.

Fueron también los y las trabajadoras del Estado, acompañades por la militancia transfeminista, quienes lograron que haya una ley que establece un cupo travesti trans en los trabajos del Estado, así como para personas con discapacidades. Y fueron también les trabajadores del Estado, junto a otras organizaciones sindicales, sociales y de mujeres, quienes hicieron posible que se reglamente el Convenio 190 de la OIT contra las violencias en el mundo del trabajo.