Desde Lima
En una ofensiva contra los procesos anticorrupción, descabezan la fiscalía especial que lleva casos contra la presidenta Dina Boluarte, cuatro expresidentes, la excandidata presidencial Keiko Fujimori, el alcalde de Lima y otros dirigentes políticos y empresarios de alto perfil. Este ataque a los procesos anticorrupción ha venido desde la cabeza de la Fiscalía de la Nación, dirigida por la fiscal general Patricia Benavides, una aliada del gobierno y de la derecha que controla el Congreso, que incluye al fujimorismo. Bajo las órdenes de Benavides, la oficina de control de la Fiscalía de la Nación suspendió por ocho meses al fiscal Rafael Vela, coordinador de las fiscalías que ven los casos de corrupción relacionados con la constructora brasileña Odebrecht y de las fiscalías de lavado de activos. Esto lo saca de los procesos cuando varios de estos casos entran a una etapa decisiva.
Para sacar del juego al fiscal Vela se ha recurrido al absurdo de acusarlo por unas declaraciones dadas a la prensa hace tres años. En esas viejas declaraciones, Vela cuestionó una decisión judicial que levantó la prisión preventiva que tenía Keiko Fujimori en una proceso por lavado de activos. Declaraciones que no sólo son de hace largo tiempo, sino que se refirieron a un proceso judicial público y no revelaron nada reservado del caso, solo expresaron la opinión de la fiscalía contra esa decisión judicial.
El fiscal Vela ha calificado su suspensión como “arbitraria” e “injusta”, y ha señalado que el objetivo es retirarlo de los casos anticorrupción que coordina para “afectar el desarrollo de las investigaciones” y “la autonomía de los fiscales”. Ha anunciado que apelará esta suspensión ante la justicia constitucional para buscar su restitución. Los fiscales del equipo que coordinaba Vela han cuestionada esta suspensión y han dicho que a pesar del hostigamiento en su contra no renunciarán y defenderán la continuidad de los procesos que tienen a su cargo.
La persecución al equipo de fiscales anticorrupción desde la cabeza de su propia institución no se limita a Vela. Se ha abierto proceso disciplinario contra el fiscal José Domingo Pérez, el fiscal más notorio del equipo que dirige Vela, también por declaraciones dadas a la prensa. El objetivo es suspenderlo como a Vela, y así apartarlo de los casos que tiene, entre ellos el de Keiko Fujimori. Pérez ha acusado a Keiko por recibir en forma oculta y lavar más de 15 millones de dólares de poderosos empresarios, entre los cuales está la constructora Odebrecht, y ha pedido 30 años de prisión para ella. El caso está a la espera que se fije fecha para el inicio del juicio oral. Apartar a Pérez del proceso en este momento, cuando debe sustentar la acusación contra Keiko, sería un duro golpe al juicio contra la heredera del encarcelado exdictador Alberto Fujimori. Es lo que el fujimorismo espera.
El gobierno también celebra los golpes dados a los procesos anticorrupción. El equipo de fiscales que coordinaba Vela investiga por lavado a la presidenta Boluarte en un caso relacionado con supuestos aportes no declarados para la campaña electoral de Pedro Castillo, de quien Boluarte fue vicepresidenta. La fiscalía anticorrupción también lleva los casos de los expresidentes Alejandro Toledo, en prisión preventiva acusado de cobrar coimas de Odebrecht, y Ollanta Humala, procesado por recibir aportes ocultos de la constructora brasileña para su campaña electoral, ambos ya en juicio oral. Para los dos expresidentes la fiscalía ha pedido 20 años de prisión. Otros casos que tiene este equipo fiscal son contra los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, acusados de recibir sobornos, en los que todavía está pendiente se inicie el juicio oral. También investiga por lavado al alcalde de Lima, el empresario de ultraderecha Rafael López Aliaga. La lista de políticos, funcionarios y empresarios investigados por este equipo fiscal es larga. Hay muchos intereses que buscan boicotear el trabajo del equipo de fiscales anticorrupción, que tienen a su cargo una investigación judicial sin precedentes en el país por el alto nivel de los investigados.
La fiscal de la Nación, protagonista central de esta ofensiva contra los procesos anticorrupción, está acusada de destituir a una fiscal que investigaba a su hermana jueza sindicada de cobrar sobornos para liberar narcos y reemplazarla por un fiscal que archivó el caso, de proteger una mafia judicial ligada al fujimorismo, de haber obtenido irregularmente sus títulos de maestría y doctorado, entre otros cargos. Con estas serias acusaciones encima, Benavides, muy locuaz para acusar al expresidente Pedro Castillo pero silenciosa cuando las denuncias de corrupción tocan a sus aliados, ha encontrado el apoyo de la mayoría parlamentaria de derecha para mantenerse en su cargo. Actuar según los intereses de esa mayoría, en la cual el fujimorismo tiene papel central, le asegura ese respaldo.
Benavides también es cuestionada por la investigación que lleva adelante contra la presidenta Boluarte por los 49 muertos por disparos de las fuerzas de seguridad contra manifestantes antigubernamentales, investigación que no avanza. Boluarte y altos funcionarios de su gobierno también enfrentan denuncias de corrupción. Como si se tratara de un operativo coordinado, el mismo día que Benavides suspendía al fiscal Vela, el gobierno destituía al procurador general Miguel Soria, quien desde su función de abogado del Estado ha venido impulsando denuncias por corrupción contra funcionarios del gobierno y más de una veintena de congresistas, y ha realizado una serie de acciones -como pedir declaraciones de testigos no citados por la fiscalía- para avanzar las investigaciones contra Boluarte por las muertes durante la represión, en lo que ha chocado con la fiscal Benavides.
El círculo se cierra con el proceso iniciado por la mayoría parlamentaria para destituir, a pesar de no existir una causa que justifique esa medida, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, encargada de nombrar jueces y fiscales y a los jefes de los organismos electorales. Esto les daría el control total del sistema de justicia y los organismos electorales. El boicot a los procesos anticorrupción forma parte de una ofensiva contra la justicia y la debilitada democracia, que avanza bajo el paraguas de la alianza entre el gobierno de Boluarte y la mayoría parlamentaria de derecha y ultraderecha. Alianza a la que se ha sumado el partido Perú Libre que llevó a Castillo a la presidencia, que tiene a su secretario general, Vladimir Cerrón, prófugo por una condena de corrupción.
