No es la primera vez que vecinos y vecinas, organizaciones campesinas y gauchas de la localidad jujeña de El Carmen se manifiestan contra el desarrollo inmobiliario que busca imponer el gobernador Gerardo Morales. El lunes último lo repitieron en una nueva audiencia pública ambiental convocada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy para tratar el estudio de impacto ambiental del "Proyecto Integral de servicios y alojamiento con fines turísticos y desarrollo Inmobiliario".
La instancia administrativa ambiental se celebró en la Casa de la Historia y la Cultura de El Carmen y tuvo por objeto lograr el aval de su población. La propuesta contempla la construcción de varias torres de altura sobre seis a ocho hectáreas, según precisaron funcionarios provinciales, todas ellas ubicadas sobre una de las riberas del Dique La Ciénaga. Puntualmente, se construirán torres habitacionales, con una superficie total estimada en 22.500 metros cuadrados. Lo que es lo mismo, las torres de altura concentrarán 200 unidades habitacionales con quincho y piletas. Se sumará un parque de cuatro hectáreas y media, club house, espacios comerciales (restaurantes incluidos), canchas deportivas, una guardería naútica, un hotel y un casino.
El Ejecutivo jujeño a través del Ministerio de Ambiente, promueve desde 2017 la inversión de privados para la construcción de proyectos inmobiliarios que conviertan a la ribera del dique La Ciénaga, y también al vecino Las Maderas, en "la Carlos Paz de Jujuy" -por el Dique San Roque de Córdoba- o en "la Miami de Jujuy". Las y los carmenses recordaron el lunes en varias oportunidades esas declaraciones realizadas por el gobernador jujeño saliente, cuando comparó el futuro urbano en los diques jujeños con esas ciudades turísticas. Se trata de un modelo que el gobierno pretende implantar y vecinos y vecinas rechazaron ya en varias audiencias públicas celebradas desde 2019, porque consideran que los expulsará del territorio que habitan por generaciones.
Uno de ellos recordó el lunes que Morales cambió su estrategia para disimular el impacto ambiental. "Será de a poco y en micro escalas", advirtió. Mientras pasaban expositores y expositoras, por Facebook, red por la que se transmitió la audiencia en directo, los comentarios tampoco fueron favorables al proyecto inmobiliario: "No a la inmobiliaria de Morales", "La policía nos violentó al ingreso y los funcionarios nos hacían burlas desde sus sillas para intentar censurarnos", "Los proyectos son el futuro genocidio para la flora, fauna, y las comunidades", opinaron.
El "progreso" de ser sirvienta
La Organización Campesina Los Perilagos denuncia hace años que el gobierno jujeño promueve con la mega urbanización un modelo que pone en peligro el abastecimiento de agua y la salubridad ambiental en general. En la audiencia ambiental del lunes se reavivaron los reclamos por obras públicas que mantiene toda la población de la zona. Carecen de infraestructura suficiente de cloacas y de agua para abastecer sus necesidades básicas. La crítica de reactivó al comparar la inversión "faraónica" del emprendimiento inmobiliario en desmedro de las y los habitantes carmenses.
"No tenemos agua, y la situación se agrava con la sequía. Encima nos prometen que el progreso significará para nosotros trabajar de sirvientas limpiando los baños de hoteles lujosos, sirviendo en sus restaurantes", dijo Noelia Florencia González, integrante de la Organización Los Perilagos. "Soy cuarta generación de mujeres campesinas y pedimos la suspensión de la audiencia pública", dijo. El reclamo se repitió en boca de otras personas que se manifestaron en contra del proyecto. "Nos dan 15 minutos para exponer y diez días para analizar más de 200 páginas de un impacto ambiental que nos criminaliza. Dicen que somos nosotros quienes contaminamos el lago con nuestros animales, pero es mentira", acotó González. Agregó que el gobierno jujeño busca criminalizarlos y encendió los aplausos en la Casa de la Historia y la Cultura.
"Hay desmonte de máquinas que abren caminos aunque nos paramos en frente y lo vamos a volver a hacer", dijo Lorena Paola Mamaní, en nombre de su familia que habita en la zona también hace cuatro generaciones. "En la anterior audiencia -en agosto de 2022- se armó un equipo con gente de la zona que conoce los lugares", precisó. "Dejamos constancia de la destrucción de árboles nativos, mataron animales", denunció luego, "las corzuelas y gatos del monte, con tanto desmonte, no saben dónde ir. Va a pasar como en Nordelta", con los carpinchos que regresan a su antiguo hábitat. "No son los animales el problema, son los seres humanos", cerró.
Impacto negativo
Mamaní apuntó directo al planteo ambiental de los desarrollos inmobiliarios liberales, que proponen un esquema de expulsión, extranjerización del paisaje, y uso no productivo del agua -un recurso destinado a jardines y piletas- que se repite hace varias décadas en todo el país. "El proyecto ambiental va a causar contaminación", agregó en alusión a la exposición de Jorge Escalante, el geólogo que presentó el estudio de impacto ambiental. Fue uno de los primeros en exponer el proyecto y también uno de los primeros en retirarse.
Escalante argumentó que todo impacto negativo tiene su reverso positivo con el tiempo, y que será el caso del proyecto inmobiliario. "Si bien existirá pérdida de cobertura vegetal y de fauna" en las etapas iniciales del proyecto, "descarto que la obra tenga un impacto sobre el ambiente" al finalizar su ejecución, dijo. "Mejorará la calidad de vida, mejorarán los servicios", prometió en alusión a la actividad comercial que derramará el emprendimiento. Aseveró que el proyecto contempla un "plan de forestación para las especies y ornamentos, y el adecuado diseño de medidas para minimizar los impactos. Todo fue autorizado por las autoridades de aplicación", concluyó.
"No somos desechables", dijo Esperanza Pereyra, otra mujer que expuso en la audiencia ambiental. "Este año ha sido espantoso para las familias" por la violencia institucional que ejerció el gobernador sobre buena parte de la población jujeña que se opuso a la reforma de la Constitución de esa provincia, añadió. "Nos solidarizamos con el Tercer Malón de la Paz, con las familias desalojadas de Finca El Pongo", donde una Sociedad del Estado produce cannabis medicinal. "No es un negocio, sino un avance sobre nosotros, quieren el alma, pretenden que les demos todo".
Alejandra Cejas, abogada que apoya a la Organización Campesina Los Perilagos, recordó que la versión del estudio de impacto es resumida y no resulta pertinente para los alcances y dimensión del proyecto inmobiliario. La Universidad Nacional de Jujuy "aseguró que el impacto ambiental del proyecto es simplificado y no corresponde", aseguró. Solicitó que "dejen de sacar a los propietarios para sus negocios". "Con todo los problemas sociales que tiene Jujuy, y la falta de agua en toda la provincia, este proyecto es inmoral", recriminó.
Silvana Llanez, otra abogada jujeña presente en la audiencia y que también apoya a las organizaciones campesinas y familias gauchas de Los Perilagos, denunció "la apropiacion del espacio común para la clase adinerada y racista de Jujuy"y con ello "la clase urbana y campesina tendremos que conformarnos con lidiar en las orillas privatizadas". En la misma línea argumental, Luis González, campesino y miembro de la organización de Los Perilagos, interpeló a los funcionarios del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático presentes en la audiencia: "No hay voluntad de investigar y decir la verdad. Queda claro el autoritarismo y el plagio de la consultora ambiental que sigue haciendo estudios vergonzosos".
Referentes del campesinado contextualizaron el proceso que avala el gobierno jujeño. Recordaron que la venta de las tierras alrededor del perilago del dique La Ciénaga y del espejo de agua Las Maderas -separados por pocos kilómetros- comenzó entre 2017 y 2018, cuando el gobierno de Morales desafectó el área de su rango de protección ambiental mediante la ley 6049/17. Las familias de la Organización Campesina de Los Perilagos y otras cien que habitan ancestralmente en la zona presentaron un amparo ambiental en 2018 contra la provincia jujeña. Advirtieron entonces que el gobierno había recategorizado lo que era reserva protegida natural por la nueva denominación de área de desarrollo sostenible. Ese amparo todavía espera resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ahora esperarán que el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático formalice los pedidos planteados en la audiencia del lunes pasado y envíe sus respuestas a quienes expusieron. "Seguramente iniciaremos un proceso judicial", adelantó Cejas a Salta/12. Las inversiones plantean la expulsión lisa y llana de toda la población gaucha y campesina que todavía produce a escala familiar y habita la zona desde antes que los diques artificiales se llenaran durante la segunda mitad del siglo pasado.
