Horacio Pietragalla Corti: "No queremos retrocesos en materia de derechos humanos"

Argentina tiene muchos logros para mostrar en materia de derechos humanos. El museo que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) fue declarado patrimonio mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco); se registraron más de 1200 condenas en juicios por lesa humanidad; se señalizaron 66 lugares en los que se cometieron crímenes durante la dictadura y se comenzó con los trabajos en Campo de Mayo y otros dos lugares destinados a ser espacios de memoria. En el último año –gracias a los esfuerzos de las Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado argentino– tres hombres restituyeron su identidad.

Esos son algunos de los hitos que la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) decidió destacar en el informe de gestión 2019-2023. A poco más de una semana de que asuman el gobierno Javier Milei y Victoria Villarruel –que dicen que los crímenes de la dictadura fueron “excesos” en el marco de una guerra–, Página/12 repasó con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, los avances, los pendientes y los peligros.

- ¿Cuál diría que fue la marca de su gestión?

- Nuestra política frente a la violencia institucional: cómo encaramos una problemática en la que antes eran las organizaciones civiles -como la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi)- las que venían acompañando los casos y las querellas. Para mí fue un antes y un después. Recibimos más de 3 mil denuncias. También les dimos prioridad a los juicios de lesa humanidad y armamos un plan estratégico, pero la impronta nueva de la SDH fue el tema de violencia institucional. Pudimos llevarlo adelante con una lógica similar a las políticas de memoria, verdad y justicia; las señalizaciones y las querellas, por ejemplo.

- ¿Por qué eligieron la consagración del Museo de la Memoria de la ESMA como el primer hito del período 2019-2023?

- Si bien era un trabajo que inició Cristina (Fernández de Kirchner) en 2015 y pasó por la gestión de (Germán) Garavano también, el esfuerzo completo, la firma del expediente y la contratación de expertos para hacer el informe se hizo durante nuestra gestión. Entendíamos que no teníamos que tocar nada del guión del Museo en el que se cuenta lo que significaron los golpes de Estado en la región. La Unesco no solo reconoce un edificio donde se torturó, violó, asesinó personas y se produjeron partos clandestinos, sino que también reconoce lo que fue esa represión y el contexto de la época. Cuando ve Auschwitz como patrimonio de la humanidad, ve todo lo que sucedió en esa época. La ESMA representa a todas las dictaduras, todos los espacios de memoria, al plan sistemático que se llevó adelante para instalar un modelo económico. Lo más fuerte fue escuchar que la Unesco decía que se aniquiló a la oposición política. El patrimonio de la humanidad no solo es el sello que se le da a la ESMA sino que se sigue construyendo una idea de que también la persecución política puede generar genocidios.

- Cuando este gobierno asumió, el proceso de justicia llevaba cerca de quince años desde su reapertura. ¿Cuáles fueron los retos que detectaron en esta etapa?

- La primera condena fue en 2006. En ese momento, había un gobierno que contagiaba la idea de acelerar los juicios después de casi 30 años de impunidad que tuvieron los que estaban siendo juzgados. En el macrismo se relajó eso: había una audiencia por semana, se dilató todo mucho, juicios que no empezaban. Una de las ideas era pensar un plan estratégico para acelerar y recuperar el tiempo perdido en esos cuatro años de neoliberalismo. Lamentablemente, apenas asumimos vino la pandemia y esto hizo que se retrasaran los procesos. Se tomaron muchas medidas: la SDH decidió tener peritos propios. Hicimos más de 300 peritajes y eso también ayudó a acelerar los tiempos. Cuando tuvimos que decir que una persona no estaba en condiciones de afrontar un juicio, también lo hicimos, más allá de la necesidad que teníamos de que hubiera justicia.

- ¿Cómo encararon el trabajo frente a los organismos internacionales?

- Los organismos internacionales no son el enemigo; son un aliado estratégico. Si bien sabemos que en determinados contextos políticos en la región se puede ver algún direccionamiento de estos organismos, nosotros generamos un trabajo serio a partir del reconocimiento de errores que cometió el Estado argentino. Pusimos como premisa que, si teníamos que pedir disculpas, lo íbamos a hacer. Lo que tuvimos que defender lo defendimos y donde tuvimos que reconocer responsabilidad del Estado la reconocimos. Eso hace que después puedas sentarte con los peticionarios y puedas trabajar en una solución amistosa que ayuda a modificar lo que está mal dentro de nuestro Estado. Nosotros llegamos a 49 soluciones amistosas. En el ámbito internacional, además, copiamos la consigna de los organismos de “adonde vayan los iremos a buscar”. Buscamos a los genocidas donde estaban refugiados, nos entrevistamos con fiscales, mostramos el interés del Estado argentino a través de las distintas embajadas. Por primera vez, nos presentamos como querellantes en causas que se llevan a cabo en el exterior.

- Uno de los puntos que ustedes destacan son los avances de la política reparatoria, pero el próximo gobierno ya advirtió que será materia de auditoría...

- Nosotros hicimos todo enmarcado dentro de la ley. Pueden hacer las auditorías que quieran, siempre y cuando entiendan lo que es reconocer a las víctimas del terrorismo de Estado. Si vienen a hacer una auditoría con una cabeza en la que no hay reconocimiento del terrorismo de Estado ni de las víctimas, ahí será un problema. Pero eso pasa más por lo ideológico que por lo técnico-administrativo. Nosotros ampliamos criterios a partir de fallos de la Corte o consultas con la Procuración. Cuando asumimos teníamos más de 30.000 expedientes, había muchos que había que descartar. Nuestra gestión fue la que descubrió a unas personas que estaban haciendo fraude al Estado a partir de las leyes reparatorias, fuimos querellantes y logramos su procesamiento. Obvio que falta. Las víctimas se nos están muriendo. Pusimos como criterio darles prioridad a las personas más longevas, a aquellas que estaban transitando enfermedades o estaban por debajo de la línea de la pobreza.

- ¿Qué siente que quedó inconcluso?

- Todo. Estar conforme en materia de derechos humanos hablaría muy mal de mí. La sensación que tenemos todos es que nos quedamos a mitad de camino. Si bien teníamos muy claro el objetivo de nuestra gestión, hay cosas que no pudimos lograr como las leyes contra la violencia institucional, de archivos o de espacios de memoria. Lo cotidiano de la SDH es estar al lado de las víctimas, acompañar en casos de violencia institucional o de salud mental -- de personas que perdieron su dignidad a partir de años de encierro y de no tener derechos. La frustración es sentir que estábamos en un camino, con mucho reconocimiento de las víctimas y obviamente con errores, pero estábamos en un camino. Con un proyecto neoliberal como el que se viene lo único que va a haber son retrocesos en esta materia. Eso nos duele. Los compañeros y las compañeras que compartimos en la SDH conformamos nuestra asociación civil, que es la Red Federal de Derechos Humanos, desde donde vamos a continuar con el trabajo. Vamos a generar una red de trabajo, de acompañamiento y de denuncia de los atropellos que puedan llevar adelante.

- ¿Qué se sabe del futuro de la SDH, no solo por las políticas sino también por los trabajadores?

- Nada. Eso nos genera una angustia muy grande. La semana que viene tendremos una reunión con los trabajadores y las trabajadoras. Nadie del próximo gobierno se nos acercó para entender qué van a hacer en materia de derechos humanos, pero sí sabemos por los organismos de derechos humanos, por nuestras Madres y nuestras Abuelas, que la defensa de la exESMA, del trabajo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y de muchas políticas será férrea. No queremos retrocesos en esta materia. La política de derechos humanos debería ser llevada transversalmente por cualquier gobierno sin importar la ideología. Tendría que existir ese pacto social.