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La paciencia de los gobernadores comienza a agotarse, al menos públicamente. En medio de una creciente tensión con la administración nacional por la distribución de recursos, los mandatarios provinciales comenzaron a expresar públicamente su descontento.
La denuncia principal gira en torno a una “falta de mirada federal” por parte del gobierno de Javier Milei, evidenciada en el abandono de obras estratégicas, principalmente rutas nacionales, que no son responsabilidad provincial pero cuya parálisis afecta de manera directa a las regiones.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, fue uno de los que más enfáticamente cuestionó el abandono de la Nación en rutas estratégicas para el norte argentino. Otro de los casos más notorios fue el del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien decidió señalizar con carteles de fondo rojo y letras blancas las rutas nacionales A012, 33 y 9, con la leyenda: “Aquí empieza la ruta nacional mantenida por el Estado Nacional”.
“Están colapsando por falta de mantenimiento”, advirtió Pullaro, quien también detalló que la provincia ha aportado asfalto para bachearlas, mientras “la Nación cobra impuestos, pero no invierte en las rutas que esos mismos camiones destruyen”. La señalética busca evidenciar un deterioro que este año ya provocó 60 muertes en siniestros viales y, de no haber respuesta, el gobernador anticipó que Santa Fe podría ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para asumir la administración de las rutas nacionales por su cuenta.
Desde Salta, el gobernador Gustavo Sáenz también hizo reclamos. En declaraciones a La Nación+, advirtió que “la falta de recursos compromete seriamente el mantenimiento de las rutas nacionales”, y puso el foco en el “lamentable estado” de la ruta 34, especialmente en el tramo que conecta a las ciudades de Metán y Rosario de la Frontera, una vía clave para la conectividad del sur provincial.
A un año de haber criticado con dureza esa situación -cuando afirmó que “están cobrando peaje a la gente para que se mate"-, la realidad no mejoró. La ausencia de inversión nacional sigue generando riesgo vial, demoras logísticas y un deterioro preocupante para el tránsito regional. Sáenz llamó a sus pares a sumarse a un “diálogo real” con el Gobierno nacional para revertir la situación y exigir una distribución más justa de los fondos públicos.
La tensión con la Nación se incrementó luego de que los gobernadores lograran la semana pasada la media sanción en el Senado de iniciativas que apuntan a redistribuir recursos, como la reforma en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles. La respuesta presidencial fue contundente: Milei anunció que vetará todo. Y el enojo de las provincias comenzó a hacerse visible.
Una relación en tensión
Mientras los reclamos se multiplican, hasta hace unos días Sáenz buscaba marcar límites sin romper del todo los puentes con la Nación. En declaraciones a Radio Mitre, intentó salir del fuego cruzado que implicó la amenaza presidencial de veto a las leyes sancionadas en la Cámara Alta: “Entendemos su enojo y también hay que entender sus formas, pero compartirlas es otra cosa”, sostuvo el gobernador salteño.
Sin embargo, también mostró molestia: “Nosotros no le clavamos ningún puñal a nadie”, afirmó, y reprochó que Milei haya omitido reconocer el apoyo de los legisladores que responden al oficialismo provincial. “Obvió injustamente una parte importante de acompañamiento y apoyo de muchos legisladores y gobernadores que hicimos posible que esas leyes tan importantes hayan sido posibles”, sostuvo, aludiendo a los votos de Pamela Calletti, Yolanda Vega y Pablo Outes, a la llamada Ley de Bases.
En ese mismo reportaje, Sáenz pidió a los funcionarios nacionales que salgan del despacho y recorran el país. “Los vamos a acompañar con mucho gusto para que vean lo que hablamos”, propuso. “Para que conozcan la realidad, los funcionarios de Buenos Aires tienen que venir y recorrer cada una de las provincias y ver que son realidades distintas”, subrayó. Y completó: “El día que logremos eso, se van a poder tomar decisiones a nivel central que determinen cuáles son las provincias que realmente reclaman con legitimidad y cuáles las que solo quieren sacar una ventaja política en momentos difíciles”.
En este escenario, el salteño intenta moverse en el filo: mantener canales abiertos con la Nación para sostener lo que aún es posible gestionar, pero también marcar ciertos límites.
No obstante, ahora es el gobierno de La Libertad Avanza el que necesita con mayor celeridad de las provincias para mantener los vetos presidenciales. El oficialismo necesita al menos 86 legisladores para sostener los vetos en la Cámara de Diputados de la Nación. Salta, como otras provincias, está en un primer plano, dada la cercanía con el gobierno de Milei, por lo que el rol de los gobernadores y sus vínculos con los legisladores se vuelve determinante.
Cercanía política, distancia presupuestaria
A pesar de los crecientes reclamos, Sáenz ha sido uno de los gobernadores que mantuvo una actitud conciliadora con la Casa Rosada. El 7 de julio, incluso, publicó en su cuenta de X una foto junto a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, con un mensaje enfático. “Creo profundamente en el diálogo y el consenso como camino para encontrar soluciones reales y construir un verdadero federalismo”, decía el posteo.
Sin embargo, mientras en redes se cultivaban los gestos diplomáticos, al día siguiente el Gobierno nacional oficializó -a través del Decreto 461/2025- la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. Fundado en 1932, el organismo quedó así reducido a historia. La medida afectó directamente al Distrito 5, Salta, que concentra a 189 trabajadores que operaban en zonas clave de conectividad para comunidades rurales, centros urbanos y pasos fronterizos.
El decreto, firmado por Javier Milei y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, representó un golpe directo a la estructura federal del Estado. En Salta, se declaró el estado de alerta. “Esto no es solo una pelea sindical, es una lucha por el derecho a circular, a vivir, a producir. El Estado no es el problema. Es la herramienta. Y nos la están arrancando”, describió Verónica Verlasso, secretaria general del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional (SPVN).
El 8 de julio Sáenz firmó con el administrador de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, un convenio para que la provincia continúe con las obras en el primer tramo de la ruta nacional 51, desde San Antonio de los Cobres a Mina Poma.
La escena fue llamativa: mientras el organismo era desmantelado, se cerraban acuerdos que intentaban salvar lo poco que quedaba en pie (aunque no existe certeza de que se cumplan). Además, se firmaron acuerdos para que Salta busque financiamiento para otros dos tramos de esa misma ruta, estratégicos para la salida al Pacífico.
Ya para el lunes 14 de julio, el Gobierno de Salta difundía un parte donde insistía en mostrar avances. “Avanzan firmes las gestiones para las obras de la Ruta 51 a cargo de la provincia”, señalaba el comunicado. Allí se detallaba con mayor énfasis el reciente convenio por el que la Provincia asumía la responsabilidad de ejecutar la obra con financiamiento del FONPLATA Banco de Desarrollo.
En ese marco el gobernador remarcó que la ruta nacional 51 “no es solo un camino, es una vía de integración, de progreso y de desarrollo para nuestra gente”. Destacó que esta obra se inscribe en el Corredor Bioceánico, considerada clave para abrir mercados del Pacífico a la producción salteña. Además, se confirmó que el Grupo Pietroboni -empresa con más de 60 años de trayectoria- estará a cargo de ejecutar el primer tramo de obra. La firma se complementa con otros acuerdos para financiar los tramos IV (Campo Amarillo - Salar del Rincón) y V (Salar del Rincón - Paso de Sico, límite con Chile).
