En su primer día de funciones como presidente de Ecuador, y tal como había prometido durante la campaña electoral, Daniel Noboa eliminó por decreto lo que se conoce en Ecuador como la “tabla de drogas” o la “tabla de consumo”, que regulaba las cantidades máximas de drogas que podía tener una persona para considerarse consumo personal sin ser detenida ni procesada por narcotráfico.

Mientras el país atraviesa una grave crisis de seguridad, con la expansión del crimen organizado y la tasa más alta de homicidios de su historia; una crisis carcelaria, que incluye matanzas sanguinarias al interior de los penales con conexiones extra e intramuros; y una crisis política, que terminó con elecciones anticipadas y la salida del expresidente Guillermo Lasso justo cuando estaba por ser juzgado en causas de corrupción; el joven mandatario Noboa tomó esta medida como la primera de su mandato.

En línea con una visión punitivista del consumo de drogas, Noboa remarcó cada vez que pudo que esta tabla fomentaba el “microtráfico de drogas” y era un “elemento nocivo” para la sociedad ecuatoriana.

Esta tabla había sido incorporada en 2013, durante el gobierno de Rafael Correa, como un instrumento para evitar la criminalización de los usuarios y garantizar el principio constitucional que entiende al consumo de drogas como “un problema de salud pública” que en “ningún caso” debe ser criminalizado.

La tabla permitía la posesión sin arresto de hasta 10 gramos de marihuana, 1 gramo de cocaína, 0,10 gramos de heroína y 0,02 gramos de éxtasis. El gobierno no dio más detalles sobre las consecuencias prácticas y legales de la eliminación de este esquema.

¿Por qué se transforma esta en la primera medida del nuevo gobierno? ¿Cuánto ayudaría a solucionar la crisis de seguridad?

Populismo y mano dura

La respuesta parece no sorprender a quienes siguen de cerca la política ecuatoriana. “Mientras Colombia planea la regulación de la cadena de valor de la hoja de coca, cannabis y amapola, Ecuador regresó a la era jurásica para criminalizar a usuarios de drogas. Qué viejo y conservador resultó ser el joven Daniel Noboa”, escribió en Twitter, el especialista en seguridad Jorge Paladines, profesor de la Universidad Central del Ecuador y autor de “Matar y dejar matar: las masacres carcelarias y la (des)estructuración social del Ecuador”.

Según Paladines, la tabla de umbrales, como la llama a estas dosis de referencia, funciona como una garantía de política pública que legitima la posesión de drogas para que los usuarios no sean criminalizados. “La idea de que los narcotraficantes se encubren en estos umbrales para generar impunidad no se sostiene en ninguna evidencia empírica. Es una idea instalada por la derecha”, explica.

Para Paladines, los sectores conservadores lograron instalar en el imaginario social que la tabla es la culpable, algo así como un chivo expiatorio. “Decir que eliminar los umbrales va a solucionar el problema del narcotráfico es totalmente falso y populista”, aclara.

De acuerdo con esta tesis, la eliminación de la tabla sería la primera medida antes del regreso de las políticas prohibicionistas de los 80, que imponían tratamientos compulsivos a través del sistema penal (las Cortes de drogas), y otras medidas de “mano dura” como la restricción de garantías procesales, construcción de nuevos establecimiento penitenciarios, incrementos de potestades de la institución policial, entre otras.

Qué dice la Constitución de Ecuador sobre el consumo de drogas

La carta magna de Ecuador deja en claro su enfoque no punitivista sobre el consumo de drogas en el artículo 364. Allí aclara que “las adicciones son un problema de salud pública” y que al Estado le corresponde ejecutar programas coordinados de “información, prevención y control del consumo”. Además, este artículo agrega que “en ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos”.

En 2019, la Corte Constitucional ecuatoriana falló a favor de la constitucionalidad de la tabla y determinó que los umbrales son referenciales, una herramienta, y que “si no se demuestra el tráfico se presume que quien fue detenido con droga es consumidor”.

“Derogar la tabla es inconstitucional, ya lo dijo el precedente de la Corte en 2019. Las tablas funcionan como una protección del principio de inocencia. No nos interesa jurídicamente lo que quiera hacer cada uno con su cuerpo, lo que nos interesa es que el sistema penal no castigue a una persona por su deseo o por sus gustos”, agrega el especialista.

¿Entonces? ¿Cuánto va a resolver el problema de fondo?

“Nada”, aclara Paladines para quien la respuesta es incluso peor. Porque si las tablas protegían la garantía de la no criminalización pese a ser un derecho constitucional, el hecho de no contar con estas referencias en cuanto a la posesión de drogas como guías podría aumentar la discrecionalidad de los uniformados o los agentes de seguridad que intervengan en cada caso.

“Sin los umbrales va a ser más discrecional el ya cuestionado trabajo de la policía, lo que va a generar más personas en la cárcel y, por lo tanto, aumentar el reclutamiento de las bandas. La violencia en Ecuador nace en las cárceles y si aumenta la población carcelaria las bandas van a crear sus ejércitos”, finaliza.