El Gobierno oficializó este viernes el "protocolo antipiquetes", la medida impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para impedir y reprimir la protesta social que derivará del fuerte ajuste implementado por la administración de Javier Milei.
A través de la resolución 943/2023, publicada en el Boletín Oficial, se establece el "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación", anticipado este jueves por la excandidata a presidente de Juntos por el Cambio y hoy titular de la cartera de Seguridad.
En sus considerandos, se argumenta que este protocolo surge ante "la urgencia de la situación" y la "confusión introducida por una actitud pasiva sostenida durante mucho tiempo por las autoridades frente al desorden en la vía pública".
Y resalta que la "recurrencia, intensidad, extensión y frecuencia de la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías" ha derivado en "una situación insoportable para la población que sufre esos actos ilícitos".
Protocolo de Patricia Bullrich: los puntos salientes
- Las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales "intervendrán frente a cortes totales o parciales de tránsito o medios de transporte", como por ejemplo en las vías de los trenes. Tendrán jurisdicción en territorios provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- No hará falta orden judicial para que las fuerzas de seguridad intervengan. Por impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías "debe entenderse cualquier concentración de personas o colocación de vallas que disminuyan el ancho de las calles, rutas o avenidas".
- La acción de las fuerzas policiales y de seguridad apuntará a "despejar los accesos, hasta dejar totalmente liberado el espacio".
- En los procedimientos, los efectivos "emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente" con "armas no letales". Sin embargo, se aclara que esa fuerza será "graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes" y con "empleo de armas no letales".
- Deberán "identificar a los autores, cómplices e instigadores" de los cortes y protestas. También identificarán los vehículos con los cuales los manifestantes llegaron a las protestas.
- "Los datos de los autores, cómplices, instigadores y organizadores" de las protestas "registrados por las fuerzas de seguridad" —como organizaciones formales o informales, gremios o partidos políticos— serán "remitidos al Ministerio de Seguridad".
- Cuando se observen actos que puedan ocasionar "daño ambiental" (como quema de neumáticos) "se dará aviso al juez competente y a la autoridad ambiental".
- El Ministerio de Seguridad "podrá demandar judicialmente" a las organizaciones y personas individuales que convoquen o participen de los cortes, "por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos".
- Se "creará un registro de las organizaciones que participan de las acciones" y de "infractores identificados de cada una de esas entidades, sin inclusión del nombre de las personas físicas hasta tanto no exista resolución judicial sobre ellas".
