En la provincia de Santa Fe hay 899.864 niñas, niños y adolescentes que tienen entre 0 a 17 años. Son aproximadamente el 25,4% del total de población de la provincia, según datos del Censo 2022. El informe Niñas, Niños y adolescentes en la provincia de Santa Fe, elaborado por la Defensoría de NNyA analiza -entre otros temas- la violencia urbana y concluye que "en el Departamento Rosario ocurrieron casi la totalidad de muertes violentas de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Santa Fe en este 2023. Y el porcentaje de heridos de arma de fuego (HAF) se incrementó. Entre enero y septiembre de 2023 se registraron en el Departamento Rosario 631 heridos de arma de fuego, de los cuales 86 son niñas, niños y/o adolescentes". En el departamento Rosario 9 de cada 100 homicidios son de menores de 17 años, dice el informe, de elaboración propia en base a datos del Observatorio de Seguridad Pública. De los 19 homicidios que se produjeron en los primeros nueve meses de 2023 en la provincia de menores de 17 años, 18 fueron en el departamento Rosario. 

"Con este informe, preparamos un relevamiento del estado de las infancias en la provincia", expresó Gustavo Lorenzo, subdirector del Área Jurídica y Relatoría de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe. Además de estos datos, la Defensoría tiene "una agenda de situaciones urgentes, muchas veces de situaciones individuales o puntos graves, que ni siquiera pueden esperar a la planificación de la política pública", dijo Lorenzo. Hubo comunicaciones informales con la secretaria de Niñez, Daniela León, para agendar reuniones sobre diferentes temas. La relación con la gestión anterior, a cargo de Patricia Chialvo, fue compleja por el retaceo de información del Ejecutivo y la falta de respuesta a las demandas urgentes del organismo del control, que depende de la Legislatura. 

En septiembre de 2023, Unicef relevó que en la Argentina el 56% de niñas, niños y adolescentes vive en hogares urbanos cuyos ingresos no cubren los gastos de una canasta básica de bienes, lo que signifca que están en situación de pobreza. Y un 13 % de esas niñas, niños y adolescentes pertenecen a hogares en los que los ingresos no llegan a cubrir la canasta de alimentos. 

En ese marco, el extenso informe le dedica una buena parte al sistema de protección. Y toma datos de los Servicios Locales, que son quienes reciben las situaciones de vulneración de derechos a niñas, niños y adolescentes detectadas principalmente en escuelas, centros de salud o centros comunitarios. "En el 70% de los servicios locales se relevaron condiciones laborales de las y los profesionales bajo contratos o prestación de servicios y casi el 75% de los servicios locales no cuentan con los recursos suficientes para desarrollar su trabajo", dice el informe. Entre las principales carencias, faltan profesionales, en un 67 por ciento de los casos. Las principales problemáticas que abordan son: violencia familiar, asistencia económica, abuso sexual, acceso a la educación. 

Lorenzo lo pone en estos términos: "Los servicios locales son el primer eslabón que recibe los problemas que tienen los niños, niñas  y adolescentes en su crecimiento. Esta respuesta del Estado aparece como un sistema débil para la complejidad de la situación". 

Si una situación de vulneración no puede resolverse con intervención profesional en el centro de vida del niño, niña o adolescente afectado, el Estado debe tomar medidas de protección excepcional. Es decir, separarlos de su familia y definir su alojamiento, ya sea en una familia transitoria o en una institución. La política de la gestión anterior fue desalentar la toma de estas medidas, aún contra las opiniones de los equipos profesionales. "El número de MPE tomadas en 2023 representaría un 53,8% menos de las tomadas en 2018 y un 56,5% de las tomadas en 2019, lo cual representaría un descenso de la cantidad de niñas, niños y adolescentes en la órbita del Sistema Excepcional", dice el informe. Esto tuvo su correlato presupuestario, ya que "en términos reales, es decir considerando la pérdida de poder adquisitivo producto de la inflación, ambos programas sufren una disminución con respecto a lo que recibían en 2020". 

"Desde la Defensoría históricamente se ha hecho un seguimiento muy exhaustivo de los centros residenciales, estructuras de alojamiento, programas de acompañamiento. Ahí es compleja la situación, hay mucho deterioro en todo el sistema de alojamiento, que en su mayoría es privado, a través de convenios", señala Lorenzo, quien apunta este tema como uno de los que la Defensoría quiere tratar de manera más específica. "Este sistema tienen problemas graves, los lugares de alojamiento incumplen con los requisitos de las leyes nacional, provincial y el decreto que los regula, que marca todos los estándares que los centros residenciales deben tener. Este decreto es vulnerado sistemáticamente en muchísimos rubros", plantea el funcionario. 

Para la Defensoría, urge "repensar todo el complejo de alojamiento, para que realmente produzca la superación frente a situaciones de vulneración de derechos de niños y niñas adolescentes, y no que sea un lugar que termina siendo productor de vulneraciones, que se suman a lo que ya venían sufriendo por su historia de vida, su historia familiar y comunitaria. Eso nos parece algo muy específico, que hay que abordar de una manera más puntual". 

De hecho, la Defensoría ha presentado denuncias por abusos sexuales hacia niñas, niños y adolescentes en diferentes instituciones. "Es una agenda que tenemos, no solamente la cuestión de los abusos directamente cometidos por algunos operadores, sino también la cuestión de la responsabilidad institucional y política que puede haber con respecto al alojamiento en lugares que puedan generar este tipo de abusos y maltratos. Hay determinadas condiciones de alojamiento que pueden generar que un niño o niña sufra una situación de abuso o maltrato", dice con claridad Lorenzo.