Para terminar 2016 con el mismo poder adquisitivo que tenían a fines del año pasado, los trabajadores estatales provinciales deberían recibir un “bono” de 6568 pesos. Ese monto es un promedio que no dimensiona la heterogeneidad característica del empleo en el sector público. Cuando se analiza distrito por distrito, la suma necesaria para empatar el impacto de los aumentos de precios asciende hasta los 9092,8 pesos en Buenos Aires y trepa hasta los 18.215 pesos para Mendoza. Las estimaciones de los montos necesarios para paliar la caída en la capacidad de compra de los estatales fueron realizadas por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y los guarismos superan los 2000 pesos acordados entre el Gobierno y la conducción de la Confederación General del Trabajo. Asimismo, están por encima del adicional entre 2000 y 3500 anunciado para los trabajadores estatales nacionales. Hasta el momento 11 de las 24 provincias ya anunciaron el pago de un bono. La mayoría de ellas ya lo había hecho en 2015. 

Los economistas del CEPA estimaron que, en promedio, el poder adquisitivo de los trabajadores contratados por las dependencias provinciales aumentó 6,24 por ciento en 2015 mientras que durante este año se retrajo 4,98 por ciento. El informe sostiene que sólo en dos provincias los estatales no perdieron poder adquisitivo durante 2016 (Salta y Santiago del Estero). En ese escenario, los investigadores advierten que un bono de 2000 pesos para los estatales provinciales “sería equivalente a la reapertura paritaria con un aumento del sueldo de 4,87 por ciento. Pero, de acuerdo a sus propios cálculos, para lograr una recomposición salarial que “empate” los salarios actuales con los de 2015 en términos reales, “el aumento paritario de los sueldos debería ser 15,57 por ciento”.

A la hora de realizar sus estimaciones, el CEPA utilizó como insumo y referencia el salario de los docentes provinciales ya que constituye una aproximación al sueldo de los trabajadores estatales provinciales. Si bien esa información no representa al conjunto de los empleados estatales, el seguimiento de la plantilla del personal docente provincial y del gasto en salarios docentes “es representativo de las dinámicas de empleo y gasto publico provincial”. 

Con esa metodología, el informe ofrece una estimación para el monto del bono que deberían recibir los trabajadores estatales para terminar el año sin una fuerte caída en su capacidad de compra. El monto promedio es de 6568 pesos. Para los asalariados provinciales cordobeses la suma adicional asciende hasta 4429 pesos, entre los trabajadores santafesinos llega a 6671 pesos, los neuquinos deberían recibir 15.698 pesos y jujeños 9476 pesos. El monto más elevado corresponde a los estatales de Santa Cruz: 19.232 pesos. Por su parte en Catamarca la cifra llega a los 12 mil pesos y en Corrientes asciende a 14 mil pesos. 

En la provincia de Buenos Aires donde se discute la reapertura de paritarias para el último trimestre el bono necesario para terminar el año con un empate es de 9092 pesos. El aumento de 22 por ciento sobre los sueldos para el período octubre-diciembre es similar al reclamo de ATE. Como contraparte, la Provincia ofrece 3,5 por ciento que es menor a un bono de 2000 repartido en el sueldo durante los últimos tres meses del año (ese monto implicaría un aumento de 5,03 por ciento).

Además de los cálculos ofrecidos por el CEPA existen estimaciones realizadas por el Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD). El Boletín Nº2 del organismo que depende de la Universidad de San Martín ofrece una estimación de la pérdida salarial acumulada desde diciembre de 2015 para categorías ocupacionales representativas de un conjunto de convenios colectivos: metalúrgicos, administración pública, encargados de edificio y maestranza. En los primeros dos casos terminarán el año con un retroceso en sus ingresos de 12.899 y 21.225 pesos, respectivamente. En tanto, la merma interanual en diciembre llegará hasta 13.774 pesos para los trabajadores de maestranza y 15.655 pesos en el caso de los encargados. Ese es el monto que debería tener el pago adicional si el objetivo fuera compensar el deterioro registrado en 2016. El número es 6,5 y 10,5 veces superior a la propuesta oficial para el “bono de fin de año”.