El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley Ómnibus con una nueva catarata de cambios estructurales, que busca reducir el Estado a una mínima expresión, ampliar la desregulación de las grandes empresas del mercado e impulsar la concentración de grandes grupos económicos. Uno de los títulos lleva el nombre de Reorganización Económica y en el capítulo primero se presentan cambios para la “desregulación de la economía”.

En este apartado se derogan varias leyes, al mismo tiempo que se cambian algunos artículos de otras. Por ejemplo, el capítulo comienza derogando la Ley 25.715, que se conoce como la Ley de Azúcar. Se había promulgado en 2003 y estableció aranceles para la importación de azúcar de diferentes tipos.

Luego le sigue la derogación de la Ley 25.542, que busca dar de baja “el precio uniforme de venta” en la industria del libro. Es decir, que no sea necesario establecer un único valor para cada título. Se trata de un problema para las pequeñas librerías que estarán en problemas para competir por precios contra las grandes cadenas de comercialización.

Uno de los cambios que genera más polémica es la intención de derogar la Ley 27.442, que regula la Defensa de la Competencia, al mismo tiempo de buscar implementar una nueva Ley anexada al proyecto. No es un cambio menor porque esta norma es la que buscaba prohibir prácticas anticompetitivas y evitar abusos por posición dominante de mercado. 

“Se actualiza la Ley de Defensa de la Competencia simplificando y transparentando el proceso de selección de los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia”, menciona el proyecto. Se agrega que se tipifican mejor las violaciones a la defensa de la competencia y además se propone la creación de una nueva “Agencia de Mercados y Competencia” para investigar “conductas anticompetitivas de organismos públicos”.

Otro de los puntos que buscan derogarse se vinculan con la Ley 23.185, y su artículo 25. Este artículo es el que regula la venta de entradas en espectáculos deportivos. Dice lo siguiente: “el encargado de venta de entradas, que no ofreciere manifiestamente la totalidad de las localidades disponibles, o las vendiere en condiciones diferentes a las dadas a conocer por el organizador del espectáculo será sancionado con cinco a quince días de arresto”.

En el proyecto se incorpora además un nuevo artículo, el 48 bis, para liberar la reventa de entradas en los espectáculos deportivos. “las entradas deportivas pueden ser revendidas sin límite de las veces que pueda realizarse dicha operación. El encargado de ventas de entradas no podrá imponer restricciones”. La reventa ocurría en la práctica, pero ahora quedaría liberada.

En la propuesta de desregulación económica se incluye también cambios en el decreto de necesidad y urgencia 2753/91, el cual regula el ingreso de bienes del exterior mediante el régimen de equipaje. Se busca que no sea necesario completar formularios para el ingreso de bienes que llegan con el equipaje y que se hayan importado para consumo sin fines comerciales.

La propuesta de Ley Ómnibus también se mete en la desregulación de las señales satelitales. Se busca derogar la Ley 23.727 que fue sancionada a finales de los ochenta y autorizaba la instalación y uso de sistemas para recepción de señales de radiodifusión provenientes de satélites artificiales para uso particular y sin fines de lucro. En el resto de los casos, quedaba todo bajo la órbita de la Ley de radiodifusión y la autorización de emisoras. Esta reforma tiene un destinatario explícito: starlink, la empresa de Elon Musk.

Por último, en el capítulo de desregulación económica aparecen dos secciones que buscan modificar la Ley 20.091 de entidades de seguros. Se le darían facilidades para abrir y cerrar sucursales, entre otros cambios. También en la última sección el capítulo se proponen cambios en la Ley 20.321, que es la ley orgánica de asociaciones mutuales. Se apunta a modificar un artículo vinculado con los esquemas de retenciones a los asociados.