El cambio climático y sus impactos ya están aquí y la realidad se impone ante quienes traten de negarlo. El 16 de diciembre Bahía Blanca atravesó una grave emergencia climática que ocasionó la muerte de trece personas, decenas de heridos y grandes daños a las viviendas e infraestructuras en toda la ciudad. El temporal, que se repitió en menor escala y con variaciones en otros puntos del país, volvió a dar cuenta de las graves consecuencias que pueden provocar los eventos meteorológicos asociados y agravados por el cambio climático.

Para poder tomar medidas preventivas y mitigar los efectos de eventos climáticos extremos como este, Argentina necesita contar con políticas que impulsen la protección ambiental y la acción climática. Estas políticas, que deben necesariamente estar acompañadas por un presupuesto que sea adecuado y que permita atender estas prioridades, son las que permitirán evitar la pérdida de vidas, los daños en la infraestructura, la afectación de servicios básicos y; en definitiva, garantizar el bienestar de las personas y los seres vivos.

En este contexto, el nuevo gobierno transformó al Ministerio de Ambiente en una subsecretaría. Si bien esta medida implica en sí misma un retroceso de carácter institucional, no es lo más preocupante: contar con un Ministerio no garantiza “per se” que puedan adoptarse mejores medidas y acciones para lograr la efectiva y plena protección del ambiente.

Lo que sí llama la atención es que esta nueva subsecretaría ha ido a recalar junto con las áreas de Turismo y Deportes en una única secretaría que agrupa las tres temáticas. Asociar lo ambiental a temas como el deporte y el turismo, no parece ser la decisión más adecuada para hacer frente a las problemáticas que hoy nos demanda la crisis climática, tanto a nivel local como global.

La agenda ambiental tiene que ser hoy más integral que nunca. La transición energética, la crisis climática y la protección de la biodiversidad son temas que están relacionados de forma estrecha y necesitan coordinación y voluntad política.

En este sentido debemos abordar de forma conjunta la conservación de la biodiversidad, la preservación de los hábitat naturales, el control de la contaminación y los impactos que producen las actividades productivas sobre el ambiente y la calidad de vida de la población. Al mismo tiempo que se necesita impulsar, promover y diseñar los procesos de transición energética hacia una economía baja en carbono para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por Argentina en el Acuerdo de París y evitar que el planeta se caliente por sobre el 1.5 °C.

Esto implica la necesidad de contar con un área ambiental que pueda atender una gestión gubernamental diversa, pero con gran capacidad de diálogo y articulación con sus principales interlocutores. Puntualmente, con las áreas de energía, aquellas vinculadas a la explotación de actividades de producción, extracción y explotación de los recursos naturales, (principalmente hidrocarburos, minerales y el agro), la protección de la biodiversidad y los temas sociales. Este último elemento no es menor: las personas en situación de vulnerabilidad son, como el caso de Bahía Blanca lo demuestra, quienes sufren de manera directa las consecuencias de los impactos ambientales y climáticos.

En este sentido, el diseño institucional que propone el nuevo gobierno nace fuera de época y a contramano de lo que sucede hoy en todo el mundo, sin dudas resultará un gran obstáculo para atender la multiplicidad de aspectos que conforman la compleja agenda ambiental.

Sin embargo y tal como sucedió este fin de semana con la emergencia climática, el gobierno deberá brindar respuestas a una realidad que tarde o temprano terminará por imponerse.

*Director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)