Días antes de asumir su cargo, el gobernador de la provincia de Jujuy, Carlos Sadir participó de una reunión con otros gobernadores de Juntos por el Cambio en Mendoza. Allí, señalaron su compromiso con el próximo gobierno para “aportar a la gobernabilidad de la República Argentina”.

Y Sadir parece haberse puesto manos a la obra, a la manera que desde 2015 definió Gerardo Morales: comandando y acelerando la persecución penal de dirigentes sociales, comunidades originarias, sindicatos y ahora también… tuiteros.

Un Ministerio Público Hiperactivo


En la última semana de diciembre el Ministerio Público de la Acusación (MPA) -órgano creado inconstitucionalmente en el año 2016 y constitucionalizado tras la reforma (in)constitucional del 2022- padeció una crisis de hiperactividad.

En pocos días emitió la elevación a juicio de imputados por las protestas contra la reforma, solicitó la imputación de los miembros de comunidades originarias de Purmamarca, la detención de la comisión directiva del SEOM por una causa en investigación e imputó a las familias de la comunidad originaria de Caspalá que defendieron su espacio público. Pero además, dio un nuevo batacazo: avanzó deteniendo e imputando a dos usuarios de redes sociales cuyas publicaciones molestaron al ex gobernador Gerardo Morales.

Así, Sadir, el mejor alumno de Morales, inicia su mandato al estilo Morales. Repartiendo cárcel para todos. ¿Cárcel o bala? Por ahora cárcel.

Crueldad inédita

Normando Álvarez García, Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos se refirió a la denuncia iniciada contra Nahuel Morandini y Roque Villegas, instando a la justicia a llegar hasta “las ultimas consecuencias” en la investigación de los actos “criminales” que se les imputan y que expresan una “crueldad inédita” contra la hija del ex gobernador. También Lourdes Navarro, presidenta del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género alertó sobre las penas gravísimas que fija el código para quienes supriman o alteren la identidad de otra persona. Para ambos funcionarios, los usuarios de redes hoy detenidos cometieron delitos gravísimos que violentan los derechos amparados en la ley 26.061

¿Qué hicieron Morandini y Villegas para ser detenidos, imputados y alojados en el penal n° 1 de la provincia de Jujuy?

Según pudieron conocer en la audiencia de imputación, están detenidos en el marco de la investigación de los delitos contemplados en el artículo 89, 138 y 139 del Código Penal, es decir por lesiones a la integridad de la hija del ex gobernador, por supresión y por alteración de la identidad de la menor.

Las pruebas en que se basó el Fiscal Walter Rondón para solicitar la imputación fueron los tuits de Morandini y un flyer compartido en Facebook por Villegas, haciéndose eco de versiones que circulaban masivamente en las redes y hasta en diarios digitales sobre la situación marital del ex gobernador. Además de solicitar la imputación de graves delitos, Rondón solicitó la prisión preventiva por 60 días para ambos.

La defensa de Morandini, invocando también la protección de los derechos garantizados para niñas y niños, solicitó que se cumpla en el domicilio, a fin de resguardar a sus hijas. Pero el juez Roberto Darío Assef denegó el pedido. Fueron trasladados a la Unidad Penal N° 1, pese a que lo habitual es que se cumpla en comisarías cercanas a los domicilios de los imputados. Hay hijas e hijas. No todas tienen la misma protección de la justicia y de los funcionarios del ejecutivo.

Las figuras de supresión de identidad que les atribuyen (artículos 138 y 139 del Código Penal) fueron creadas como consecuencia de los delitos de apropiación de bebes cometidos en la última dictadura militar. Argentina fue el primer país en inaugurar la apropiación de bebés como forma de tortura y persecución política. A raíz de este perverso antecedente, impulsó la protección de la identidad de niños y niñas en la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de allí el artículo 8 de la convención se conoce como el “artículo argentino”. La aplicación de esta figura penal en este caso no solo es inaudita sino que banaliza una figura que se aplica en las causas de lesa humanidad.

La defensa considera que el caso debió tratarse en el ámbito civil y no en el penal. No niegan que meterse en la vida íntima de las personas puede provocar un daño, pero de ninguna manera para tratarse en el fuero penal.

Al encuadrar la denuncia en el fuero penal, el fiscal considera que Morandini y Villegas tuvieron la intención de cometer un delito contra la niña al compartir tuits o publicaciones de facebook.

Si uno recorre la actividad de las redes con relación a este tema se advierte un ánimo popular contra la figura del ex gobernador. Más allá de la actividad de los conocidos “trolls”, gran cantidad de personas se hicieron eco de la situación de aparente infidelidad, dando muestras de una gran inventiva. El foco de las burlas nunca fue la niña, ni su madre. Claramente el ánimo respecto al ex gobernador es adverso. No hace falta mucha imaginación para saber por qué.

El caso de Morandini y Villegas se hizo tendencia en twitter bajo el hashtag presosportuitear. Pero si ampliamos el foco vemos que su caso representa la extensión de la política represiva que inauguró Morales. Primero fueron los dirigentes de la Tupac Amaru, luego todos los dirigentes de las organizaciones sociales, los sindicatos, los docentes, las comunidades originarias, ahora los usuarios de redes. Nadie está exento de ser un delincuente en Jujuy. Como lo señalaban en 2016 referentes de organismos de derechos humanos: en Jujuy todos estamos en libertad condicional.

Gabriela Alejandra Karasik es Antropóloga, docente de la Universidad Nacional de Jujuy, investigadora del Conicet y directora de Estudios del Sur andino.