Una de las primeras lecciones que se aprenden al estudiar economía es su pertenencia a las ciencias sociales. Por lo tanto, el hecho de que sus modelos económicos, teorías y andamiaje conceptual responden y representan a economistas o sectores de la sociedad que no son neutrales y que ante los problemas económicos y sociales toman decisiones dependiendo de sus intereses, creencias y posición en la tenencia de medios de producción.

Plantear que hay un solo camino o modelo a seguir por nuestra sociedad, deconstruyendo o dinamitando todo lo existente hasta el presente, es un dogma que coquetea con una posición autoritaria, advertida en la pretensión de modificar desde el Poder Ejecutivo aspectos que constitucionalmente deben ser modificados por el Poder Legislativo.

Las religiones profesan desde su única y absoluta verdad, desestimando y negando las ideas que no comulgan con su visión del mundo. Para el Presidente, existe un único y obligatorio camino económico que debemos adoptar todas las argentinas y argentinos: el modelo liberal en su versión más absoluta, radical y extrema, el cual ya ha sido aplicado en la historia económica nacional, generando más perjuicios que beneficios.

Los demás modelos del pensamiento económico mundial quedan “afuera” de ser consideradas, aun en sus más virtuosas expresiones “exitosamente” aplicadas en los países “libres” y desarrollados, como el modelo Keynesiano.

Esas sociedades han propiciado la utilización de las herramientas regulatorias del Estado para redistribuir y propiciar su desarrollo nacional y en donde el sector público produce bienes y servicios. Basta con revisar la participación en la toma de decisiones estratégicas que tienen los gobiernos de Francia, Alemania y España, por ejemplo. Allí se conjugan diversas visiones del pensamiento económico con una visión estratégica, reguladora y social del Estado con la iniciativa y eficacia privada.

Privilegios y necesidades básicas

El gobierno argumenta que las personas, las organizaciones sociales y la sociedad en general que marchan y expresan públicamente su desacuerdo con las medidas que incluye el decreto presidencial de “necesidad y urgencia” número 70 del año 2023 y otras reformas anunciadas, lo hacen porque ven perjudicados sus “privilegios”.

Una significativa parte de la sociedad expresa en el ámbito público su descontento y rechazo por el agravamiento de sus condiciones de vida. A esto se suma la expectativa de que el deterioro sea mayor en los meses o años venideros, teniendo en cuenta los anuncios presidenciales.

Liberar los precios del transporte que es utilizado por los sectores populares para desplazarse hacia sus centros de trabajo, así como también eliminar subsidios a servicios esenciales como la energía eléctrica, el gas y el agua impactan de forma muy regresiva sobre la mayoría de la población.

Los precios de estos bienes y servicios públicos crecerán desde un 50 por ciento hasta un 300 por ciento o más. Con estos aumentos y los que se prevén para los meses posteriores, los gastos en estos servicios van a requerir de una mayor parte de los ingresos o salarios de las personas trabajadoras. Los aumentos de sueldos serán inferiores a las subas de los precios fundamentales de la economía.

Entonces, cuando la ciudadanía protesta pacífica y democráticamente no lo hace porque haya perdido privilegios sino porque las medidas anunciadas por el actual gobierno les deteriora sustancial y gravemente su calidad de vida, favoreciendo sin embargo los niveles de rentabilidad y ganancias de las empresas. El Estado regula, pero a favor del empresariado más concentrado y en despropósito de las personas comunes y trabajadoras.

* Docente en la UBA y en UNQ en Economía y en Impuestos