El 2023 significó un año más de desafíos para los pueblos indígenas latinoamericanos. Además de los problemas estructurales derivados de la marginación, pobreza y acceso a derechos, se ha intensificado la violencia en contra de sus territorios, comunidades y, particularmente, contra sus defensores.

Este año, en Mongabay Latam hemos investigado y documentado la presencia de industrias extractivas y actividades ilícitas en territorios indígenas a lo largo y ancho de la región: petroleras, minería, tala, ganadería y cultivos del crimen organizado se disputan el control de estos espacios, colocando a los pueblos indígenas en una situación crítica.

A pesar del peligro y los riesgos que implica hacerle frente a estos intereses, varias comunidades han demostrado, una vez más, que a través de la organización es posible proteger a la naturaleza. Por eso, este año también surgieron propuestas y proyectos desde los territorios que reavivan la esperanza en temas como la conservación de las especies, la recuperación del agua y la protección de los bosques.

Particularmente, las mujeres indígenas han demostrado que sin su trabajo, muy probablemente, los bosques que hoy conocemos en el planeta no serían los mismos. Sus acciones han sido fundamentales para la defensa de los territorios, no sólo para el bienestar de sus pueblos, sino para la vida en el mundo. Con todo y los retos que implica una tarea de tal magnitud, las mujeres indígenas no se han rendido y, por el contrario, han construido redes de autocuidado para ellas y sus familias. Han enseñado a sus hijas e hijos que, sin la naturaleza, no hay futuro.

Este es un recuento de la cobertura que Mongabay Latam realizó durante el 2023 para documentar las experiencias de los pueblos indígenas frente a un panorama adverso.

Los riesgos para los defensores indígenas

La violencia, en sus múltiples manifestaciones, no ha dado tregua a los pueblos indígenas de la región. En México, al menos 93 personas defensoras del medio ambiente y el territorio han sido víctimas de desaparición desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 1 de agosto de 2023. De ellas, 62 pertenecen a un pueblo indígena. La mayoría son nahuas, aunque también hay yaquis, mixtecos, wixárikas, purépechas, zapotecas y rarámuris.

Estos datos forman parte de una investigación colaborativa, resultado de la alianza periodística entre Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos. El reportaje ofrece una dimensión de la creciente violencia que enfrentan quienes defienden los ríos, bosques, cerros y todo aquello que da vida a un territorio, y apunta que la desaparición se ha ejercido en México, especialmente, en los territorios donde hay presencia de minería, tala y crimen organizado. Además, en los últimos años, las agresiones también se han extendido hacia las familias y comunidades de los defensores, lo que ha provocado procesos de desplazamiento forzado y poblados que han quedado abandonados.

En entrevista con Mongabay Latam, Laura Furones —asesora de campañas para la organización Global Witness— sostuvo que la violencia de la desaparición cometida en contra de las personas defensoras del territorio, particularmente las indígenas y campesinas, busca instaurar el terror en sus luchas.

“En cierto modo es una violencia más perversa que un asesinato, porque la desaparición coloca a la persona en una especie de limbo y mantiene a las familias en vilo un día tras otro, en una incertidumbre sostenida en el tiempo. Esa es una forma de terror, con consecuencias muy fuertes para la familia de los defensores, pero también para una comunidad”, explicó la experta.

Los asesinatos de líderes indígenas continuaron como una terrible constante en el 2023. En países como Colombia, estos hechos han infundido terror en las comunidades indígenas, en donde la presencia de grupos armados ha transformado su forma de vida. La investigación especial titulada Los cuidadores del Amazonas que ahora deben ser cuidados narra los casos de cuatro resguardos indígenas y dos parques naturales por donde grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han extendido sus operaciones. Allí reclutan a los adolescentes y jóvenes de las comunidades indígenas, y ejercen un control del que pocos quieren hablar. La zona, ubicada en la frontera con Brasil, es considerada estratégica para el paso de cocaína y marihuana. Tal es el caso del Resguardo Curare Los Ingleses, en donde el asesinato del promotor de salud y líder indígena Custodio Yucuna, ocurrido en el mes de junio, causó dolor, conmoción y miedo en la comunidad y en la organización indígena en la que participaba.

Lo mismo ha ocurrido en Perú. El asesinato de líder indígena Quinto Inuma develó el nivel de amenaza que enfrentan defensores ambientales en las regiones amazónicas. El 29 de noviembre de este año, fue emboscado por hombres encapuchados que le dispararon varias veces y acabaron con su vida, en un contexto donde están presentes las invasiones, tráfico de tierras, el narcotráfico y la tala ilegal, actividades que él venía denunciando.

El asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz prendió nuevamente las alarmas en México. En la Sierra de Manantlán, el defensor del territorio primero fue desaparecido y, un día más tarde, localizado sin vida. El Estado mexicano no lo protegió. Fue asesinado a pesar de ser beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras del gobierno federal. Este hecho sucedió en un contexto donde la tala, la minería ilegal y el control del territorio por parte de grupos del narcotráfico son cosa de todos los días.

En Nicaragua, los asesinatos de defensores indígenas han sido múltiples. Uno de ellos ocurrió el 11 de marzo de 2023. La comunidad indígena mayangna Wilú, ubicada en la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera Bosawas, fue atacada por aproximadamente 60 personas no indígenas fuertemente armadas. El resultado fue el asesinato de cinco comuneros mayangna de entre 20 y 45 años de edad, dos más resultaron heridos y todas las casas —a excepción de la escuela y la iglesia de la comunidad— fueron incendiadas. Esta fue la tercera masacre ocurrida al interior de la reserva, un área protegida y amenazada por la deforestación y la minería ilegal de oro.

*Extracto del artículo de Mongabay Latam, publicado en DesInformémonos- periodismo de abajo

Para acceder a la nota completa: desinformemonos.org