La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un paro general nacional con movilización para este miércoles 24 de enero, a poco más de un mes de gobierno de Javier Milei, en contra del mega DNU desregulatorio del presidente y la Ley ómnibus presentada en el Parlamento. La marcha será desde las 12 del mediodía frente al Congreso de la Nación.

La medida de fuerza se decidió de forma unánime en el Comité Central Confederal de la central obrera y donde participaron las regionales de todo el país. Así, enero cerrará con una masiva movilización en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el proyecto de ley presentado en el Congreso, que esta semana comenzó su tratamiento parlamentario en comisiones de Diputados.

La CGT organiza su primer paro general en el día 45 del gobierno de Milei, superando el antecedente que tenía Fernando de la Rúa, cuyo gobierno enfrentó la primera huelga a los 77 días de haber asumido la presidencia. Esta marcha se da después de una multitudinaria congregación en las afueras de Tribunales el pasado 27 de diciembre impulsada por la CGT, las dos CTA, Unidad Piquetera, movimientos sociales y otras organizaciones de izquierda, que también se espera que participen este próximo 24 de enero.

Cómo funcionará el transporte el 24 de enero por la marcha de la CGT

Varios sindicatos anunciaron su adhesión a la medida de fuerza dispuesta por la CGT, entre ellas la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que nuclea distintos gremios como la Unión Ferroviaria, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Taxis, Camioneros, Dragado y Balizamiento, Vialidad, peajes y aeronáuticos. Por eso, los servicios de transporte terrestres y aéreos del país estarán afectados este 24 de enero.

No obstante, según informó la agencia Télam, la Confederación planteó la posibilidad de mantener disponible ese día un 30% del servicio de transporte público para que los trabajadores participen de la protesta frente al Congreso nacional.

Criminalización de la protesta social: qué dice el mega DNU y la Ley ómnibus sobre la huelga

Además de una serie de retrocesos en materia de derechos laborales, el mega DNU y la Ley Ómnibus establecen distintos instrumentos para avasallar el derecho a la huelga, garantizado a nivel internacional. El decreto, por ejemplo, establece que el bloqueo y toma del establecimiento laboral pasa a considerarse “injuria laboral grave”, en tanto, al quedar prohibidas estas acciones se penalizan las Asambleas y Congresos de organizaciones sindicales.

Además, se limita el derecho a huelga al establecer que los “servicios esenciales” –educación, salud, transporte y otra docena– tendrán la obligación de garantizar una cobertura de al menos el 75% de la prestación normal del servicio durante las medidas de fuerza. En el caso de los “servicios trascendentales” –periodismo, siderurgia, industria alimenticia, construcción, servicios bancarios y otros– ese porcentaje es del 50%.

Por su parte, la Ley Ómnibus criminaliza la protesta en las calles en general, al establecer duras sanciones para los manifestantes. Por ejemplo, se castiga con 3 meses a 2 años de prisión a quien "sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento” de los transportes por todos los medios o la provisión de servicios públicos.

A su vez, considera como “reunión o manifestación a la congregación intencional y temporal de 3 o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente".

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