Cárceles transformadas en oficinas del crimen, calles sometidas al terror de fusiles y granadas y un gobierno acorralado por el poder del narco. De ser uno de los países más pacíficos de Sudamérica, Ecuador pasó a convertirse en una nación sumida en la guerra por el botín de la droga, con una tasa de 46 asesinatos cada 100 mil habitantes en 2023, la más alta de su historia. El uso del dólar como moneda oficial facilita las transacciones ilegales y dificulta el rastreo de los fondos relacionados con actividades criminales. La participación de cárteles mexicanos, e incluso de la mafia albanesa, aumentan la complejidad de la situación.
"La reconfiguración del orden criminal y el desmantelamiento del Estado social son el caldo de cultivo para la explosión de la violencia en Ecuador", explica en diálogo con Página/12 Jorge Vicente Paladines, profesor de la Universidad Central del Ecuador. Carla Álvarez, licenciada y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica del Ecuador, coincide en el diagnóstico: "Un crecimiento de la criminalidad a nivel global, una sociedad sin trabajo, sin educación y con otras graves necesidades sociales, y un Estado débil para atender a la población y controlar la criminalidad generaron las condiciones propicias para vivir lo que ahora estamos viviendo".
Un eslabón de los carteles trasnacionales
La escalada de violencia protagonizada esta semana por las bandas del crimen organizado en Ecuador incluyó secuestros de policías, vehículos incendiados, explosiones y hasta el asalto armado a un canal de televisión en Guayaquil. Andrés Chiriboga, investigador del CELAG, explica a este diario que "los Acuerdos de Paz en Colombia y la salida de escena de las FARC provocaron que un sinnúmero de pequeños grupos armados que operan en Ecuador se disputen las conexiones con los grandes carteles del narcotráfico que envían cocaína hacia el norte del continente". Ecuador se convirtió según Chiriboga "un territorio clave para la cadena de transporte de droga de los carteles transnacionales".
Dentro de las cárceles los presos viven hacinados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó en 2022 que la población carcelaria era de 36.599 personas cuando la capacidad es de 30.169. "Las cárceles son los cuarteles de las organizaciones criminales, no ya los barrios", advierte Paladines. Los choques entre bandas dentro de los penales terminan en masacres que dejan más de 460 detenidos muertos desde 2021. Para Paladines, "contrario a lo que se cree, la sociedad es un reflejo de las cárceles contadas desde las masacres en Ecuador".
El aumento sostenido de la violencia
Los analistas estiman que este escenario de violencia extrema en Ecuador se intensificó durante el corto gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023). Su administración fue un tironeo constante entre el poder de la fuerza pública y las bandas criminales, donde los ataques con coches bomba, las balaceras y los secuestros dejaron de ser una sorpresa en las principales ciudades. Cada vez que estas estructuras delictivas quisieron amedrentar a los ecuatorianos, Lasso respondió con estados de excepción, operativos militares y toques de queda.
Noboa siguió el camino de Lasso pero fue más allá y prometió la instalación de "cárceles barcaza" sobre el mar, el fortalecimiento de la inteligencia y el control de las fronteras con drones y radares. Su último anuncio el jueves pasado fue la construcción de dos cárceles al estilo de las dispuestas por Nayib Nukele en El Salvador. Noboa salió vencedor de una carrera por la presidencia en la que fue asesinado el candidato Fernando Villavicencio, un síntoma de que Ecuador estaba tocando fondo como lo hizo su vecino Colombia en el siglo pasado.
Estado en retirada y gobierno débil
Esta profundización de las redes del narcotráfico y el crimen organizado, advierte Chiriboga, se combina en Ecuador con el aumento de la pobreza y la falta de oportunidades. "Frente a ello la respuesta de los últimos gobiernos fue continuar con el debilitamiento del Estado. Los últimos gobiernos no supieron dar ni la más mínima solución a la situación de violencia e inseguridad que atraviesa el país. En su afán de liberar más la economía para facilitar la salida de capitales de la banca y las élites, profundizan a Ecuador, un país dolarizado, como un centro de lavado de dinero para el narcotráfico", sostiene el sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
En su primera gran crisis desde su llegada al poder en noviembre pasado, Noboa declaró al país en "conflicto armado interno" y ordenó a las Fuerzas Armadas "ejecutar operaciones bajo el derecho internacional humanitario". Esto para Paladines es una grave irresponsabilidad jurídica y política. "Esto supone que los grupos criminales dominan ya el territorio. Y esto no me queda claro, porque en territorios puedes ver criminales pero también ves escuelas, dispensarios médicos, unidades de policía. El gobierno tenía entonces la certeza de que ya las organizaciones criminales dominan territorios donde no entra el Estado y tendría el derecho de bombardearlos", explica el autor de "Matar y dejar matar: las masacres carcelarias y la (des)estructuración social del Ecuador".
Chiriboga agrega la preocupación del uso que Noboa da al conflicto armado interno para justificar medidas económicas como el aumento del impuesto al valor agregado (del 12 al 15 por ciento) como un mecanismo de financiamiento para la guerra contra las bandas. "Esto, además de ser uno de los grandes temas pendientes de las reformas neoliberales de los últimos años, pone el costo del financiamiento en la mayoría de la población que ya la pasa mal en términos económicos", afirma el investigador del CELAG.
Estados Unidos dice presente
En medio de esta crisis inédita metió la cola Estados Unidos, que anunció que enviará a Ecuador a la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, y a altos cargos antinarcóticos y diplomáticos para "mantener una estrecha colaboración, incluyendo la lucha contra las organizaciones criminales". Pero Álvarez reconoce que la ayuda estadounidense, con los mismos fines en otros países, no ha dado resultados positivos.
"Ni el Plan Mérida en México ni el Plan Colombia en Colombia (con 7 bases militares) redujeron el narcotráfico ni la violencia. De hecho ambos países tienen una tasa de muertes violentas que bordea los 26 cada 100 mil habitantes, Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo, mientras México es un auténtico dolor de cabeza para Estados Unidos. Estos planes abrieron la puerta para implementar una serie de acciones que sin cambiar nada en el campo de la criminalidad mantienen a los países alineados con los intereses norteamericanos", explica la experta en seguridad.
Lleno de escepticismo, Paladines se pregunta: "Si Estados Unidos va a cooperar luego de la declaración de guerra interna del presidente Noboa, ¿será que va a acoger a los refugiados de esa guerra dentro de su territorio? Pues no. Lo que plantea Estados Unidos es insistentemente repetir lo mismo. La fracasada estrategia militarista que no ha funcionado, que no le funcionó ni siquiera en Afganistán".
