Página/12 en Perú
Desde Lima
Trece meses después que Pedro Castillo fuese destituido y encarcelado ante su fallido intento de cerrar el Congreso, la fiscalía ha pedido 34 años de prisión para el expresidente. Lo acusa por rebelión. Además se le imputa abuso de autoridad y perturbar la tranquilidad pública. En entrevista con Página/12, el abogado argentino Guido Croxatto --quien comparte con Eugenio Zaffaroni la defensa internacional de Castillo-- responde a la acusación fiscal contra el exmandatario y revela las acciones que van a tomar. “Castillo está firme”, dice Croxatto.
--¿Cuál es la estrategia de la defensa de Castillo para rebatir la acusación fiscal?
--Los hechos pueden parecer delito mediáticamente, pero el derecho es riguroso en la subsunción normativa, en términos jurídicos y penales los delitos se tienen que configurar con precisión. Y de acuerdo al Código Penal peruano, no se configura delito. Se le imputa a Castillo rebelión, pero en el Código Penal peruano para que haya delito de rebelión tiene que haber levantamiento en armas, y aquí no hubo levantamiento en armas. Solo hubo un discurso de Castillo que no se concretó en hechos, y si no se concretó no hay delito de rebelión.
--¿Al no haberse concretado en acciones, el anuncio de Castillo de cerrar el Congreso es entonces un delito de tentativa de rebelión?
--Pero esa tentativa de rebelión no era idónea y el Código Penal peruano, a diferencia del argentino, exige que para que la tentativa de cualquier delito sea punible, debe ser idónea para el fin que se propone. Los militares y policías no obedecieron lo dicho por Castillo en su discurso, más bien todo lo contrario. Entonces, ese discurso no se podía llevar a la práctica, eso es lo que vuelve inidónea a la tentativa de rebelión. Y si no es idónea, no es punible.
--¿No hay responsabilidad penal de Castillo porque nadie obedeció su orden de cerrar el Congreso?
--Exactamente. El derecho es riguroso y como no hubo consecuencias concretas, no hubo ningún hecho en el cual esa intención se comience a materializar, entonces no hubo delito. En la cabeza de Castillo nunca estuvo un alzamiento en armas, un derramamiento de sangre. Creo que ni siquiera aspiraba a cerrar el Congreso. En ningún momento esperó respaldo de las fuerzas armadas o de la policía, por eso no hubo una coordinación. Sus ministros no sabían nada. Creo que él tenía plena consciencia que ese discurso iba a quedar nada más en un discurso. Eso puede ser difícil de entender, pero es así. Castillo me dijo: ‘yo me limité a llevar ante las cámaras un reclamo popular ante un Congreso corrupto que no me dejaba gobernar’.
--Pero no se limitó a eso, sino que dispuso cerrar el Congreso sin estar habilitado por la Constitución para hacerlo.
--Hay que separar lo político de lo penal. Cuando Castillo da ese discurso, el Congreso no lo dejaba gobernar, ni siquiera lo dejaba salir del país para cumplir funciones oficiales. Castillo fue una víctima de la extorsión del Congreso todos los días de su gobierno. A mí lo primero que me dijo fue: ‘compañero, el golpe de Estado comenzó el primer día de mi gobierno, nunca me dejaron gobernar’. Yo diría que la circunstancia era tan excepcional, que el Congreso extorsionaba tanto al presidente, que lo de Castillo fue una manera de defender un gobierno democrático de la extorsión del Congreso fujimorista, corrupto y racista. Si eso estuvo bien o mal, tendría que verse en un juicio político, no penal. Incluso si el discurso de Castillo fue incorrecto porque no respetaba las formas constitucionales, esa misma Constitución establece cuál es el mecanismo a seguir en ese caso, que es un juicio político por infracción constitucional, pero eso no se hizo. Castillo no tuvo un juicio político, fue destituido en forma exprés violando la Constitución y el reglamento del Congreso. Por eso su vacancia es ilegal, nula, más allá de si su discurso fue correcto o no. Como la vacancia es nula, lo que corresponde jurídicamente es restituir a Castillo en la presidencia, después se le puede hacer un juicio político conforme a derecho. Nosotros lo único que pedimos es que Castillo tenga un juicio político justo.
--¿Hay condiciones para que el juicio penal que se le va a iniciar a Castillo sea imparcial?
--No las hay. Hace un año lo tienen preso ilegalmente. No han encontrado un solo plan, ninguna organización para una rebelión, nada; lo único que hay es lo que Castillo leyó. Si uno ve los delitos cometidos por el fujimorismo y la lentitud para juzgarlos, se ve la doble vara en la justicia peruana.
--¿Qué acciones van a tomar a nivel internacional?
--Está la Corte Interamericana. Vamos a llevar el caso de Castillo hasta el final porque es inocente. Hay mucho interés por la situación de Castillo en el plano internacional, de los presidentes Bernardo Arévalo que acaba de asumir en Guatemala, de Gustavo Petro, de López Obrador, de Xiomara Castro, de Luis Arce. Me voy a reunir con ellos, vamos a explorar cuáles son las alternativas para que se renueve y fortalezca su apoyo a Castillo. En EE.UU. también hay mucho interés, que está creciendo. Muchas universidades de EE.UU. me están invitando para que exponga sobre el caso Castillo. En marzo voy a ir a Naciones Unidas en Ginebra para reunirme con todos los relatores de derechos humanos y llevarles una actualización del caso para que la ONU intervenga de una manera más decidida, porque lo que pasa en Perú es grave. Esperamos una exigencia mayor de los organismos internacionales al Estado peruano para que cumpla con la Constitución, respete los derechos civiles y políticos de Castillo y de sus electores.
