Caída la Ley Ómnibus, la principal medida vigente del gobierno de Javier Milei es el megadecreto que dictó el Presidente -ni bien asumió- para desregular la economía y reformar el Estado. La batalla contra lo dispuesto en el DNU 70/2023 se viene desarrollando en dos carriles, y en los dos la resistencia avanza. En el Congreso, donde el oficialismo continúa trabando el debate de la norma, los senadores de Unión por la Patria le volvieron a exigir a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, que "convoque a una sesión especial" para tratar el decreto. Y en los tribunales judiciales, dos fallos contrariaron en las últimas horas las aspiraciones "libertarias" de derogar la Ley de Tierras y desregular el ejercicio de la abogacía.
Senado
El bloque de Unión por la Patria viene presionando al oficialismo para que se trate el DNU, pero ni siquiera está conformada la Comisión Bicameral encargada de iniciar el trámite. Los senadores peronistas ya habían pedido sesionar la semana pasada para debatir la cuestión directamente en el recinto, pero la vicepresidenta hizo caso omiso y retrucó: "el kirchnerismo tiene que entender que hay un cambio de época" y que "ya no dictamina la agenda del Senado".
Ahora, los senadores de UxP volvieron a la carga. “Considerando que usted incumplió su obligación de citar a la sesión especial solicitada,
vulnerando el artículo 20 del reglamento interno de esta Honorable
Cámara, venimos nuevamente en los términos del artículo 19 del citado
reglamento, a exigirle que cite a una sesión especial a celebrarse el 15
de febrero, a las 14 horas, con el objeto de
considerar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70 del 20 de diciembre
de 2023”, dice la nota firmada por una veintena de senadores y dirigida a Villarruel.
Los legisladores le recordaron a la titular del Senado que la Bicameral que aún no se constituyó tenía diez días hábiles para expedirse desde el dictado del DNU y que, vencido ese plazo, las cámaras legislativas deben abocarse a tratar el decreto y resolver sobre su validez. "Considerando que todos los plazos establecidos por la Ley 26.122 se encuentran sobradamente vencidos, resulta imperioso que este Senado se aboque al inmediato tratamiento de oficio del decreto", concluyen José Mayans, Juliana Di Tullio, Martín Doñate, Juan Manzur, Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti y otros.
Ley de Tierras
El juez federal de La Plata Alberto Recondo concedió el recurso de apelación al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim-La Plata) en la causa iniciada por el organismo contra la derogación de la Ley de Tierras incluida en el DNU. De acuerdo con los abogados del Cecim, la apelación repone la medida cautelar que suspendía los efectos del decreto para con la Ley de Tierras.
Tras una medida cautelar resuelta por el juez Ernesto Kreplak durante la feria judicial, Recondo había revocado la decisión de su par alegando que el Cecim no había demostrado ser afectado por el DNU y, por lo tanto, no tenía entidad para litigar. El Cecim apeló mediante un recurso de los abogados Jerónimo Guerrero Iraola y Laurentina Alonso y el juez Recondo concedió el recurso. El expediente pasará ahora a revisión de la Cámara Federal de La Plata.
La Ley 26.737 establece límites a la extranjerización de tierras rurales y, con eso, a la entrega de recursos naturales de la Argentina a otros países, corporaciones y capitales desconocidos. Este viernes, el Cecim presentó ante la Justicia Federal platense un petitorio con 31.592 firmas que avalan el pedido de anulación del artículo 154 del decreto, un petitorio creado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y que lleva por título "Anulemos el artículo del DNU de Javier Milei que deroga la Ley de Tierras. "Existe una íntima vinculación entre la soberanía territorial, la soberanía alimentaria y la soberanía acuífera, con las obligaciones que el Estado detenta en materia de derechos económicos, sociales y culturales", sostuvo Pérez Esquivel en una nota que acompañó el petitorio.
Abogacía
Dos artículos del DNU que establecían la desregulación del ejercicio de la abogacía fueron suspendidos por una medida cautelar tomada por el juez en lo Contencioso Administrativo de Morón Marcelo Gradin. La demanda de "inconstitucionalidad" contra el decreto fue presentada por el Colegio de Abogados de Morón. En la presentación, el titular de esa entidad, Jorge Omar Frega, sostuvo que el DNU "trasgrede el modelo republicano de gobierno y el principio de división de poderes", además de violar las constituciones nacional y provincial y la ley que regula el ejercicio de la abogacía en el territorio bonaerense. El juez estimó la habilitación al Ejecutivo para realizar "la más amplia desregulación de los servicios" prevista por los artículos 2 y 3 del DNU, significaría concederle facultades para dictar nuevos decretos sobre ejercicio de la abogacía, liberando la matrícula, suprimiendo el régimen disciplinario y eliminando los Colegios Departamentales de Abogados, y modificando o derogando las normas arancelarias de orden público. Gradin advirtió que eso colisionaría con disposiciones de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
