La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvo que asistir este miércoles a los tribunales federales de Retiro para dar explicaciones sobre su protocolo antipiquetes en una audiencia convocada por el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de un habeas corpus que tramita a pedido de organizaciones de izquierda.
Bullrich arribó antes de las 11 al cuarto piso de Comodoro Py 2002, sede del juzgado de Casanello, y desde allí se dirigió a una sala de audiencias en el segundo piso del edificio, cedida para el trámite por la Cámara Federal porteña.
La audiencia comenzó poco después de las 11 y se extendió hasta pasado el mediodía con la participación del juez; de la fiscal del caso, Paloma Ochoa; de funcionarios del Ministerio de Seguridad y de los denunciantes, entre ellos la legisladora de izquierda de la Ciudad de Buenos Aires, Celeste Fierro.
En la audiencia, según informaron fuentes judiciales, la funcionaria defendió la legalidad de la aplicación del protocolo. Luego comenzó a analizarse el articulado del mismo, se habló del concepto de "flagrancia" y se respondieron preguntas del juez y la fiscal Ochoa.
Pasadas las 13.30, se dispuso un cuarto intermedio y se comunicó que se convocará a una nueva audiencia con fecha a definir por el juzgado, oportunidad en la que el juez y la fiscal seguirán con sus preguntas.
El protocolo antipiquetes
El protocolo antipiquetes comenzó a regir el 14 de diciembre pasado, durante la primera semana de Milei como presidente y de Bullrich como ministra de Seguridad.
Cuatro días después, el 18 de diciembre, la legisladora porteña de izquierda Celeste Fierro advirtió en una acción declarativa de inconstitucionalidad la violación al derecho de reunión, asociación, de peticionar ante las autoridades, de asociación y de libre expresión, entre otros derechos.
En enero, Fierro amplió la denuncia cuando la agrupación recibió una carta documento del Ministerio de Seguridad que pretendía hacerles pagar los gastos de los operativos policiales del 20 y 27 de diciembre por más de 62 millones de pesos en un caso y 40 millones en el otro, al igual que a otras fuerzas, sindicatos y organizaciones.
"Un paso muy positivo"
Este miércoles, antes de ingresar a la audiencia, la legisladora de izquierda ofreció una conferencia de prensa en la puerta de Tribunales, donde calificó como "muy positiva" la decisión de Casanello de llamar a las partes para escuchar sus posiciones, de manera previa a resolver el recurso de habeas corpus.
"Es un paso muy positivo que hoy estemos en esta audiencia, además de la resolución que sacó el martes pasado el juez Casanello, que si bien no suspende el protocolo ni lo declara inconstitucional, que ha sido el pedido en nuestra acción judicial, dice que tiene que adecuarse a derecho", expresó.
"(Bullrich) en este protocolo se arroga facultades y el juez deja en claro que las facultades para definir que es y qué no es un delito, se hace a través del Congreso, de las leyes y que interpretarlo es tarea de la Justicia y no del Poder Ejecutivo", agregó Ferro.
Y concluyó, frente a un grupo de manifestantes que se convocaron en la puerta de Tribunales: "Vamos a denunciar que este protocolo es una muestra del intento de este Gobierno de un cambio de régimen por uno más autoritario y totalitario que quiere avanzar directamente contra nuestros derechos".
