El “liberalismo autoritario” es un concepto enunciado por el economista socialdemócrata Hermann Heller en la década del ‘30 en Alemania en respuesta al discurso “Un Estado fuerte en una economía sana” de Carl Smichtt, que fue un prolegómeno al golpe contra las instituciones democráticas. En noviembre de 1932, ante un grupo de empresarios alemanes, Smichtt alababa la libre competencia y el capitalismo monopolista y condenaba lo que llamó el “Estado total” que interviene en los distintos aspectos de la vida económica y social, y debe negociar con los múltiples intereses que interactúan en las instituciones y que es, por ende, sensible a presiones, en particular de los sindicatos. 

"Solo un Estado fuerte puede deshacerse (con la motosierra) de lo que no es estatal" sostuvo Smichtt. Esto no significa que el Estado sea neutro en el sistema económico ya que, como lo demostraron los Estados totalitarios y los gobiernos de derecha en la actualidad, el liberalismo autoritario contemporáneo utiliza el Estado como apoyo fundamental y viabilizador de los negocios de los capitalistas y protege a los rentistas. La posición de Smichtt era un llamado a suprimir las tímidas reformas políticas y económicas que habían sido aplicadas en algunos países europeos como el derecho de huelga, el reconocimiento de los sindicatos, las AUH, las primeras jubilaciones y la disminución de la jornada laboral etc. Hay que recordar que todavía en 1927 con una practica de lawfare fueron ejecutados en la silla eléctrica Sacco y Vanzetti dos militantes sindicalistas en los Estados Unidos.

Hermann Heller que fue el principal oponente teórico y político a Carl Smichtt le respondió, antes que este último adhiriera al régimen nazi en 1934, que dicho “liberalismo autoritario” es indulgente y tolerante con el capital y autoritario y represivo con el resto de la sociedad.

Michel Foucault consideraba que la vulgarización del uso del concepto en el mundo contemporáneo se debe a los neoliberales germanóphonos, en particular a von Hayeck uno de los principales referentes de dicha corriente, gran lector y admirador de las tesis de Schmitt. Recordemos que luego de su visita a la Argentina en 1977 donde se entrevistó con Videla y Galtieri, von Hayeck explicó que “en determinadas circunstancias podía ser necesario sacrificar la democracia cuando esta no podía garantizar la libertad (del accionar del capital)”.

El giro hacia la acentuación de las tendencias autoritarias en la conducción de la política económica en las democracias europeas contemporáneas y la aplicación del neoliberalismo autoritario, tuvo en Margaret Thatcher un potente instigador. Ella consideraba que las regulaciones del sistema capitalista entorpecían los resultados y el rendimiento financiero de los inversores. Thatcher sostuvo, como Milei, que los sectores acaudalados que detentan el poder en el sistema capitalista pedían una mayor rentabilidad para seguir invirtiendo y que esto se lograba limitando la regulaciones económicas e incrementando la “libertad del capital” liberando los “espíritus animales” como los llamaba Keynes.

Thatcher sostuvo que las medidas tales como la disminución del gasto público, las privatizaciones, la destrucción de reparticiones del Estado, y otras, harían que el Reino Unido recuperara el “lustre” que había tenido antaño. La represión brutal con la policía militar de la huelga de los mineros del carbón en 1985 que duró un año y la de los metalúrgicos pasó a la historia. Visto la situación desastrosa y el estado de la economía del Reino Unido nadie sostiene que su gestión en particular y la de los conservadores en general haya sido un éxito.

Economía de oferta

La gestión de las economías capitalistas con políticas económicas basadas en teorías, criterios y métodos anteriores a la crisis de los años ‘30 no ha dado los resultados que podían esperarse y en el caso del Reino Unido la aceleración de la decadencia de ese país que esto provocó es indiscutible. Recientemente el extravío económico conservador de la ex primer ministro Liz Truss llevó a que su propio partido la destituyera ipso facto.

La llamada economía de la oferta, en boga en los ’90, teoría casi olvidada después de la crisis financiera del 2008, la Gran Recesión, no era algo tremendamente difícil de comprender ya que proponía simplemente ignorar el rol de la demanda y por lo tanto el poder adquisitivo de los salarios en la definición de la política económica. Los neoliberales defienden “el mercado” como si solo existiera la oferta.

La posición de Milei, es en apariencia, la expresión de una testarudez y una intransigencia doctrinaria frente a la realidad. Pero no se trata ni de una obstinación ni de una terquedad principista sino que se busca favorecer a los sectores de altos ingresos y, en particular, a los propietarios del capital y a los rentistas. Esto puede ilustrarse en medidas como la reciente devaluación del peso respecto del dólar del 118,3 por ciento, el doble a la realizada por Macri cuatro años atrás (56 por ciento) que buscan instaurar la “realidad cambiaria” dando a los terratenientes una renta extra equivalente al valor de la devaluación. Esto provoca un incremento del precio del cereal y el encarecimiento del insumo utilizado para la fabricación de alimentos provoca un aumento de los precios y una caída del salario real de la mayoría de los argentinos.

La disminución y eliminación de los aranceles aduaneros que favorece a los países que subvencionan sus producciones con destino a la exportación son aplicados presuntamente para favorecer a los consumidores pero penalizan a los trabajadores y los empresarios lo que significa que con un argumento falaz se destruyen los puestos de trabajo y se crea una presión a la baja de los salarios acrecentando a la vez el desempleo. Joseph Stiglitz había señalado en su libro “El malestar de la globalización” que al cabo de 20 años quienes toman las decisiones de aplicar medidas económicas olvidan, o fingen olvidar, que muchas ya fueron aplicadas en el pasado y que fracasaron.

La política económica del neoliberalismo autoritario se basa en la retirada del Estado de la regulación de la economía, que valida las posiciones hegemónicas del capital monopolista que destruye toda competencia. Frente a la resistencia de los damnificados por dicha política se usa la represión policial. La privatización de los servicios públicos que son monopolios permite la aplicación de tarifas sin relación con los costos de producción. No hay ninguna doctrina que apoye esto ya que solo se busca transferir, en muchos casos regalar, al sector privado inmensos recursos y empresas del Estado. El caso de jubilaciones privadas AFJP es una ilustración transparente de cómo se regala un negocio que no supone ni siquiera una inversión previa.

El objetivo proclamado del liberalismo autoritario de disminuir del gasto público se materializa con la disminución directa de la intervención del Estado a través de su retiro de áreas estratégicas para la soberanía nacional como son el desarrollo de la investigación científica pura o aplicada, o la renuncia a sus responsabilidades en materia de la creación de redes de transporte, la salud, la educación, o la administración del uso del subsuelo, la higiene pública, la bromatología etc. “La libertad, ¡carajo!” no da derecho a intoxicar a los consumidores.

El resultado de disminuir la protección legal de los trabajadores contenida en la Constitución es eliminar los contrapoderes equilibrantes en las relaciones laborales entre los trabajadores y los empresarios. La disminución de las jubilaciones para disminuir los costos laborales para las empresas solo provocará la miseria de la tercera edad y una agravación de las injusticias sociales que se consolidan debido al poder de negociación del capital monopolista.

* Doctor en Ciencias Económicas de l’ Université de París. Autor de “La economía oligárquica de Macri”, Ediciones CICCUS Buenos Aires 2019. [email protected]