En la previa a una nueva sesión plenaria de la Convención Reformadora que tendrá lugar este jueves, distintos sectores ingresaron proyectos que buscan reformular aspectos claves de la Carta Magna. Los docentes públicos nucleados en Amsafé adelantaron que van por el reconocimiento de la educación como derecho social y la imposibilidad de transferir la Caja de Jubilaciones. En tanto, desde el Colegio de Magistrados de la provincia también presentaron sus propuestas en torno al capítulo judicial de la reforma, que abre un debate álgido sobre la autonomía del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa Penal. A las iniciativas sectoriales se sumó un pedido de Agustín Rossi para incorporar una cláusula que reafirme "la legítima e imprescriptible soberanía" sobre las Islas Malvinas. Los partidos de Unidos ya ingresaron sus propios proyectos de reforma, mientras que el peronismo y La Libertad Avanza aún trabajan en su redacción.

La Convención continúa con su agenda para reformar la Constitución. El martes la Comisión de Labor Parlamentaria definió una nueva sesión plenaria que se desarrollará este jueves desde las 18 horas, en la Legislatura provincial. Allí se rechazará la impugnación iniciada por Amalia Granata (Somos Vida y Libertad) contra el diploma de Alejandra "Locomotora" Oliveras, por una presunta incompatibilidad respecto a su domicilio. Mientras tanto, la dirigente del Frente de la Esperanza continúa internada en el Hospital Cullen sin avances en su cuadro clínico. Se descuenta que en los próximos días asumirá Verónica Colombo en su banca convencional.

Además se decidió prorrogar la audiencia pública anunciada para este viernes en el Concejo, con el objetivo de debatir distintos aspectos que forman parte de la agenda de la Comisión de Régimen Municipal. La postergación apunta a que se sume la mayor cantidad de organizaciones y entidades posibles. En principio se hará el 1º de agosto, mientras que este viernes la comisión sesionará de forma normal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.

En paralelo al rosqueo parlamentario, la ciudadanía se sumó al debate para reformar la Carta Magna. A la tarde de este miércoles, en la página oficial de la Convención Reformadora se habían cargado más de 150 documentos con propuestas para sumar al debate que se dará en cada una de las comisiones. La particularidad es que, de todo ese universo, apenas seis pertenecen a espacios políticos. Se trata de los proyectos presentados por los partidos que conforman Unidos, que el lunes hicieron su ingreso conjunto, pese a que en esta instancia decidieron presentar iniciativas separadas. Los textos corresponden al Partido Socialista, la Unión Cívica Radical, el PRO, el Partido Demócrata Progresista, UNO y Encuentro Republicano Federal. 

En tanto, el peronismo se encontraba avanzando en reuniones claves para unificar un texto, mientras que en La Libertad Avanza adelantaron que ingresarán su proyecto este jueves. Hay plazo hasta el 27 de julio.

Educación, derecho social

Este miércoles Amsafé movilizó a las puertas de la Legislatura para presentar dos proyectos que sientan la postura del gremio en torno a aspectos claves que se debatirán en la reforma. Uno de los puntos tiene que ver con la posibilidad de que se modifiquen los artículos 109 y 113, habilitados por la ley de necesidad de reforma, que refieren a temas educativos. En ese sentido, el gremio plantea el reconocimiento del sistema educativo como un derecho social, la defensa de Educación Sexual Integral (ESI) y la creación de un Consejo Provincial de Educación, como los puntos más destacados.

El segundo proyecto refiere en forma directa al artículo 21 donde se aborda el tema previsional, algo que en el sector genera preocupación. En ese punto, desde el gremio remarcaron la necesidad de declarar a la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial "de carácter intransferible a otras jurisdicciones nacionales o privadas". Además, establece el 82% móvil como el piso de las jubilaciones y remarca que todos los aumentos que perciban los trabajadores activos, deberán trasladarse de manera inmediata al sector pasivo.

"La educación no es un servicio ni una mercancía. No es algo que se puede comprar y se puede vender, sino que tiene que ser un derecho y tiene un responsable indelegable que es el Estado de la provincia con recursos para los estudiantes y para los trabajadores", remarcó Alonso en conferencia de prensa. "El sistema jubilatorio tiene que ser estatal, público, solidario y de reparto. Y la caja de jubilaciones es una caja que tiene dueños que son los aportantes. Por lo tanto, es una caja que tiene que ser intransferible. Y en la letra de la Constitución, debe decirlo claramente", añadió.

El capítulo judicial

El Colegio de Magistrados también busca hacer su aporte en lo que refiere al capítulo judicial. Las propuestas apuntan a tener una Corte Suprema de Justicia con siete miembros, paridad de género y representación regional; la constitucionalización de un Consejo de la Magistratura con participación del Poder Ejecutivo y Legislativo; y la creación de un Jurado de Enjuiciamiento con competencia para juzgar y remover a magistrados, fiscales y defensores.

La iniciativa impulsada desde el Colegio de Magistrados santafesinos también reconoce la autonomía del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo de un Fiscal General, y del Servicio Público de la Defensa Penal (SPDP) consagrándolos como un órgano "extrapoder". La propuesta apunta a que ambos organismos tengan independencia presupuestaria y administrativa de la Corte Suprema de Justicia. El debate ya genera un clima de tensión con el gremio de los trabajadores judiciales, que se pronunciaron en contra de su "salida" del Poder Judicial.

"De crearse la figura del extrapoder, en vez de fortalecerse la Autonomía Funcional y Autarquía Financiera de estos, las mismas se verán debilitadas para ser sometidas en el futuro al poder político de turno, o a una mayoría circunstancial que pondrá en peligro, el ejercicio de los derechos y garantías consagrados en la Constitución", señalaron desde el gremio judicial santafesino, por medio de un comunicado. "La Autonomía Funcional y la Autarquía Financiera, podrán estipularse con rango constitucional, sin perjuicio de que hoy en día dichos Ministerios ya las gozan por su ley de creación", se agrega.

Malvinas

La causa Malvinas también se mete en la discusión reformadora. Este miércoles Agustín "Chivo" Rossi presentó una iniciativa para que la Carta Magna provincial sume una cláusula "que reafirme la legítima e imprescriptible soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos e insulares". En esa línea, el dirigente remarcó su "compromiso histórico" con los excombatientes y la defensa de la soberanía: "Como ciudadano santafesino y como exministro de Defensa, vengo a plantear que la Cuestión Malvinas debe estar incluida en nuestra Carta Magna, siguiendo el espíritu de la Constitución Nacional de 1994".

Rossi aprovechó la presentación oficial en la Legislatura para referirse a la situación económica nacional, donde consideró que se empiezan a ver "los efectos más duros de la política del gobierno". También cuestionó el rumbo de la provincia, donde apuntó contra el gobernador Maximiliano Pullaro por el acompañamiento a la Ley Bases, que repercutió en el desmantelamiento de organismos como el Inti y el Inta. "Cada dirigente debe hacerse cargo de sus decisiones", criticó.