El abogado del  centro de excombatientes CECIM La Plata y magíster en Derechos humanos Jerónimo Guerrero Iraola cuestionó el editorial aparecido en el sitio web de La Nación en donde se critica la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de investigar torturas a exsoldados argentinos durante la guerra de Malvinas, en 1982. 

"Son los últimos estertores de una defensa corporativa de unas Fuerzas Armadas que se caen a pedazos", manifestó Guerrero Iraola en diálogo con AM750. 

La causa se inició en 2007 a partir de 22 denuncias recopiladas por el exsecretario de Derechos humanos de Corrientes Pablo Vassel. A esto se le sumó la denuncia de un excombatiente que se encontró en la ciudad de Mar del Plata con su torturador, quien, en un acto revictimizante, se ufanó de su accionar durante la guerra.

Al día de hoy la causa cuenta con más de 200 testimonios de las torturas sufridas por los soldados argentinos en el campo de batalla y centenares de militares enjuiciados, sin contar las cadenas de mando. Desde el CECIM de La Plata explicaron que, en dichos testimonios, hay víctimas tanto de tortura física como de tortura psicológica. 

"Estar en el campo de batalla viendo cómo torturan o estaquean a tu compañero de pozo, cómo lo picanean con teléfonos de campaña, frente a la inclemencia del clima, frente al fuego de una potencia extranjera, es una tortura en sí misma", argumentó Guerrero Iraola en Campana en 750.

Este es uno de los puntos que señala como incongruentes el editorial del diario que fundó Bartolomé Mitre. Con una larga tradición de columnas de opinión (casi siempre, anónimas) que cuestionan el avance judicial en causas por delitos de lesa humanidad, La Nación alega que el estaqueo "al subalterno" es una "modalidad del arresto ante la inexistencia en el terreno de un lugar donde mantener prisionero al infractor". 

Otro de los cuestionamientos del medio es la dilación en la presentación de las denuncias por parte de las víctimas, similar a las críticas que reciben las víctimas de violencia de género. 

Al respecto, Guerrero Iraola explicó que las propias Fuerzas Armadas hostigaron a los excombatientes para evitar que hablaran. "Esto no es una cuestión aleatoria, obedeció a una planificación diseñada e instrumentada por la dictadura que nosotros llamamos 'tecnologías de impunidad'", reveló el abogado, y explicó que en numerosos casos se amenazaba a las víctimas con sumarios o contra la integridad física de sus familias. 

Por último, se refirió a la acusación de La Nación de que la causa por torturas responde a "la política de persecución a las Fuerzas Armadas al servicio del tan sucio como pingüe negocio de las indemnizaciones instaurado por el kirchnerismo que urge revisar". 

"Mi compañera y yo no cobramos, no perseguimos ninguna finalidad económica y los excombatientes tampoco. Ya, a esta altura, con tanta vocación de denostar una causa tan justa, lo tomamos con una sonrisa", concluyó.