¿A qué le teme Javier Milei? ¿A la “e” para decir todes? ¿A una x o una @ para dar cuenta de un género no binario? ¿A nombrar en femenino cuando quien ocupa un cargo es una mujer? ¿O es otra bomba de humo para desviar la atención frente al crecimiento de la pobreza y el desempleo, la toma de más deuda, la inflación que no para y la crisis con las provincias? ¿O es que siempre necesita crear un enemigo público para mantenerse en el centro de la escena? Por la razón que sea, este martes el Gobierno, a través de su portavoz, anunció que “prohibirá” el lenguaje inclusivo en la administración pública. La decisión, agregó Manuel Adorni desde el atrio con el fondo del logo de la Casa Rosada, incluye “todo lo referido a la perspectiva de género”. Un Presidente que hizo de la libertad su principal slogan de campaña, pone entre sus prioridades negar desde la palabra la existencia de mujeres y diversidades. La decisión forma parte de la guerra cultural de la ultraderecha en la región contra la que dicen llamar “ideología de género”. Referentes del activismo feminista y LGBT*, la academia, la justicia y la política repudiaron el anuncio y explicaron que el reconocimiento del lenguaje inclusivo viene de la mano del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la identidad, contemplados en el plexo normativo del país. La cruzada libertaria va en contra de recomendaciones de Naciones Unidas.
En su habitual encuentro con la prensa, Adorni puntualizó que no se podrá usar más la “e” ni la “x” ni la “@” para nombrar a identidades no binaries en la administración pública. También dijo que se evitará en la redacción de documentos públicos “la innecesaria utilización” del género femenino. Y aclaró que no se trata solo de censurar el lenguaje que nombra a mujeres y diversidades sino que irán contra “la perspectiva de género”, aunque no aclaró cómo se traduciría la medida.
Diversidad y derechos, afuera
Rodrigo Morabito, juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, explicó las dificultades que podría traer la eliminación de la perspectiva de género en la Justicia. "Sin perspectiva de género podrían existir condenas injustas a mujeres que se defienden en episodios de violencia de género y exige a los jueces y juezas hacer un análisis probatorio profundo de la evidencia con esa perspectiva en cada caso en concreto", explicó el magistrado, y aclaró que "perspectiva de género es mucho más que lenguaje inclusivo. No se puede confundir perspectiva con lenguaje".
La perspectiva de género es una categoría analística que permite identificar la discriminación hacia mujeres y disidencias sexuales. Es una forma de análisis de la realidad para iluminar los sesgos. “Es una herramienta que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres son debido a construcciones culturales asignadas", concluyó Morabito.
Como anticipo, el viernes se conoció la resolución 124 firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri, que en la misma línea le declaró la guerra al “lenguaje inclusivo” y dispuso su prohibición en el ámbito de esa cartera, las Fuerzas Armadas y los organismo descentralizados bajo su órbita. Y anticipó sanciones para aquellas personas que no cumplan con la medida, aunque no aclaró que tipo de castigos se aplicarán. Lo llamativo es que durante la gestión anterior no se promovió el uso de terminologías como "generala", "sargenta", "soldada" o "caba" porque las mismas mujeres militares no las sentían propias como se detalla en esta nota.
Libertades fundamentales
El anuncio generó respuestas como la de Dora Barrancos, socióloga e historiadora feminista, que en diálogo con la radio AM 750 acusó al gobierno nacional de "falsos liberales, son fascistas". “De liberalismo tienen solo la comunión con el mercado. Impedir el lenguaje inclusivo es un retroceso en materia de libertades fundamentales", aseguró la académica feminista y recordó que esta prohibición atenta contra la aplicación de la Ley Micaela (sancionada por el Congreso) que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública.
"Hemos hecho un gran esfuerzo para incorporar la Ley Micaela. Yo estoy segura de que los Estados provinciales no van a terminar con esta normativa. Es antojadiza la posición del Gobierno nacional. Estamos al filo de lo dictatorial. Todos los días hay una novedad de retroceso de derechos", alertó Barrancos.
La decisión del Gobierno también atenta contra las tres posibilidades de inscripción registral del sexo previstas en el DNI: V, M y X , a los que corresponden pronombres masculino, femenino y no binario. “El lenguaje inclusivo lo garantiza y es parte del 'trato digno' que indica la ley de Identidad de Género”, advirtió a Página 12 la filósofa feminista Diana Maffía. En ese sentido, explicó que el masculino genérico no permite saber cuándo se refiere sólo al colectivo de los varones y cuándo al colectivo humano. “Eso no es gramática, se aprende con el uso del lenguaje”, indicó. Un ejemplo, apuntó, es Julieta Lanteri yendo a votar porque la Ley Sáenz Peña era universal, aunque por entonces las mujeres tenían vedado ese derecho. Otro caso, recordó, es el de una joven que se presentó a un aviso que pedía "empleados" para una cadena de heladerías y se enteró allí que era sólo para varones: ese hecho derivó en una demanda por discriminación que terminó un histórico fallo de la Corte Suprema contra Freddo.
“Las feministas venimos ocupándonos de la inscripción de las mujeres en el lenguaje hace más de 50 años. Hay muchas maneras de hacer inclusivo el lenguaje, no sólo la "e". De hecho, cuando la uso prefiero mantener la enunciación explícita del femenino (todos, todas y todos), porque nos costó mucho llegar a ese logro y porque como se ve, todo derecho puede ser eliminado de modo autoritario e ignorante de los derechos”, agregó Maffía.
El lenguaje inclusivo como opción
La irrupción del “todes” en el discurso público sobre todo en espacios urbanos, primero entre adolescentes y jóvenes y luego en la academia y otros ámbitos –a través de manuales con recomendaciones-- se fue gestando a partir del estallido feminista que trajo el surgimiento del movimiento Ni Una Menos en 2015. Pero no es obligatorio, es una opción.
Desde los feminismos, a partir de las décadas del ‘60 y ‘70 se empezaron a denunciar los sesgos machistas de la lengua española. Una argentina, Delia Suardíaz, fue pionera en la tarea. Y puso la lupa sobre los usos del lenguaje que invisibilizaban a las mujeres, las degradaba con definiciones sexistas, con sentidos peyorativos. Más recientemente, se dio una batalla lingüística para que la RAE admitiera el término “presidenta”, aunque todavía hay quienes --como Milei-- se resisten a adoptarlo.
Sara Pérez, doctora en Lingüística, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes y profesora en la UBA recordó que desde la campaña electoral, Javier Milei ha venido haciendo pública su oposición a los derechos sexuales y reproductivos, así como a la educación sexual integral. “El feminismo, las feministas, somos el enemigo, junto a la izquierda, los progresistas y quienes defienden la justicia social”, señaló. Y destacó que la la prohibición del lenguaje inclusivo y de la perspectiva de género por parte de su Gobierno se corresponde con su alineamiento respecto de las políticas que han venido desplegando las ultraderechas en la región.
Por ejemplo, durante la gestión de Jair Bolsonaro en Brasil unas 34 propuestas legislativas para prohibir y castigar el uso de lenguaje inclusivo en las escuelas se presentaron en 14 de los 27 estados de Brasil y en el Congreso federal. En Uruguay, las autoridades de la educación del gobierno del derechista Luis Lacalle Pou dispusieron en abril de 2022 que “el uso de lenguaje inclusivo deberá ajustarse a las reglas del idioma español”, excluyendo el uso de la “e”, la “x” y la @. Al mismo tiempo, un proyecto de ley presentado por una diputada del partido de extrema derecha Cabildo Abierto --que forma parte de la coalición gobernante en Uruguay-- busca imponer una prohibición efectiva del lenguaje inclusivo en todo el Estado. El texto fue acusado de plagio, pues es casi idéntico a otro presentado en Chile en 2021. Paraguay, por su parte, se convirtió en 2017 en el primer país del mundo en prohibir toda referencia al ‘género’ en la educación pública.
Violencia desatada
En junio 2022, en la ciudad de Buenos Aires, la entonces ministra de Educación Soledad Acuña también dispuso la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en escuelas, una medida “pionera” en el país que fue muy criticada por especialistas en lingüística y sindicatos docentes.
Todas estas iniciativas, señala la lingüista Pérez, apuntan a reforzar “un discurso que apela a la idea de un orden sexogenérico 'natural'”, que desconoce las desigualdades de género y que ha llegado a cuestionar la existencia de la violencia de género”.
Desde el Frente Orgullo y Lucha -–conformado por la CHA y 100% Diversidad y Derechos-- repudiaron el anuncio. La prohibición de la perspectiva de género y del uso del lenguaje inclusivo “agravará la violencia y el impacto del ajuste en las mujeres y diversidades”, advirtieron las organizaciones. Y consideraron que junto al cierre del INADI --dispuesto la semana anterior-- “afectan a personas violentadas en tanto la autoridad del Poder Ejecutivo Nacional le da carta blanca a la violencia racista, misógina y discriminatoria de todo tipo, algo que alcanza también a las personas con discapacidad”. De hecho es el propio Presidente Milei quien a través de su fervorosa actividad en la red X (ex Twitter) fomenta ese tipo de discursos e incurre él mismo en mensajes discriminatorios: Uno de los más comentados y repudiados en las últimas horas fue su reposteo a un meme que burlaba al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, colocándole un rostro con rasgos de una persona con síndrome de Down.
El lenguaje inclusivo no es un capricho argentino. En la web de Naciones Unidas se aclara que “dado que el lenguaje es uno de los factores clave que determinan las actitudes culturales y sociales, emplear un lenguaje inclusivo en cuanto al género es una forma sumamente importante de promover la igualdad de género y combatir los prejuicios de género”.
Consultada por este diario, Silvia Ramírez Gelbes, directora de la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, consideró que el Gobierno puede tomar decisiones acerca de cómo producir el discurso escrito, porque la escritura es relativamente controlable. En cambio, “no puede tomar decisiones acerca de cómo tiene que hablar la gente. La gente habla como habla, y ni siquiera siempre como quiere”. En esa línea recordó ejemplos de prohibiciones que no dieron ningún resultado. “Sobre todo desde la presidencia de Uriburu, en la Argentina, y durante varias décadas, se prohibió el uso del voseo: decir “tenés”, “vivís”, “comprás”, se lo tildaba de vulgar en la escuela y en los medios. Queda claro que esa prohibición no tuvo ningún efecto en la gente, que siguió usando los verbos así y también el pronombre vos”, precisó. La pregunta que se hizo es si detrás de esta decisión --que sube la apuesta y prohíbe el uso de la duplicación: “los científicos y las científicas”, con lo que no sabemos si se podrá escribir “señoras y señores”, cuando todos entendemos que “señores” alude solo a hombres-- es el motivo de enfocarse en temas menores y acaso irrelevantes per se (¿quién usa el inclusivo en la administración pública?), como para copar la agenda política y mediática, cuando hay otros temas verdaderamente más relevantes y urgentes.
Repudios en Twitter
Distintas voces se expresaron a través de la red X para rechazar el anuncio. Vilma Ibarra, exsecretaria Legal y Técnica de la Nación en la presidencia de Alberto Fernández, ironizó en su cuenta de la red social X que "si esta medida no logra que baje la inflación y mejoren los ingresos, yo ya no sé qué más pueden hacer". "Se dicen liberales y te prohíben (sí, prohíben) las formas de expresión que no les gustan. Bien facho", opinó.
Mónica Macha, diputada nacional de Unión por la Patria, aseguró que "a Milei no le molesta el lenguaje inclusivo, le molesta la libertad". "El reconocimiento del lenguaje inclusivo viene de la mano del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la identidad de género. Eso es lo que quieren prohibir", consideró la legisladora, que presidió la comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados.
Mientras tanto, la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala) expresó en redes sociales que el anuncio de eliminar el uso del lenguaje inclusivo de la administración publica "no sorprende de un gobierno que también elimina trabajo, alimento, educación, salud pública y soberanía".
Leandro Santoro, diputado de Unión por la Patria, también utilizó su cuenta de X y escribió: "Decir nosotres'está prohibido. Decir 'mogólico de mierda' es el estilo presidencial. Me parece perfecto que regulen el lenguaje, hablar bien no cuesta un carajo".
La reconocida escritora y actriz, Camila Sosa Villada, reflexionó que "el lenguaje es una de las cosas más antiguas del mundo. No se puede prohibir. Intentamos durante años prohibir las expresiones fascistas o nazis y siempre vuelven ¿Por qué creen que una prohibición detendría un juego con el lenguaje?".
La escritora Claudia Piñeiro compartió la noticia de la prohibición del lenguaje inclusivo en su cuenta de X e ironizó: "Ah, qué suerte que tienen capital simbólico para entregar ya que no pueden mostrar otras cosas. Siempre en lo importante", dijo sobre el Poder Ejecutivo.
