![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/Juan%20Carlos-Tizzianil.png?itok=DVuntxKv)
Desde Santa Fe
La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados resolvió ayer investigar la conducta del procurador general de la Corte Suprema Jorge Barraguirre, a quién 19 fiscales y defensores de primera y segunda instancia acusan por supuesto "mal desempeño", "abuso de poder", "tráfico de influencia" y "mal trato" y "acoso laboral", entre otros cargos. "Analizamos la admisibilidad de la denuncia y resolvimos abrir el procedimiento", confirmó a Rosario/12 el presidente de la comisión, Eduardo Di Pollina, jefe del bloque del Frente Progresista. Y adelantó que en quince días, el martes 7 de noviembre a la mañana, se convocará a los 19 denunciantes para que ratifiquen las imputaciones y las amplíen, sí así lo consideran. Mientras tanto, se agregará una segunda denuncia de otro funcionario del Poder Judicial que acusa a Barraguirre por "violencia laboral" y haber sufrido "maltratos y agresiones verbales al límite de la física" que obligaron a la Corte a trasladarlo a Tribunales. Luego, citará al procurador para que haga su descargo y cuando concluya "la averiguación de la verdad de los hechos", tomará "la decisión que corresponda", explicó Di Pollina. Una etapa en la que deberá decidir si forma causa y acusa a Barraguirre ante el Senado -que Diputados tiene que aprobar por dos tercios‑, o archiva las actuaciones, o las cajonea 90 días para que caduquen sin veredicto.
La investigación previa a Barraguirre se acordó por unanimidad en un plenario que reunió a cuatro diputados del oficialismo: Di Pollina, Joaquín Blanco, Verónica Benas y el radical Santiago Mascheroni y el macrista Rodrigo López Molina. La comisión está integrada también los peronistas Silvia Simoncini (que es la vice) y Roberto Mirabella, el ex vicegobernador Jorge Henn y Cesira Arcando, de Cambiemos.
"Vamos a investigar", prometió Di Pollina, quien dijo estar al tanto de la segunda denuncia contra Barraguirre por "violencia laboral", que se presentó esta semana. La firma otro funcionario del Poder Judicial, el abogado Raúl Ignacio Salvatierra, quien la radicó ante el defensor del Pueblo de la provincia, Raúl Lamberto, pero entregó copia a la Legislatura.
Ya en la denuncia de los 19 fiscales y defensores, el caso de Salvatierra abre el capítulo del "trato personal" del procurador de la Corte a sus "subordinados". Revela que el denunciante "fue objeto de maltrato y agresiones verbales -al límite de la física‑ por parte de Barraguirre. Debido a eso y bajo amenazas de un mal mayor" advertido por "otros funcionarios de la Procuración", el doctor Salvatierra "se puso a disposición de la Corte", que lo trasladó a otra oficina en Tribunales.
Rosario/12 informó que entre los denunciantes del procurador de la Corte sobresalen los fiscales de Cámara Miguel Angel Molinari, José Antonio Mántaras y Carlos Romero y el defensor general de Cámara Carlos María Morales.
Precisamente, en ese capítulo del trato a los "subordinados" se repasan otros hechos. "En el Consejo de Fiscales de Cámara -que se reunió en Venado Tuerto cuenta‑ en una abierta y obscena demostración de su inestable temperamento y con el fin de demostrar su desacuerdo", "Barraguirre se llevó las manos a sus genitales para dar a entender lo que significaban para él las opiniones del doctor Molinari".
"Una situación similar vivió" el mismo Molinari en otra discrepancia con Barraguirre, cuando éste "irrumpió en su despacho", "se violentó, amenazó con sancionarlo y nuevamente se agarró los genitales, mientras abandonaba la oficina". El "gesto fue observado con estupor por fiscales y empleados" que observaron la escena y testigos que la escucharon en el pasillo.
En otra reunión del Consejo de Fiscales celebrada en Santa Fe, el problema lo tuvo con Mántaras, cuando el fiscal de Cámara defendió la "eficiente labor" de sus colegas. Y generó una "irrespetuosa reacción" de Barraguirre, quien le exigió que "no lo contradiga" y cómo Mántaras seguía con su "disenso", lo llamó afuera del recinto y le exigió "que se retire de la reunión". Mántaras no la dejó pasar y dejó su constancia "en el acta del Consejo, que obra en la Procuración General de la Corte". Y es otra prueba.
