El gobernador Gustavo Sáenz firmó ayer el decreto de necesidad y urgencia N° 129, mediante el cual se establece que las personas extranjeras que pertenezcan a las categorías de residentes transitorios y precarios deban pagar un arancel para solventar los gastos que genera su atención sanitaria en los centros de salud provinciales. Esta medida no alcanza a las personas extranjeras con residencia permanente o temporaria.
El gobierno de Salta explicó que esa retribución podrá hacerse por sí mismos o a través de un seguro de salud. Y aseguró que con esta medida "se procura garantizar la solvencia del sistema de salud público salteño". De hecho, la medida había sido anunciada por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, y luego confirmada por el propio gobernador.
El DNU, que fue firmado por el gobernador y todos los ministros y la ministra del Ejecutivo Provincial, prevé por otro lado que la atención sanitaria a personas extranjeras en casos de urgencia o emergencia no podrá serles negada ni restringida, "toda vez que se trata de una cuestión humanitaria". El Estado provincial arbitrará con posterioridad los medios necesarios para percibir los gastos ocasionados.
Sobre las razones para tomar esta medida, el gobierno salteño destacó que la crisis económica que atraviesa el país afecta también a la provincia de Salta, que "ha sufrido una merma en su erario no sólo por el recorte de las transferencias nacionales sino también por la disminución de la recaudación producida por la propia crisis económica".
En este escenario "y ante la emergencia económica declarada tanto a nivel nacional como provincial, el alto índice inflacionario existente que encarece día a día los insumos, medicamentos y elementos necesarios para garantizar la atención sanitaria, resulta necesario adoptar medidas para racionalizar de manera eficiente los recursos con los que se cuenta", afirmó en la comunicación oficial en la que dio cuenta de la decisión.
Asimismo, también la justificó "en la particular posición geográfica de la provincia, que por limitar con tres países, de manera habitual y constante recibe una gran cantidad de personas extranjeras que solicitan atención sanitaria, habiéndoseles brindado hasta ahora un servicio de calidad y gratuito", aseguró la provincia. Y añadió que esta atención a personas extranjeras fue "en detrimento de los nacionales que muchas veces deben postergar su atención por el colapso del sistema".
En la misma línea contó que en países vecinos se llegan a organizar “tours sanitarios" que ofrecen atención en los hospitales del sistema público provincial salteño, que en muchos casos se requieren "tratamientos prolongados y de altos costos como así también cirugías, cesáreas, entre otros que no son circunstanciales sino programados". Y esto vuelve "imperioso brindar una solución normativa razonable y acorde a las premisas constitucionales y normativas aplicables en la materia, para proteger la sustentabilidad y funcionamiento adecuado del sistema de salud pública, todo ello frente a la problemática diaria que vive la provincia en sus centros asistenciales públicos".
La Ley Nacional Nº 25.871 de Migraciones prevé de acuerdo a su ingreso y permanencia en el país las personas extranjeras se agrupan en cuatro categorías de residentes: permanentes, temporarios, transitorios y precarios. El gobierno salteño estableció que "tanto a los residentes permanentes como a los temporarios se les brindará atención sanitaria en forma igualitaria a los nacionales". Y explicó que estas personas "contribuyen al erario público, mediante el pago de sus impuestos, que sostiene el sistema de salud público de la Provincia".
La autoridad de aplicación del DNU N° 129 será el Ministerio de Salud Pública de Salta, cartera que queda facultada a levar a cabo todas las acciones y dictar la normativa necesaria para su plena operatividad. Además, deberá fijar los aranceles de cada una de las prestaciones, y su actualización. También deberá informar esos aranceles a quienes lo requieran.
