El gobierno de Javier Milei concretó este jueves la audiencia pública destinada a presentar los lineamientos del nuevo esquema de subsidios al gas y la electricidad que comenzaría a regir en mayo. Los funcionarios dejaron en claro que el objetivo es reducir el gasto público focalizando la ayuda estatal exclusivamente en los sectores más vulnerables, pero incluso a esos sectores se les recortará la ayuda fijando topes de consumo que variarán según el mes y la región. La consecuencia será un encarecimiento de la energía para numerosos sectores de la población que en la actualidad continúan subsidiados.

La presentación inicial estuvo a cargo de la subsecretaria de Planeamiento Energético, Mariela Beljansky, quien cuestionó con dureza el esquema de subsidios vigente y dejó en claro que el objetivo es aplicar un duro recorte. “Los servicios de gas natural y energía eléctrica son financiados por el Estado nacional con fondos que deberían destinarse a otros fines. Hoy iniciaremos un nuevo camino para conseguir que el dinero disponible sirva para subsidiar a aquellas personas que se encuentran en situación vulnerable”, aseguró.

Luego comparó el consumo energético argentino con el del resto de América Latina para justificar por qué es necesario aplicar un recorte en los subsidios. “La experiencia internacional de América Latina y el Caribe indica que la energía constituye el segundo gasto corriente más significativo en los hogares”, sostuvo. “En el caso específico de Argentina el consumo per cápita en los hogares figura entre los más altos de la región. Sin embargo, a pesar de esta alta demanda, la proporción del gasto energético respecto a los ingresos totales de los hogares argentinos es uno de los más bajos en comparación con otros países de la región”, agregó.

Beljansky aseguró que esta diferencia entre Argentina y América Latina fue consecuencia de un esquema de subsidios que en el caso argentino favoreció un supuesto derroche. “Sin señales de precios, los usuarios gastaban sin hacer un uso responsable de un recurso del que no sabían su costo, pero que sí alguien pagaba. Actualmente, no hay duda alguna de que la canasta es infinitamente grande. Por lo cual el subsidio alcanza a los consumos indispensables y también a los consumos suntuosos o no eficientes o no responsables”, remarcó.

La funcionaria sostuvo que el nuevo esquema de subsidios estará asociado al poder adquisitivo de cada familia. “La nueva concepción del subsidio no se vincula con porcentajes determinados, sino que se establece en función de la capacidad de pago de los usuarios. De allí la necesidad de conocer los ingresos del grupo conviviente, registrados y no registrados, en base a determinadas presunciones construidas sobre las bases de información del propio Estado y proporcionadas por el solicitante del subsidio”, indicó sin mayores precisiones, sobre todo en lo que refiere a cómo obtendrán los datos de los ingresos no registrados.

Lo que sí está claro es que buscarán reducir los subsidios tomando en cuenta una serie de indicadores que servirán para suponer que un determinado usuario no necesita el beneficio y entonces excluirlo del registro. Por ejemplo, probablemente se queden sin subsidio quienes tengan un plan de medicina prepaga no vinculada a un empleo en relación de dependencia, quienes hayan viajado a países no limítrofes en los últimos cinco años, tengan un auto de menos de cinco años de antigüedad y/o posean consumos mensuales en tarjeta de crédito superiores a cinco salarios mínimos, lo que equivale a 900 mil pesos.

“A modo de ejemplo, que alguien tenga medicina prepaga no importa como una causa de exclusión sino solamente es un elemento adicional de presunción para la determinación de ingresos porque no resulta razonable que quienes pueden pagar los servicios de energía eléctrica y gas natural no lo hagan a su real costo”, sostuvo Beljansky.

Para los que queden dentro del registro se buscará además acotar el subsidio tomando en cuenta una canasta básica energética que será tomada como referencia y contemplará las necesidades indispensables de electricidad y gas en los hogares para cada mes del año según la cantidad de personas convivientes y su ubicación geográfica conforme al mapa de zonas bioambientales del país.

Por ejemplo, se considerará que un hogar con una o dos personas, en la zona bioambiental 3, que incluye al AMBA, debería poder abastecerse durante enero con 139 kWh de electricidad, pero durante junio esa cifra se reducirá a 116 kWh. Si esa canasta equivale a más del 10 por ciento del ingreso de ese hogar, entonces el Estado subsidiará el adicional por sobre ese porcentaje, pero no está claro aún de dónde obtendrá el Estado la información para poder determinar los ingresos de las personas convivientes en ese hogar.