Con un escrito de 154 páginas el gobernador Axel Kicillof se presentó ante la Corte Suprema de Justicia con una demanda contra el Estado nacional para pedir la declaración de inconstitucionalidad del decreto 192 de este año. Es el que derogó el Fofofi, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires que había sido creado en 2020 por el entonces Presidente Alberto Fernández con el objeto, dice el texto, de “contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas” del Estado bonaerense.
También pidió Kicillof una medida cautelar hasta que la Corte dicte la sentencia de fondo. La cautelar, que sería de cumplimiento inmediato, pide tres cosas:
- El pago de la deuda equivalente a los fondos no girados en noviembre y diciembre de 2023 y enero de 2024.
- La suspensión de los efectos del decreto 192.
- Que el Estado nacional “se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción de la asignación y distribución del Fofofi”.
“La finalidad declamada por el decreto 192 no es la real, sino terminar de empobrecer a la Provincia de Buenos Aires”, acusa.
“El Estado nacional ha sido arbitrario, discriminatorio, irrazonable e irrespetuoso con la Provincia de Buenos Aires”, cuestiona el escrito. Para colmo, el decreto invoca el DNU 70 del 20 de diciembre de 2023, todavía bajo análisis de constitucionalidad luego de varias presentaciones. De paso el escrito achaca inconstitucionalidad al DNU 70 porque no explica “qué situaciones de emergencia concreta ameritan el dictado de las medidas que propone”.
"Mediante una genérica invocación de emergencia se pretende modificar centenares de regulaciones con carácter permanente, la mayoría de las cuales no tienen ni las más remota posible relación con una hipotética situación de emergencia económica”, dice Kicillof. “Es evidente que el DNU pretende ser una base genérica de apropiación por parte del Poder Ejecutivo de competencias exclusivas y excluyentes del Honorable Congreso de la Nación, lo que resulta prohibido por nuestra Constitución Nacional”, sostiene.
Y luego invierte la carga de la emergencia: “Son las propias acciones del Poder Ejecutivo Nacional que, con el intempestivo, arbitrario e inconstitucional recorte de fondos que pertenecen a la provincia de Buenos Aires para entender las demandas de nuestros conciudadanos, están poniendo en crisis el sistema federal argentino, cuyo cuidado esa Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene el rol institucional de proveer”.
Las mismas razones para pedir la inconstitucional funcionan, en el escrito, para justificar una medida cautelar que frene el decreto 192 de inmediato. La "intempestividad", dice textualmente, "configura un inesperado, arbitrario e irrazonable cambio de circunstancias que toma por sorpresa a la Provincia de Buenos Aires, afectando gravemente la regularidad presupuestaria, toda vez que resulta imposible que la Provincia pueda compensar cualquier desfinanciamiento en un contexto donde, además, el Estado nacional ha suspendido 'de hecho' otras transferencias vinculadas a subsidios y programas nacionales", como en el caso de transporte, infraestructura y salarios docentes.
Impacto directo
La presentación se hace en la Corte no sólo por una cuestión de competencia, porque se trata de un diferendo entre una provincia y la Nación. También porque no es la primera vez que se presenta un conflicto de este tipo. El documento cita los casos de Santa Fe, San Luis, la misma Buenos Aires en dos oportunidades y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un caso. Todos los ejemplos citados se redujeron desde el 2008 e involucraron cuestiones de coparticipación federal de impuestos.
La presentación está firmada por Kicillof con el patrocinio letrado de Hernán Gómez, fiscal de Estado de la Provincia desde 2023. Al fiscal de Estado la corresponde intervenir en los litigios entre el distrito y otro Estado, el nacional incluido.
Un argumento central en el escrito para pedir que la Corte declare al decreto 192 como violatorio de la Constitución nacional es que “posee carácter directamente operativo”, dado que los efectos de la derogación del Fofofi “se producen de manera concreta y directa”. El planteo, entonces, no sería “ni hipotético ni conjetural, sino que tiene una absoluta actualidad, con consecuencias materiales además graves y preocupantes para el conjunto de los habitantes de la provincia”.
En un caso de Santiago del Estero la Corte falló que aunque no hubiera un daño consumado debía declarar la inconstitucionalidad para prevenir “las consecuencias de un acto en ciernes”. En el caso del Fofofi todo sería aún peor porque se suspendieron pagos en mora que son anteriores al dictado del decreto: los de 2023 y el de enero de 2024.
En la argumentación sobre los antecedentes, el escrito de Kicillof y Gómez insiste en un punto que el gobernador suele repetir casi a diario. Por una ley de 1988, cuando gobernaban Raúl Alfonsín en la Nación y Alejandro Armendáriz en la Provincia, Buenos Aires cedió más de 6 puntos de la coparticipación que venía recibiendo. “Tenía originalmente un plazo de dos años pero fue prorrogada provisoriamente por más de 30 años”, dice el texto. Y agrega que Buenos Aires recibe el 22 por ciento de los recursos coparticipables mientas que “concentra el 38,2 por ciento de la población, aporte el 35 por ciento del PBI nacional, el 42 por ciento de la población económicamente activa, el 50 por ciento del valor agregado industrial”. A la vez, representa “el 38 por ciento de la matrícula educativa, el 38 por ciento de las camas de terapia intensiva” y allí reside “casi el 58 por ciento de las personas pobres y el 61 por ciento de los indigentes”. Sin embargo, aporta “casi el 40 por ciento de los recursos coparticipables”.
El perjuicio a la Provincia
“La provincia de Buenos Aires es la jurisdicción más perjudicada por el régimen de coparticipación federal de impuestos”, dice el gobernador. Ejemplo: “en 2023 recibió $ 180 mil por habitante ($ 300 mil menos que el promedio del resto de las jurisdicciones)” y es la provincia con menor gasto por habitante del país.
“Resulta evidente que el régimen de coparticipación actual no refleja lo que la Constitución Nacional manda: garantizar igualdad de oportunidades y un grado equivalente de desarrollo y calidad de vida en todo el territorio nacional”, sostiene el documento.
Recuerda que en 2017 (gobierno de Mauricio Macri en la Nación y de María Eugenia Vidal en la Provincia, aunque el texto no los menciona) el Estado nacional, las provincias y la CABA firmaron el primero de varios consensos fiscales. Como la Provincia había perdido el Fondo del -conurbano Bonaerense (el que le permitió respirar a Eduardo Duhalde cuando era gobernador) los consensos establecieron compensaciones. El problema, dice el escrito, es que el Estado no fue actualizando las sumas compensatorias según inflación, cosa que se agravó cuando el Presidente Javier Milei prorrogó el presupuesto 2023 a pesar del salto de precios.
El Fofofi, creado en 2020, apuntó a sostener las finanzas provinciales, “primordialmente el pago de los salarios de su personal policial, de manera de sostener el servicio de seguridad”. El documento, de paso, dice que la tarea policial siempre es difícil, y algo “especialmente complejo en los tiempos que corren”.
La Provincia reclama una suma de once mil ciento sesenta y cuatro millones de pesos por noviembre de 2023, treinta y tres mil seiscientos setenta y seis millones con novecientos treinta y cuatro mil pesos de diciembre y casi cuarenta y cuatro mil millones de enero.
La falta de pago generó “graves perjuicios”, porque obligó a reducir “los recursos para la provisión y financiamiento de bienes y servicios públicos, en especial de aquellos cuya prestación requiere una acción continua e inmediata dada su condición de esenciales”.
En cambio, el decreto 192 según el gobernador no sólo es discriminatorio sino que “desconoce la deuda histórica pendiente en materia de seguridad, salud y educación”, y por eso viola la Constitución.
