La gestión de una provincia enorme y vasta como Santa Fe es por demás compleja. Pero hay cuatro puntos que son los que llegan directamente al corazón de sus habitantes: Educación, seguridad, salud y obras públicas. En Santa Fe no comenzaron las clases como hace once años consecutivos; la seguridad, no hace falta ahondar mucho, fue empeorando a niveles desconocidos y escalando incluso sobre la media nacional; la salud pública se fortaleció durante la pandemia, pero volvió a descender hacia contratos basura con gran parte de su personal y con menguas en su infraestructura, aunque mantiene el prestigio y el acuerdo social para sostenerla; las obras públicas fundamentales dependen de financiamiento nacional en su gran mayoría y, como es de público conocimiento, han sido cortadas de cuajo por el gobierno nacional.

Así como el exgobernador Omar Perotti tuvo a la pandemia y la sequía como principales contrapesos, el gobernador Maximiliano Pullaro tiene al presidente Javier Milei y la crisis económica. Abocado con enjundia a combatir el delito complejo, una de las principales demandas de los ciudadanos, el mandatario radical debe enfocarse ahora en buscar la manera de “vivir con lo nuestro” como decía el recordado economista Aldo Ferrer. El problema es que “lo nuestro” representa apenas el 40% de los recursos, el resto depende de los giros nacionales. La principal recaudación provincial está en Ingresos Brutos, un impuesto distorsivo, una especie de IVA santafesino. Sí, el sistema impositivo provincial es tan regresivo como el nacional.

El remanido argumento de la enorme cantidad de divisas que aporta Santa Fe en comparación con lo poco que recibe no es del todo real. El flujo multimillonario que parte desde aquí es comercio exterior, que es una clara competencia de la Nación salvo que se plantee alguna instancia separatista para el futuro. Además, no es un argumento muy federal que digamos porque la coparticipación está diseñada para el equilibrio. Las provincias más ricas sostienen a las más pobres y menos favorecidas mientras que la Nación, que tiene el sabo, eso sí, se aprovecha de todas por igual.

Pullaro no es el primer gobernador que “bardea” a los docentes en medio de una negociación paritaria. Lo han hecho todos los mandatarios desde que las escuelas fueron transferidas a las provincias (es el sentido del Fonid, el fondo nacional que compensa salarios docentes y que ahora Milei cortó). El problema radica en que los gremios docentes tienen mucho poder de negociación porque son los que pueden cerrar con llave las aulas y eso impacta directamente en la sociedad y en la imagen del gobierno. Por eso el Registro de la Propiedad puede estar cien días de paro sin que se enteren más que los escribanos y los que compran y venden inmuebles.

Pero no es sólo el gobierno provincial y la gestión libertaria, o la macrista que hizo un infierno de la vida de Roberto Baradel y su familia; Cristina Kirchner en su momento y Sergio Massa en campaña advirtieron que los paros docentes debían tener algún límite por lo que afectan. Pero esos debates en la Argentina de hoy son peligrosos porque la hendija que abren permiten que pase un elefante como el proyecto de declarar a la educación como servicio público esencial, por lo que ante una medida de fuerza los gremios tendrían que garantizar al menos el 70% de las escuelas funcionando.

El pacto

El presidente Javier Milei tiene a la política en un puño, porque su mismo ascenso meteórico al poder sólo puede ser explicado por la implosión del sistema político argentino. Con menos escándalo, casi un estallido como el del sistema de penta partidos en la Italia de los ‘90.

Pullaro está bajo esa misma dependencia como el resto de los gobernadores que ahora deben resolver cómo encaran el Pacto de Mayo: un acta de rendición que les propone firmar el presidente en Córdoba a libro cerrado. Palo y zanahoria para las provincias para justificar el rotundo cierre de la canilla que permitió llegar a la quimera del superávit fiscal.

Para el gobernador de Santa Fe la convocatoria lanzada por Milei en la apertura de sesiones del Congreso, al menos para afuera, es para resaltar. "Quiero destacar la convocatoria al diálogo y a un acuerdo nacional que realizó el presidente @JMilei. Es el tiempo de escucharnos con respeto, sin imposiciones. Todos tenemos la oportunidad de impulsar el cambio que los argentinos reclaman y necesitan", manifestó el gobernador santafesino en su cuenta de X.

Pullaro y otros gobernadores, ya sabían de la “sorpresa” que se había anunciado para el cierre del mensaje presidencial. El mandatario santafesino no puede, como los gobernadores peronistas, rechazar de plano el convite pero mantiene condiciones para la rúbrica como que el pacto no afecte intereses productivos de Santa Fe. En el resto de los puntos la gestión provincial se ufana de poder exhibir “cuentas prolijas” ante el gobierno nacional. En rigor, no hay en los diez puntos propuestos por Milei algo que pueda afectar directamente a la producción por que esa actividad y hasta la palabra misma, está borrada de la agenda nacional. Es el modelo económico el que afecta la producción con una recesión que ya empezó a destruir puestos de trabajo. Sólo hay que revisar las noticias de estos días en la región con los casos de Acindar, la carrocera Metalsur en Villa Gobernador Gálvez y las decenas de pequeñas pymes industriales que ya no pueden sostenerse por la caída en las ventas. Salvo que cuando se habla del “modelo industrial santafesino” sólo se refiera a la agroindustria y el biodiesel. 

¿Seguro, seguro?

Fue al menos sugestiva la secuencia de esta semana con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunciando desde Buenos Aires una "baja del 57% en los homicidios cometidos en Rosario en estos dos meses". Sobre todo porque contrastó con la mesura con la que su par provincial Pablo Cococcioni informaba de mejoras en lo números de la seguridad, sin dar cifras, y con la convicción de que "no podemos relajarnos". El funcionario provincial sabe que las buenas noticias en seguridad no existen o duran muy poco. Efectivamente, el sábado acribillaron dos micros que trasladaban personal penitenciario dejando a tres agentes heridos. Cococcioni no dudó en explicar que este era un vuelto por las duras condiciones que le están imponiendo a los presos de alto perfil en la cárceles.

Por otra parte, si bien la relación entre Pullaro y Bullrich no está quebrada, la ministra no baja a la provincia desde que empezó la guerra con los gobernadores. Pero sí su segundo en el ministerio, Federico Angelini , quien se encargó de hacer notar el escándalo de las armas plantadas por policías a una banda narco, pistolas que habían sido utilizadas en balaceras con amenazas al propio gobernador. "Hay que sanear a la policía santafesina", dijo Angelini conciente de que esa es una tarea que no puede hacer la Nación. Angelini no es amigo del gobierno provincial, es más no tiene inconvenientes en repetir públicamente que el gobierno de Pullaro parece "una reedición del Frente Progresista" en clara referencia al peso que tiene el PRO en la gestión de Unidos para Cambiar Santa Fe.