Con solemnidad y sin clima triunfalista, la Provincia de Buenos Aires comunicó que desde el Gobierno Nacional se decretó la vigencia de la Ley de Financiamiento Educativo para el 2024. De esta manera, se destrabó el primer paso administrativo para saber el monto que la Provincia deberá asignar al Fondo Educativo que luego se coparticipará a cada uno de los 135 municipios

A su vez, la primera noticia de giro de fondos fue que se depositó la primera cuota del programa Jornada Completa.

En los pasillos en la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) no hubo festejos. Respecto a la conformación del Fondo Educativo, el texto enviado por la cartera liderada por Alberto Sileoni aclara que hay que “esperar que el Ministerio de Capital Humano publique la Resolución que determinará el monto de los recursos coparticipables que la Provincia deberá afectar específicamente a Educación”.

En horas previas a la reunión con los gobernadores convocada por Javier Milei, la noticia de la publicación del DNU 231/2024 en el Boletín Oficial no se trata de más recursos desde la Nación hacia la provincia

Según explicaron desde la DGCyE a este medio, el decreto es un primer paso necesario para darle forma al Fondo Educativo. Lo que se decretó es la prórroga de la Ley de Financiamiento Educativo.

Ahora se espera el segundo paso, que consiste en la resolución donde la ministra Sandra Pettovello deberá calcular cuánto de la coparticipación que automáticamente le corresponde a la provincia debe ir destinada a educación. 

Es decir, no habrá más fondos, sino que simplemente se determinará la “afectación específica” de fondos coparticipables que deben destinarse a educación.

El monto que cada jurisdicción debe asignar, explicaron desde la cartera educativa provincial, deriva de la estimación del PBI nacional en valores nominales para 2024. Sobre ese valor, luego se determina el índice para cada provincia. En Buenos Aires, la asignación suele estar en torno al 33 por ciento, del cual el 16,14 por ciento constituirá el Fondo Educativo que se distribuye en los municipios.

Estos son los recursos que cada intendente podrá utilizar en infraestructura escolar, becas o insumos para las escuelas, por ejemplo.

La única responsabilidad nacional que, hasta el momento, fue depositada en las arcas provinciales es la primera de dos cuotas del Programa “Hacia la universalización de la Jornada Completo o Extendida” correspondiente a los pagos de enero y febrero de 2024.

Como bien estipula el texto publicado por la DGCyE, aún resta aguardar por el segundo pago y, además, contar con “la confirmación oficial de la continuidad del financiamiento, a partir del 1 de marzo de 2024, de los salarios brutos de docentes y equipos directivos que demanda la implementación de dicho Programa”.

La necesidad de esperar por más respuestas de parte del gobierno de Javier Milei incluyen a “la recuperación del Fondo de Incentivo Docente (FONID) como así también de las demás políticas educativas solventadas por el estado nacional: Infraestructura escolar, Conectar Igualdad, Educación Técnica, Formación Docente, Educación Sexual Integral, Evaluación e Información, entre otros”.

Acompañando a Kicillof en el acto de inauguración de la obra de ampliación de la Escuela Secundaria N°2 en el municipio de General La Madrid, Sileoni reiteró que la gestión continuará  defendiendo "inclaudicablemente la inversión del Estado para garantizar los derechos de más de cinco millones de estudiantes bonaerenses”.

Lo hizo al reiterar que el Gobierno nacional "ya recortó el FONID y más de mil obras en la provincia, muchas de ellas educativas". "Aquí la comunidad muestra lo que es el aprecio y el significado de la educación”, destacó. 

“Un avance producto de la insistencia”

En todo ese contexto, la visión del titular de Suteba, Roberto Baradel, contiene una carga victoriosa. “Esto es un avance producto de la insistencia de la demanda y la lucha de los docentes, y también por el reclamo de las y los ministros de educación y de los gobernadores en particular de Axel Kicillof que puso claramente las consecuencias de la falta de envío de fondos”, aseguró a Buenos Aires/12.

Para el dirigente que integra la conducción de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la carta firmada por todos los responsables de las carteras educativas provinciales fue uno de los ejes más importantes de presión contra el Gobierno Nacional. Un hecho que el propio Sileoni definió como “histórico” en una entrevista a este medio días atrás.

“Falta el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el de Conectividad”, aclara Baradel. “Nosotros no vamos a firmar una paritaria que no contenga el incentivo docente como parte del piso salarial”, agrega antes de la pregunta.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, el FONID equivale, aproximadamente, al 10 por ciento del salario de los más de 350 mil maestros y maestras que integran el sistema educativo bonaerense.

A principios del mes de febrero, Kicillof decidió hacerse cargo del pago del fondo con recursos provinciales, destinando cerca de 8.300 millones de pesos. Además, también abonó el componente salarial denominado Conectividad, lo que significó un giro de 6.200 millones de pesos.

Con este marco, este jueves CTERA llevó adelante una jornada de protesta frente al Congreso de la Nación, que incluyó una radio abierta con la presencia de varias diputadas y diputados “que presentaron un proyecto de ley con la continuidad del incentivo docente”, subraya Baradel.