Crawfish Rock es una comunidad negra de habla inglesa ubicada en la paradisiaca isla de Roatán en Honduras. En pleno mar Caribe, la isla está rodeada de agua cristalina, arena blanca y el segundo arrecife de coral más grande del mundo. 

Hace cuatro años los habitantes de esta pequeña comunidad despertaron con la llegada de Próspera, una de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) instaladas en el país centroamericano bajo la promesa de atraer inversiones, pero que en la práctica funcionan como Estados paralelos controlados por empresas privadas.

En este caso, se trata de una empresa estadounidense llamada Honduras Próspera LLC con sede en Delaware, Estados Unidos que se adhirió al régimen ZEDE y estableció a Próspera en la isla de Roatán y en el Puerto de Satuyé en la costa norte del país. Al menos dos de las empresas que se adhirieron al régimen de las ZEDE en Honduras tienen CEOs aliados a una red de libertarios occidentales: el CEO de Próspera, Erick Brimen, de origen venezolano y Massimo Mazzone, de origen italiano y CEO de la ZEDE Ciudad Morazán.

Una comunidad amenazada

Luisa Connor y Venessa Cárdenas, presidenta y vicepresidenta del patronato de Crawfish Rock, recuerdan con detalle el día en el que supieron que su comunidad estaba en peligro. En 2020, Cárdenas recibió un mensaje en su Whatsapp, era una compañera de trabajo que le contó que a pocos metros de la comunidad se estaba construyendo la ZEDE Próspera.

Aunque para 2020 el proyecto de la ZEDE Próspera estaba avanzado, los directivos todavía no habían informado a la comunidad que la ley orgánica de las ZEDE ratificada en 2013 les habilitaba a expropiar territorios, incluso si estaban habitados. 

Lo que parecía un simple proyecto turístico resultó ser una amenaza de expropiación a la tierra que sus familias habitaron durante generaciones. Las lideresas denuncian que no hubo una consulta previa, libre e informada como lo demanda el Convenio 169 de la OIT.

“Para nosotras fue algo nuevo, no sabíamos nada sobre las ZEDE. En la isla existen muchos proyectos turísticos, incluso comunidades cerradas donde sólo los que viven pueden entrar”, explica Venessa.

Tras conocer el riesgo que enfrentaba Crawfish Rock, rápidamente las lideresas comenzaron a estudiar la Ley ZEDE que ponía en riesgo a su comunidad. “Fue aterrorizador y estresante a la vez porque todas las autoridades a las que consultábamos sobre las ZEDE no sabían nada, especialmente sobre la expropiación. Nos decían que nadie nos podía expropiar, pero la ley decía que sí”, explicó Cárdenas.

La comunidad comenzó a organizarse en rechazo a las ZEDE. Según denunció Venessa, los directivos de Próspera enviaban cartas que en apariencia eran solicitudes para trabajar en la ZEDE pero que luego Próspera hacía pasar como cartas donde los habitantes de Crawfish Rock firmaban estar de acuerdo con la instalación de estas zonas especiales. También enviaban cartas en las que supuestamente la comunidad acepta a Próspera pero eran escritas por ellos en nombre de la comunidad, contó Cárdenas.

Las autoridades de Próspera les habían prometido a los jóvenes de la comunidad que iban a tener prioridad para los trabajos en la ZEDE pero según las lideresas no fue así. “Lo más triste es que todo esto fue al principio de la pandemia cuando todos los negocios estaban parados, nadie estaba trabajando y no había nada”, recordó Venessa.

Privatizar para controlar

Mientras las lideresas se mantenían firmes en la defensa de Crawfish Rock comenzaron a sufrir el amedrentamiento de Próspera. La comunidad organizó protestas en toda la isla, hubo caravanas y movilizaciones. El problema es que poco después hubo familias que denunciaron que les habían cortado el servicio de agua.

Cuando Próspera comenzó a instalarse cerca de Crawfish Rock ofrecieron ayuda pero sin revelar que estaban amparados por una ley que eventualmente les iba a permitir expropiar tierras habitadas. “Nosotros teníamos todo: pozo, tanque, bombas de agua, menos electricidad porque en la isla es carísima y además teníamos una deuda de unos dos mil dólares que no podíamos pagar. Entonces les pedimos ayuda. Pero en lugar de ayudarnos a pagar esa cuenta lo que hicieron fue privatizar el agua", denunció Cárdenas. En Próspera instalaron un tanque y tuberías y comenzaron a cobrar una mensualidad para conectarse al servicio.

Imagen: Movimiento contra las ZEDE y en defensa de la soberanía, X

Cárdenas contó que Próspera intentó privatizar la calle hacia la comunidad colocando seguridad privada en el principal acceso a Crawfish Rock alegando que había problemas de inseguridad. Sin embargo, los habitantes se opusieron a la medida y poco después los asaltos en la calle terminaron, contaron las lideresas.

Derogación de la Ley ZEDE y daños ambientales

Desde que asumió la presidencia, en enero de 2022, Xiomara Castro prometió enviar al Congreso un proyecto de ley para derogar la ley orgánica de las ZEDE. En abril de ese año el congreso hondureño derogó esta ley con unanimidad de votos. Todavía es necesario que los diputados ratifiquen la derogación de los artículos constitucionales de 2012 y 2013 que incorporan la figura de las ZEDE en la Constitución hondureña. Por eso, aunque en el país no se pueden crear nuevas ZEDE, las ya existentes continúan ampliándose.

“Después de la derogación de la ley lo que hicieron fue avanzar más rápido. Antes de la derogación no tenían la torre Duna (un edificio residencial de 14 pisos), después de derogar la ley comenzaron a trabajar día y noche. Avanzaron de forma exagerada, están destruyendo los cerros y talando árboles” denunció Luisa Connor.

El impacto ambiental fue inmediato. “Ahora nosotras sufrimos el daño de esa destrucción. Antes la comunidad no se inundaba, ahora sí. Cuando se inunda la tierra y el barro nos llegan hasta las rodillas. Ahora tenemos un serio problema con los zancudos (mosquitos), en la comunidad muchos empezaron a tener enfermedades en la piel, sufrimos cada vez más las temperaturas altas, todo esto porque ya casi no tenemos árboles. También destruyeron el hábitat de los animales”, observó la presidenta del patronato de la comunidad isleña.

Las lideresas denuncian que la ZEDE Próspera en ningún momento hizo un estudio ambiental para determinar hasta dónde podían talar árboles. “Ellos hacen lo que quieren, lo que les favorece a ellos nos destruye a nosotros”, puntualizó la lideresa.

Además, tras la derogación de la ley y su posible ratificación, los inversores de la ZEDE Próspera demandaron al Estado de Honduras por cerca de 11 mil millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial por daños a las inversiones. Sin embargo, el gobierno de Xiomara Castro anunció que este año se va a desvincular de la CIADI. 

¿Qué son las ZEDE?

Según Andrea Nuila Herrmannsdörfer, jurista internacional que durante años investigó las implicaciones legales de las ZEDE en el derecho internacional público, las ZEDE son un tipo de zonas económicas especiales dentro de las cuales existe desregulación fiscal y privilegios para las empresas. Esto ocurre junto al éxodo del Estado en cuanto autonomía y no sólo autonomía fiscal sino también autonomía administrativa, ejecutiva, judicial y legislativa. Nuila define a las ZEDE como una jurisdicción privada, totalmente privatizada.

De acuerdo con Nuila, el principal riesgo es que deja de existir el Estado. No sólo se privatizan los servicios públicos sino que se privatiza la relación del ciudadano con el órgano que se encarga de gestionar la vida de las personas (el Estado) que en este caso pasa a ser una empresa. “Se privatiza el contrato social porque se vuelve un contrato de servicios y en esencia deja de existir la posibilidad de optar a un cargo de elección popular”, define. Por eso lo considera antidemocrático.

"No quieren que las comunidades se desarrollen"

El patronato de Crawfish Rock le pidió ayuda al gobierno Castro. En diciembre de 2023, quince ministros llegaron a Crawfish Rock para llevar cada uno un proyecto y donaciones para la comunidad. Fue un hecho inédito que no pasó desapercibido por los directivos de la ZEDE Próspera.

“Le dijeron a su gente que se preparen y organicen para pelear porque sino Próspera va a desaparecer y ellos no tendrían trabajo. Ellos juegan con la necesidad de la gente. Les hablan de perder el trabajo pero no les explican que por ese trabajo ellos pueden perder toda una comunidad”, precisó la presidenta del patronato de Crawfish Rock. En el intento de boicot la vicepresidenta del patronato Venessa Cárdenas salió herida. La coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, denunció a medios locales que la comunidad de Crawfish Rock está en peligro de desaparecer

Las lideresas explicaron que los directivos de Próspera intentaron boicotear la reunión de la comunidad con los ministros. “Ellos no quieren ver a las comunidades desarrollarse”, puntualiza Cárdenas. Denuncian, además, que Próspera busca dividir la comunidad y llevar adelante campañas mediáticas para desprestigiar a la presidenta del patronato. Para Venessa, este boicot dejó en evidencia el estrés mental y psicológico que sufre la comunidad ante la incertidumbre por el avance de la ZEDE Próspera.

A pesar de esto, Connor y Cárdenas siguen adelante. “Una de nuestras estrategias para defender la comunidad es conseguirle desarrollo, porque si la comunidad está desarrollada no va a hacer tan fácil dividirnos y expropiarnos”, precisó Connor.

“Si nosotros tenemos las necesidades básicas que son una buena escuela, centro de salud, casa de ancianos, buenas iglesias, van a pensarlo dos veces antes de tocarnos. Hemos estado olvidados como muchas comunidades de la isla. Aquí se pinta la isla de Roatán como todo de lujo, todo de ricos, pero no es así. Hay comunidades muy pobres”, añadió la presidenta del patronato de Crawfish Rock.